La ministra Cubillos junto al subsecretario de la Segpres, Claudio Alvarado, tuvieron varios momentos de tensión con la presidenta de la comisión de Educación del Senado, Yasna Provoste a causa de este proyecto.
Aton
SANTIAGO.- Que la suspensión ya no sea una sanción, sino que una medida cautelar y que el director ya no tenga la "facultad" sino que el "deber" de expulsar a los alumnos que sean sorprendidos cometiendo actos de violencia extrema, son algunos de los lineamientos del proyecto Aula Segura.
Ayer la ministra de Educación,
Marcela Cubillos, junto al subsecretario de la cartera,
Raúl Figueroa, expusieron ante la comisión del Senado ad-hoc y entregaron los detalles de la iniciativa que ahora considera algunos de los cambios sugeridos por la comisión de Constitución que lo declaró inconstitucional.
Además anunciaron que le renovaron la
suma urgencia, dándole un plazo de 15 días a partir del próximo martes, para ser despachado en general desde la Cámara Alta. Todo esto tras un intenso debate entre Gobierno y oposición.
Lo vigente y la propuesta
La titular del Mineduc especificó que este proyecto de artículo único reforma la Ley de Subvenciones. Actualmente esa normativa dice que sólo un escolar puede ser expulsado de su establecimiento cuando las razones estén especificadas en el reglamento interno, en cambio ahora con la nueva propuesta, quedaría tipificado por ley al igual que su procedimiento.
Por otro lado indicó que actualmente no se puede suspender a un estudiante mientras se revisa su cancelación de matrícula y luego expulsarlo, porque ambas son sanciones, por lo tanto se aplicarían dos castigos para un mismo hecho.
Ahora se busca que la suspensión sea una medida cautelar mientras se analiza la expulsión. Es decir, el estudiante será, según espera el Gobierno, inmediatamente separado de la comunidad escolar violentada en calidad de suspendido y luego, si es que se confirma su expulsión, se le cancela la matrícula.
"Esta forma nos permite asegurar a la comunidad que el estudiante conflictivo será alejado porque el deber del Estado es la protección", sostuvo Cubillos.
Además se establecerá que el director de un colegio tiene "el deber" de expulsar a un estudiante si toma conocimiento de que está cometiendo un acto de violencia grave y ya no solo tendrá la "facultad" como estipula la normativa vigente.
500bombas molotov se han lanzado en colegios y 96 estudiantes han sido detenidos por uso de artefactos incendiarios
El estudiante será sometido al proceso de expulsión si es sorprendido haciendo
uso, posesión, tenencia y almacenaje en el colegio de armas como artefactos explosivos, bombas molotov, etcétera. O cometiendo a
gresiones físicas que produzcan lesiones a docentes, asistentes de la educación y manipuladoras de alimentos.
El procedimiento de expulsión
La ministra explicó que una vez que el director tome conocimiento de que el estudiante está cometiendo alguno de los actos anteriores, deberá inmediatamente informarle y también a su padre o apoderado que se inició el proceso de expulsión en su contra, junto con suspenderlo.
El escolar tendrá un plazo de dos días para hacer sus descargos o el director también podrá proceder en rebeldía si es que el estudiante no quiere defenderse.
Luego, y previa consulta al consejo de profesores, el director deberá aplicar la medida de expulsión y el apoderado tendrá un plazo de cinco días para pedir la reconsideración.
Asimismo si el director decide cancelarle la matrícula al estudiante, tendrá que informar en un plazo de cinco días a la Superintendencia de Educación y el Ministerio deberá velar por la reubicación del escolar- en otro establecimiento- y adoptar las medidas de apoyo que sean necesarias.
Los datos que lo respaldan
El subsecretario Figueroa explicó que esta nueva ley se justifica debido a que en lo que va del año se han registrado 35 hitos de extrema violencia, se han lanzado 500 bombas molotov y se han detenido a 96 estudiantes por uso de artefactos incendiarios. Asimismo aseguró que Carabineros ha debido intervenir en 160 ocasiones.
Cubillos por su parte ejemplificó con el caso del Liceo de Aplicación de Santiago, en donde pasaron casi dos meses para que el director pudiera lograr expulsar a seis alumnos.
La ministra hizo hincapié en que este no es proceso penal, por lo que no se le acusa de un delito al estudiante, sino que es independiente a un caso judicial que pudiera abrirse en contra del escolar.
