SANTIAGO.- Son 850 habitantes en total de
Quintero y Puchuncaví los que siguieron los pasos del senador Francisco Chahuán y ambos municipios, y activaron recursos de protección -que ya suman 12 en la Corte de Apelaciones- tras los episodios de contaminación en el sector.
Los recurrentes responsabilizan a industrias del rubro de gas natural, hidrocarburos, fundiciones, termoeléctricas y cementeras de las intoxicaciones, las cuales alcanzaron un peak de 180 consultas el 4 de agosto.
Entre las acciones judiciales también se acusa por "negligencia" a los ministerios de Salud, Interior, Medio Ambiente, las secretarías regionales de estas carteras, intendencia, Onemi y hasta el Presidente Sebastián Piñera.
Las solicitudes van desde declarar alerta sanitaria, ya aplicado por el Gobierno sin la obligación judicial, hasta la implementación de planes preventivos. Además, muchas coinciden en paralizar todas las empresas.
La Corte se ha limitado hasta ahora a pedir informes. En el suyo, el Consejo de Defensa del Estado alega que "las imputaciones parecen estar referidas a una situación de contaminación histórica, materia que no es propia de esta acción cautelar".
Algunos angustiados habitantes actuaron por su cuenta y redactaron escritos con una única petición a la justicia: que el Estado financie su traslado y el de sus familias a comunas no contaminadas.
Otros 287 vecinos, que interpusieron querellas penales, están a la espera de que fiscalía cite a declarar a ejecutivos de siete industrias de la zona.
