SANTIAGO.- Una distinta catalogación tiene el uso personal de dineros destinados a comisiones de servicio por parte de funcionarios del Ejército para la ministra de la Corte Marcial, Romy Rutherford, y la misma institución castrense.
Desde hace casi un año, la jueza ha estado enfocada principalmente en una de las más de veinte aristas de su investigación por el millonario fraude con fondos relacionados con la Ley Reservada del Cobre.
Se trata de aquella conocida como "empresas de turismo" y que refiere por el mal uso de dinero fiscal por parte de oficiales destinados a países como Estados Unidos y España, con el fin de realizar viajes personales con sus familias, a Orlando, Punta Cana, Miami, Los Angeles, entre otros destinos.
A la fecha, nueve personas han sido procesadas, incluyendo tres generales en retiro y al ex comandante en Jefe, Juan Miguel Fuente-Alba. Ocho de estos fueron encausados por el delito de fraude al fisco, mientras que el jefe de la institución entre 2010-2014, por malversación de caudales públicos, ya que el dinero habría provenido de gastos reservados, los cuales están destinados a labores de inteligencia y seguridad.
"Devolución de excedente"
De acuerdo a la investigación de Rutherford, los indagados, entre los que se encuentra el ex segundo mando del Ejército, John Griffiths, abultaban el precio de pasajes aéreos, cuyos excedentes se les devolvían o eran utilizados para otros viajes.
En concreto, el modus operandi era así: la agencia de turismo contratada cotizaba un pasaje dentro de la misma clase turista con la tarifa más alta, considerando que una misma clase puede tener 10 tarifas distintas.
9Personas han sido procesadas en el marco de la investigación "empresas de turismo".
Luego, el pasajero concurría a la agencia y pedía que, con el valor que se había cotizado -y por el cual se había ordenado la compra desde el Ejército, y por ende constaba en la factura-, se compraran otros pasajes por distinto valor y ruta, incluyendo otras personas y servicios, considerando, por ejemplo, traslados o entradas a parques temáticos.
De quedar saldo, este se entregaba al mismo pasajero como "devolución de excedente".
Por su parte, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) se querelló en contra de cuatro empleados de agencias indagadas al considerar una coordinación con los militares; mientras que la Fiscalía Centro Norte estaría preparando una formalización a los ejecutivos de las empresas involucradas.
La versión del Ejército
De acuerdo a un informe del Ejército, que comprende entre enero del año 1982 y agosto de 2018, la utilización de excedentes no implicaría un delito ni la transgresión del reglamento.
En la investigación se justifican las devoluciones de dinero de pasajes abultados y las facturas realizadas por la Unidad de Pasajes y Fletes.
"Es lícito que el personal acuda a las agencias de viajes para que conforme a su derecho y sus necesidades proceda a modificar itinerarios o rutas de trayecto, siendo solo de su responsabilidad el pago de multas aplicadas por la línea aérea, por motivos de cambios realizados y que exceden del valor", señala el documento dado a conocer por el medio ya citado.
Continúa señalando que los "saldos a favor correspondientes a los cambios de itinerarios, en conformidad a las necesidades y derechos del usuario, eran entregados al interesado", ya que "se entendía" que no podían volver a la empresa porque esta estaría recibiendo dos veces el dinero configurando así un fraude o estafa.
Mientras que devolverlo a las arcas del fisco tampoco procedía, pues de tales valores "se desprendía el Estado para el cumplimiento de una obligación que consistía en otorgar un derecho al personal, calculado bajo parámetros impuestos por las leyes (reglamentos) y las autoridades, valores consignados en las órdenes para su canje para el titular". Ello quiere decir, implicaría "el enriquecimiento sin causa por parte del Estado".
Se justifica también que el personal vacacionara "sin hacer uso de su feriado legal, de su permiso administrativo o sin goce de sueldo, por cuanto estamos frente a la inactividad laboral del funcionario público por razones de fuerza mayor".
Esta situación, concluye el documento, explicaría que en el transcurso de las últimas tres décadas los militares procedieran bajo la "convicción" de que sus acciones estaban dentro del marco legal y reglamentario.
