SANTIAGO.- Con afirmaciones "muy significativas" y "duras", presentó el ministro de Justicia,
Hernán Larraín, el informe final del
Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas, el cual entregó su diagnóstico de los centros del Sename, tras una serie de visitas en enero de este año y recopilación de información.
Las conclusiones, aluden a vulneraciones a los derechos de los menores por más de 40 años y critican fuertemente el actuar del Estado y el Poder Judicial.
"Durante el año 2017, se recogieron todos los antecedentes que existían escritos a la fecha, incluyendo el informe Jeldres de 2013, el informe de las propias cámaras de diputados en sus cámaras investigadores, informes del INDH, de la Corte Suprema y todos los que pudieran dar más conocimiento sobre la situación que pudiese estar ocurriendo", explicó Larraín.
Así, también indicó que fue la muerte de Lissette Villa en un recinto del Sename en 2016 la que marcó una fuerte preocupación por la realidad de los menores del servicio, motivando distintos tipos de investigaciones, así también como la solicitud de intervención que hizo la diputada Claudia Nogueira al comité de la ONU.
Críticas al Ejecutivo y Judicial
El informe plantea, afirmó Larraín, que "el Estado de Chile es responsable por graves violaciones de los derechos enunciados en la convención -internacional sobre los derechos del niño-, considerando que el sistema de protección ha resultado de una amplia vulneración de miles niños, niñas y adolescentes (NNA) bajo la tutela del Estado durante un largo periodo de tiempo. Habla de 40 años".
En el documento, se detalla que el Estado ha permitido que los menores "ingresen al sistema residencial por razón de carencias económicas, sin que los Tribunales de Familia activen la ayuda material que requiera la familia para otorgarles el cuidado adecuado, privilegiando la internación sobre otras modalidades".
En esa linea, sostiene que la decisión de separarlos de sus familias debe ser la última alternativa, pero que "los jueces dan limitada consideración a acciones sociales con respecto a la familia para parar la situación de vulneración" y que por "razones administrativas" se separan hermanos en diversas residencias: a principios de 2017, 24,1% de los niños tenía hermanos en otros centros.
Además, increpa al Estado por las condiciones de sobrepoblación y de los recintos, puntualizando que las residencias se encuentran "en estado
crítico, existiendo un deterioro permanente de los centros, con reparaciones parciales y de mala calidad. Hay deficiencias de seguridad, como
inexistencia de vías de escape y zonas de seguridad, extintores vencidos o inexistentes, escaleras en mal estado, falta de planes de evacuación, piscinas sin malla de seguridad, etc...".
Así también, señala que el Poder Judicial es responsable de supervisar el avance de los programas de reintegración, pero que "la mayor parte de los jueces carecen de formación específica para evaluar dichos avances y se limitan en gran medida a supervisar la situación del centro (...) Las decisiones judiciales no determinan en muchos casos que derechos han sido vulnerados, lo que no permite identificar para qué se interna y de qué debe recuperarse".
En cuanto a la labor de los ministerios, el comité sostiene que, en base a relato de funcionarios, que falta coodinación con Educación, argumentando que el "sistema educativo no solo no colabora, sino que, en ocasiones, es un obstáculo al no permitir flexibilidad para una atención específica a cada NNA con adaptaciones curriculares", mientras que la coordinación y trabajo con la cartera de Salud sigue "siendo insuficiente y en la mayor parte de los casos los servicios públicos de salud no dan atención adecuada".
Sobre el financiamiento, culpa al Estado de mantener un modelo de financiación del sistema de protección que transfiere la responsabilidad de proveer los recursos necesarios a los organismos colaboradores "que operan según una perspectiva filantrópica y no de derechos", además de tener un "sistema de subvención de los OCAS -organismos colaboradores- que incentiva la internación prolongada".
Falla a juicio de la ONU además la protección de la violencia, haciendo especial referencia al caso del cread Playa Ancha, donde en diciembre del 2016 se conoció que 25 niños fueron víctimas de fuertes tratos y golpes cometidos por funcionarios. En cuanto a explotación, indica que "el abuso sexual es la segunda o tercera causa de ingreso en la red Sename y la internación expone nuevamente a los NNA a estos abusos".
Un diagnóstico ya conocido
De acuerdo a Larraín, muchos de los eventos enumerados ya eran conocidos: "El informe viene a reafirmar el diagnostico que el Estado de Chile, especialmente el actual Gobierno, tiene en relación a los niños niñas y adolescentes vulnerados en nuestro país".
Y continuó: "Ya nos hicimos cargo del grueso de las recomendaciones que ha plantado este informe (...) Y estamos seguros que de completarse el plan de acción que ha impulsado el actual Gobierno, este informe va a encontrar respuesta y satisfacción a las inquietudes que ha levantado".
Entre ellas, se encuentra el establecer mecanismos de reparación para las víctimas, priorizando su derecho a ser oídas, además de desarrollar un plan de acción de reparación que incluya acciones en salud, especialmente tratamiento psicológico, educación, vivienda, justicia y, en su caso, indemnización económica.
