Experta en acoso cibernético: "El hostigamiento puede llegar al nivel de hacerte sentir que no tienes un lugar donde esconderte"

SANTIAGO.- Jessica Matus tiene muchos ejemplos: el de una mujer que tuvo sus perfiles de redes sociales secuestrados por un tercero durante ocho años, el de la subteniente a quien tres compañeros uniformados le sustrajeron fotos íntimas del computador, el de muchas otras a quienes les bloquearon sus cédulas de identidad y sus cuentas bancarias.

La fundadora y directora de la Fundación Datos Protegidos habla de un patrón: "Es una violencia que podríamos llamar de género, en el sentido de que afecta más a las mujeres y a la comunidad LGBTI. Las mujeres se ven perjudicadas de manera desproporcionada en relación a lo que pudiera afectar a un hombre", dice en conversación con Emol.

En octubre, Datos Protegidos dio a conocer el resultado de un estudio realizado junto a la ONG Amaranta y con el apoyo del Departamento de Derecho Penal de la U. Alberto Hurtado, el primero en Chile en recopilar datos sobre las dinámicas de acoso cibernético en las que se ven envueltas las mujeres en Chile. Entrevistaron a un total de 59 mujeres, incluyendo trans, y se encontraron con que el 100% de la muestra había recibido alguna de sus manifestaciones.

El estudio surgió luego de que identificaran que internet no suponía solamente riesgos para la privacidad, sino que se estaban produciendo situaciones donde dichas conductas afectan el derecho a la honra, la integridad física, la propia imagen, la intimidad y los datos personales. Vieron, también, que otros países realizaban estudios similares.

Según el estudio, el 88% de las mujeres ha sufrido violencia verbal en la red, 61% ha sido víctima de acoso u hostigamiento y 40% de recibir imágenes o videos sexuales sin haberlos requerido.

"La violencia offline ha transitado a entornos online. Ni siquiera es que podamos hacer una diferencia entre una vida online u offline: la vida virtual es parte de tu vida, los dispositivos tecnológicos son una extensión de tu propio cuerpo", explica.

"En Chile estamos al debe en la penalización. Primero no hay datos, porque muchas conductas no constituyen delito y la policía no puede hacer nada, lo mismo el Ministerio Público. Tampoco queda registro de que alguien denunció un hecho como este. Algunos casos podrían entrar como violencia intrafamiliar o como amenazas, pero tampoco se consigna que se trata de violencia digital".

"Cuando nos dimos cuenta de que esto no existía en Chile, hicimos el análisis con la legislación extranjera: España modificó en 2015 su Código Penal. Ahora está establecida como delito la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento, a pesar de que la imagen haya sido obtenida con el consentimiento de la víctima. Existe además el delito de acoso, hostigamiento o stalking en entornos digitales, que afecta de manera grave la vida cotidiana de una persona. Lo mismo en Alemania e Inglaterra. En Chile no existe algo parecido: cualquier persona que se ve afectada por un delito así no tiene el amparo desde el punto de vista del derecho penal".

"Más allá de la actualización de las normas legales, lo que es importante es cómo el Estado se preocupa de entregar una respuesta integral a la situación de las víctimas. Además es necesario tener datos: es importante saber cuántas mujeres se han visto afectadas por esto, cuántas son mayores de edad, en qué ha consistido en la conducta de violencia y poder contar con estadísticas claras, porque todo eso no lo sabemos. La obligación del Estado es lograr la prevención, que tiene que partir de los colegios y hacerse cargo de una manera armónica con todas las otras normas existentes: se debe penalizar la difusión de imágenes íntimas captadas con consentimiento, pero que no lo tienen para su difusión, y se debe crear un tipo penal para el acoso u hostigamiento digital.

"Nos encontramos con que las chicas están cambiando algunos hábitos. Por ejemplo, cuando mantienen relaciones sexuales, exigen a su pareja dejar los celulares afuera, porque lo que está ocurriendo es que las están grabando. Es una práctica muy común, aunque no queramos hablar de ella: la sexualidad se está viviendo de una manera distinta con las tecnologías. Estas imágenes íntimas, que se dan en una relación de confianza, se publican o difunden luego de que esa relación se quiebra".

"Ella misma da a entender, en su carta, que las palabras fueron balas que la terminaron matando", dijo esta semana a The Clinic el padrastro de Katherine Winter, quien a los 16 años terminó con su vida, aparentemente producto de un severo caso de ciberacoso.

"Su identidad virtual fue totalmente destruida, porque ella no sabía de dónde le estaban disparando (...) Su vida social colapsó hasta un punto en que ella dijo 'no tiene más sentido seguir', porque nadie me va a poder salvar de esto. Ese es el dolor del ciberbullying: te puedes cambiar de colegio o de país, y te van a seguir acosando", añadió.

Matus lo entiende. "El hostigamiento puede llegar al nivel de producir esa sensación de que no tienes un lugar donde esconderte, que es imposible", dice. "Y permite el anonimato: facilita y amplifica este espacio de violencia. Puedes reportar una cuenta y que la bloqueen, pero al día siguiente aparece una nueva cuenta con otro nombre".

"Tiene que ver con tu reputación digital. Uno es lo que publica, pero ¿qué pasa cuando tu identidad termina siendo lo que publica el resto? Te pueden hackear tus claves, secuestrar tus perfiles, publicar imágenes tuyas trucadas, se esparcen rumores, y el problema radica en que nada se borra de internet. Eso va construyendo tu identidad y tu reputación digital. Y cuando una persona ha sufrido violencia digital, es muy difícil salirse. Además no solo se ve afectada la victima en particular sino también las personas cercanas de su entorno, porque también tienen acceso a esa información.

"Es desolador, porque muchas guardan silencio. Como además no encuentran una respuesta desde el punto de vista penal o en el Ministerio Público, terminan replegándose, cerrando sus cuentas de redes sociales, suspendiendo parte de sus actividades, con apoyo psicológico. ¿De qué manera terminan restringiendo su libertad de expresión, renunciando a internet y a ser parte de una comunidad digital por esto que sufren?".

Matus cita el testimonio de un apoderado del Nido de Águilas, en el mismo reportaje. "A veces, los niños están con una amiguita, alguien saca una foto, la manda a otros amiguitos y esa mierda es imposible frenarla".

"Muchos de ellos no son niños: ya son chicos de 16 o 17 años, que desde el punto de vista del derecho son responsables penalmente", dice. "En su carta de despedida ella termina asegurándole a sus papás que todo se había tratado de un beso... uno dice: ¿por qué si se trató de un beso termina tomando una decisión así? ¿Cómo le decimos a ella que no es su culpa?".

En el caso de Katy Winter fueron mensajes en su contra en un grupo de Facebook. En otros casos, se han difundido fotos íntimas de niñas. Uno de ellos llegó hasta la Corte Suprema, que en junio resolvió, con un fallo unánime, que los padres del involucrado debían indemnizar a la víctima y a sus progenitores con $3 millones.

"Los chicos hacen lo mismo, también se toman fotos desnudos y las envían, pero las mujeres no las están publicando. No culpemos a las chicas por hacer lo que hacen: los chicos también lo hacen, pero sus fotografías no están circulando por las redes sociales después de que termina una relación o porque alguien quiere hostigar a otro por la razón que sea", comenta Matus.

"Los padres tienen la obligación y el deber, pero además el derecho de educar a sus hijos. En la medida en que están bajo su responsabilidad, desde el punto de vista civil ellos son los responsables. El derecho es así, es lo mismo que un empleador respecto de los actos que ejecutan sus empleadores. El punto es cómo padres y el Estado pueden educar a niños y jóvenes, para que se conviertan en ciudadanos digitales responsables".