SANTIAGO.- Se terminó la historia. El lunes el Tribunal de Garantía de Viña del Mar cerró la causa por presuntos delitos tributarios que habrían cometido los ex contralores de la Universidad del Mar, a cinco años de iniciada la investigación.
El fiscal de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Regional de Valparaíso, Claudio Reveco, señaló que "en razón del principio de objetividad, se adopta la decisión de no perseverar por no haberse reunido antecedentes suficientes para fundar con seriedad una acusación fiscal por estafa".
En tanto, los querellantes decidieron no hacer uso de la facultad que les otorga la ley para haber solicitado, en la misma audiencia, que se forzara la acusación, manteniendo la posibilidad de haber continuado con la acción penal por sus propios medios.
Así se cerró la última indagatoria por lucro en la educación chilena, liberando de todos los cargos a Mauricio Villaseñor, Sergio Vera y Héctor Zuñiga, los ex contralores de la Universidad del Mar.
Una de las razones de por qué la causa hacia los contralores terminó sin efecto es que no existe la tipificación penal que pueda criminalizar al lucro en educación superior. En consecuencia, no hay penas de cárcel o multas relacionadas a esta falta.
Inicio del caso
La indagatoria comenzó el año 2012. La U. del Mar, tras una serie de denuncias, comenzó a ser investigada cuando se destapó el caso de fraude en las acreditaciones y se reveló la crisis financiera de la institución, en medio de acusaciones de lucro a través del arriendo de sedes.
Ese mismo año, el Ministerio de Educación anunció el cierre del plantel al detectarse irregularidades que ponían "en riesgo la calidad y la continuidad del servicio educativo".
Las causales que finalmente se invocaron para el cierre, que se llevó a cabo el 28 de febrero del 2018 por el Mineduc y el Consejo Nacional de Educación (CNED), fueron el abandono del proyecto educativo, por no tener mecanismos mínimos para asegurar la calidad en sus sedes.
Además, se reveló que las acreditaciones que la U. del Mar consiguió, las hizo de manera irregular, a través del pago de sobornos al ex presidente de la CNA, Eugenio Díaz, quien fue formalizado al igual que el ex rector de la institución Héctor Zuñiga.
Asimismo, al plantel se le cuestionó la calidad de su enseñanza. En este sentido destaca el caso de la carrera de Medicina, la cual contaba con bajos requisitos de ingresos y una malla diferente a la de las demás casas de estudio. O la polémica falsa doctora que ejercía como jefa de la carrera de Enfermería, Tania González.
Reubicación
Posteriormente, la incertidumbre rondó el destino de los cerca de 12 mil alumnos de la universidad que llegó a ser la tercera más grande del país con sus cerca de 15 sedes a lo largo de Chile (Más tarde se acusó que su expansión fue desregulada).
Por ello, el Mineduc implementó un plan para reubicar a los estudiantes en otros planteles. El proceso, si bien no consiguió el traslado del 100% de los alumnos, según el Ejecutivo, permitió que más de siete mil jóvenes pudieran matricularse en otras 26 instituciones.
Pero la suerte de los estudiantes fue diversa. Algunos lograron reubicarse con éxito y egresar, mientras que un porcentaje importante desertó o no logró culminar sus estudios.
En estos cinco años, el cierre de la instución educativa que abrió sus puertas en la década de 1980 ha costado al fisco alrededor de $35 mil millones. Gran parte de dichos recursos ($19 mil millones) fue a una beca de reubicación que se creó especialmente para los jóvenes y que cubre el arancel de referencia de sus carreras, además de otros beneficios para su nivelación académica.
