SANTIAGO.- El fuego empezó la madrugada del 18 de mayo, pasadas las 3 de la mañana, y obligó a las 42 familias que habitaban esa casona antigua en Cienfuegos con Moneda a salir del recinto. Las llamas consumieron paredes y se llevaron consigo el acceso a luz y agua potable. Pero cuando se extinguieron, una a una las familias volvieron a ingresar. Allí se mantuvieron por casi dos meses. Hasta este miércoles.
"En este momento las cosas están un poco muy difíciles para nosotros, no encontramos todavía dónde ir", dijo
Kensel Toussaint, vocero de los residentes -de origen haitiano, como casi el 90% de quienes allí vivían-, mientras se llevaba a cabo el desalojo que erradicó a las últimas familias que seguían en la casona.
"Hay 14 personas todavía. Hay una embarazada que está aquí, porque su esposo no puede encontrar casa con ella. Cada vez que tienen algún lugar para arrendar, el dueño dice que no va a arrendarlo a personas embarazadas", contó. Allí vivían, también, ocho niños y niñas, seis bebés menores de seis meses, otras cuatro mujeres embarazadas y una madre que padece cáncer.
Todos comenzaron a preparar su salida cuando apareció el decreto de inhabilidad con desalojo, el pasado 6 de junio, "básicamente por dar seguridad a las familias que habitan este inmueble", aseguró el director de Desarrollo Comunitario (Dideco) de la Municipalidad de Santiago, Guillermo Soto.
"Esta es una propiedad privada donde se produce el fenómeno del subarriendo abusivo y estas familias vivían en condiciones infrahumanas. El incendio sólo agravó la situación original, con problemas serios de servicios básicos, de sistemas eléctricos y en permanente riesgo y peligro", añadió.
Desde el Proyecto Migramigos, que ha acompañado el proceso desde el incendio, aseguran que el plazo entre la notificación y el desalojo entregado por el municipio fue demasiado corto. Que los criterios internacionales sugieren un periodo de 90 días, una cifra casi tres veces mayor de lo que se tuvo.
Según el catastro de la municipalidad, 86 personas ya habían sido reubicadas y al momento del desalojo sólo quedaban cinco familias sin nuevo hogar, número que durante el día bajó a tres. "Después de 35 días no tenemos tiempo para esperar sólo a cinco familias", dijo Soto en el desalojo.
El desafío de arrendar
Nury Moraga llegó a la casona en Cienfuegos en septiembre de 2017. No firmó un contrato legal, pero pagó un mes de garantía y guardó los recibos de cada mensualidad. A diferencia de la mayor parte de las personas que habitaban el inmueble, ella es chilena. El problema para nacionales y extranjeros, revela, es que arrendar resulta esquivo.
"No hay arriendo para personas con niños, tampoco aceptan más de dos personas, ni para personas embarazadas (...) Por ser haitianos, mucha gente no les arrienda. Esa es la verdad de las cosas", cuenta. "Acá las condiciones básicas, si bien es cierto que no eran las más cómodas, eran mejores que estar durmiendo en la calle", añade.
"Esta es una propiedad privada donde se produce el fenómeno del subarriendo abusivo y estas familias vivían en condiciones infrahumanas. El incendio sólo agravó la situación original"
Guillermo Soto, director Dideco
En la casona vivía Tavilmond Cyrise, otro inmigrante de origen haitiano a quien en Chile llaman Antonio. Él alcanzó a trasladarse, pero a un lugar con peores condiciones. "Estuve tres o cuatro semanas buscando la pieza y no encontrábamos. Hay piezas que me dicen 'una persona' y yo tengo una familia de cuatro, no puedo dejar a mi familia botada", relata.
Antes de que lo desalojaran, pagaba $150 mil mensuales de arriendo. Por el mismo precio encontró otras piezas más pequeñas, donde no le cabía su cama. "Otras valen $300 mil y hay que pagar dos meses de garantía y (reunir) muchos papeles, no se puede", explica.
"Nos dijeron que si no salíamos nos iban a sacar con un operativo. Yo, con mi familia, con una niña, tengo miedo, pero tengo que salir. Encontramos una pieza chiquita, no tenemos dónde poner las cosas (...) La casona no estaba en buenas condiciones, porque estaba quemada, pero estaba mejor que donde estoy ahora", comenta.
Para Migramigos, la premura del municipio para desalojar el lugar llevó a que los residentes se trasladaran a "lugares mucho peores y mucho más caros".
Reubicarse
"La municipalidad se hizo presente y nada más que presente, porque toda la ayuda que ellos dijeron que iban a darle a la gente, especialmente a la comunidad haitiana, nunca llegó", denuncia Moraga.
"Prometieron un subsidio de arriendo y tampoco se ha firmado nada. El viernes pasado tuvimos una reunión, que fue la primera, y no se dio ninguna solución. Desde el primer momento la idea de ellos fue desalojarnos y desalojarnos", continúa.
Pero desde el municipio desmienten la versión. "Lo que estamos haciendo con los equipos sociales es lo que hicimos durante todo el mes: estamos hablando con las familias, buscando alternativas", aseguró el líder de la Dideco. La ayuda que pueden entregar, afirma, es limitada.
"La decisión del lugar donde van las familias es de las personas afectadas y la tienen que buscar los afectados. Los municipios o gobiernos locales no tenemos todas las condiciones… la política pública habitacional no le permite a un municipio disponer de viviendas definitivas o transitorias", aclara. Una vez que han tomado la decisión del lugar al que se quieren cambiar, el municipio entrega subsidios de arriendo "cuando corresponde".
En Migramigos especifican que la asignación depende de la ficha social de cada persona. El monto rodea los $150 mil y no se entrega a la persona, sino directamente al arrendador. Además del subsidio, los habitantes aseguran que el abogado del dueño del inmueble les ha devuelto los $150 mil que pagaron al principio a modo de garantía.
El "subarriendo abusivo"
Antes de realizar el desalojo, la municipalidad se reunió con las familias que permanecían en la casona y con miembros del Instituto Nacional de Derechos Humanos, además de Migramigos. Allí se comprometieron a trasladarlas a un albergue del Hogar de Cristo, donde deben dividirse entre hombres y mujeres, y podrán residir hasta que encuentren dónde vivir.
Para la residente Nury Moraga, la responsabilidad de la municipalidad no termina ahí, o no debería hacerlo. "Tampoco han hecho su trabajo de fiscalizar dónde se ha ido la gente, porque lo hacen con arriendos carísimos. Yo me cansé de buscar departamento. Me pedían documentar 12 meses, pagar dos de garantía y uno más de arriendo, y con un sueldo sobre un millón y medio", relata. Por eso eligió una pieza.
"Yo, con mi familia, con una niña, tengo miedo, pero tengo que salir. Encontramos una pieza chiquita, no tenemos dónde poner las cosas (...) La casona no estaba en buenas condiciones, porque estaba quemada, pero estaba mejor que donde estoy ahora"
Tavilmond Cyrise
La práctica de subarrendar habitaciones pequeñas a precios elevados, como ocurría en la casona, es común y se conoce como "subarriendo abusivo". Pero aunque ha sido criticado por las autoridades no constituye un delito, por lo que desde la municipalidad aclaran que "no hay mucho que hacer".
Moraga cuenta lo que pasó al día siguiente del fuego, cuando el dueño y su abogado llegaron hasta el lugar "aludiendo a que la casa era una toma". "La casa nunca fue una toma de parte de las personas que arrendábamos acá. Nosotros pagábamos nuestros respectivos arriendos", explica.
La figura no está clara. En la municipalidad aseguran que formalmente no se le ha considerado como una toma, y en Migramigos aducen que, al parecer, cada uno de los tres pisos estaba arrendado a una persona distinta, que a su vez subarrendó las piezas.
En la casona de Cienfuegos vivían alrededor de 150 personas. El incendio provocó una muerte y dejó una decena de heridos. Los demás siguieron viviendo en ese lugar que ellos mismos describen como inhabitable. Al par de semanas, otro incendio afectó una casona similar en la misma calle. La realidad, en el ajetraeado silencio del casco histórico, se repite.
