SANTIAGO.- El Gobierno, a través de la división jurídica del Ministerio del Interior, se querelló en contra de quienes resulten responsables por un eventual tráfico ilegal de migrantes haitianos.
Ahí es donde aparece como sospechosa la aerolínea Latin American Wings, más conocida como LAW, la cual comenzó a operar el año pasado en Chile y entre sus destinos tiene a Haití.
Entre los antecedentes que acompañan la acción del Ejecutivo presentada ante la Fiscalía Occidente se detalla que la empresa realizó 125 vuelos, en 122 de ellos ingresaron 13.924 personas de nacionalidad haitiana con visa turista y solo retornaron a Haití 200 personas.
Además, se asegura que en los ocho meses que lleva operativa LAW en Chile, aumentó en un 35% el número de haitianos sin residencia en el país, por lo que desde el Ministerio del Interior concluyen que la gran mayoría de los ciudadanos que ingresan por esa vía declarando ser turistas, en realidad lo hacen con el propósito de quedarse en el país.
La defensa de LAW
A través de un inserto publicado el domingo recién pasado en El Mercurio, la compañía negó el tráfico de inmigrantes haitianos y calificó de "temerarias" las acusaciones en su contra.
"La compañía manifiesta a sus clientes, y a la ciudadanía en general que niega enfáticamente cualquier participación o responsabilidad en hechos supuestamente ilegales", argumentó.
En el documento la empresa LAW aseguró que trabaja "con todas las autorizaciones del caso y con la documentación" y explica que quienes deben velar por la idoneidad de la salida de un territorio y del ingreso a otros son las autoridades migratorias de cada país y no una aerolínea en particular.
Además la línea aérea chilena presentó hoy una demanda en contra del jefe de la División Jurídica del Ministerio del Interior, Luis Correa Bluas y tres canales de televisión "por la divulgación de noticias o hechos falsos, los cuales han causado daños en la honra e imagen comercial y pública de la compañía".
En la acción señalaron que los demandados actuaron dolosa o negligentemente al difundir información "falsa que ha causado deshonra y descrédito a LAW".
De hecho, la empresa solicita en la demanda una indemnización de perjuicios que busca que todos los demandados sean condenados a pagar la suma de $2.000.000.000 (dos mil millones de pesos) por concepto de daño moral.
