El ministro en visita, Mario Carroza.
El Mercurio
SANTIAGO.- Luego de dictar la última sentencia respecto a la llamada Caravana de la Muerte,
el ministro en visita, Mario Carroza, se refirió al caso que culminó por condenar al ex comandante en jefe del Ejército,
Juan Emilio Cheyre, como encubridor de una serie de asesinatos en La Serena.
"Lo importante es que hoy terminamos con un ciclo, con una etapa, de violaciones de los derechos humanos", partió señalando el magistrado, para luego agregar que "hablamos ya de una justicia igualitaria, que no hace diferencias, que no tiene privilegios. Hablamos que de acuerdo a los hechos, los acontecimientos, a las cosas cómo ocurrieron y a eso es lo que refiere el fallo".
Según indica el documento, de 335 páginas, 11 militares en retiro fueron condenados como autores y cómplices en 15 delitos de homicidio, ocurridos en el regimiento Arica en octubre 1973.
De los ex uniformados, el único condenado como autor de los asesinatos fue de Ariosto Lapostol Orrego, primer comandante del regimiento que hoy tiene cerca de 90 años, sentenciado a 15 años y un día de presidio.
"La mayor parte de los autores materiales fallecieron. El caso de los autores mediatos solamente quedó el señor Lapostol porque el señor (Sergio) Arellano también falleció, por lo tanto aquellos que tuvieron una actuación predominante en este caso, ya no son personas que estén procesadas, sino que han sido sobreseídos porque fallecieron y aquellos que quedaron son aquellos que tuvieron una participación menor, una cooperación", añadió el ministro.
El resto de los militares, entre ellos Cheyre, cumplirán penas que van desde los 3 a 5 años y un día por cómplice o encubridor. En un principio, Carroza había acusado al retirado general del "nunca más" como cómplice de los crímenes, calidad que más tarde fue rebajada.
"Hablamos ya de una justicia igualitaria, que no hace diferencias, que no tiene privilegios. Hablamos que de acuerdo a los hechos, los acontecimientos, a las cosas cómo ocurrieron y a eso es lo que refiere el fallo".
Ministro Mario Carroza
También, absolvió a cuatro indagados, al no acreditarse su participación.
De esta forma, el magistrado también indicó que la situación implica "una verdad judicial" y se refirió a los obstáculos de la indagatoria que duró casi dos décadas.
"No se llegaba con la verdad, por lo tanto en ese sentido existían ciertos elementos que no concluían o permitían llegar a un consenso de cómo habían ocurrido los hechos. Eso hizo que un proceso como este tuviera una investigación tan extensa, de 20 años, pero que a su vez, estamos hablando de un hecho que ocurrió hace 45. Creemos que esas dificultades fueron las que hicieron que este proceso fuera extenso, complejo y difícil de llegar a final", afirmó.
En cuanto al aspecto civil, el fallo ordenó al Estado de Chile pagar indemnizaciones a familiares de las víctimas por montos de $80.000.000, $70.000.000 y $40.000.000, dependiendo del lazo sanguíneo.
Los condenados aún pueden apelar la resolución ante la Corte de Apelaciones y, posteriormente, ante la Suprema. Pese al escenario, Carroza quiso asegurar a la sociedad que "estamos esclareciendo estos hechos; buscamos en definitiva resultados que sean justos y racionales".
