SANTIAGO.- Uno de los temas que marcó la agenda del año 2018 fue la abundante cantidad de procedimientos policiales generados en alrededores e independencias de establecimientos educacionales, principalmente en la comuna de Santiago.
En septiembre pasado, autoridades del Instituto Nacional fueron rociadas con bencina y amenazadas con el gollete de una botella, mientras que un mes después el alcalde de dicha comuna, Felipe Alessandri, publicó un video donde se ve al menos a cinco jóvenes agrediendo con patadas a un carabinero del equipo de Fuerzas Especiales que yace en el patio del Internado Nacional Barros Arana (INBA).
El incidente terminó con seis estudiantes entre 14 y 16 años detenidos y la incautación de overoles blancos y bombas molotov.
La viralización del registro coincidió con la discusión generada por el entonces llamado proyecto "Aula Segura" -que más tarde fue rebautizado en el Congreso como "Convivencia Escolar"-, el cual pretendía permitir que directores de colegios expulsen de manera inmediata a alumnos que sean sorprendidos cometiendo hechos de violencia.
A meses de los hechos, hoy se publicó en el Diario Oficial el nuevo protocolo de uso de fuerza por parte de Carabineros y en el cual destaca la inclusión de procedimientos de desalojo y detención de infractores en establecimientos de Educación Básica y Media.
Desalojos
En el documento se establecen cinco etapas para abordar los desalojos en los establecimientos educacionales, recordando que estos pueden ser realizados previa resolución de la autoridad administrativa competente, y mediante cumplimiento de un mandato judicial.
La primera fase de estas consta de la apreciación de situación, que implica comunicar a la Central de Comunicaciones (Cenco) de la policía la ubicación y características del lugar, además de tiempo que lleva ocupado de conocerse dicha información e identificar las "vulnerabilidades, accesos y estructura del edificio y posibles refugios"; y, de ser posible, la cantidad, género y edad de los ocupantes, y "precisar si existen o se cometen agresiones o daños".
En cuanto a la coordinación, el jefe de servicio o del dispositivo realizar distintas coordinaciones, entre las que se incluye, si la situación lo amerita, al encargado del recinto para intentar dialogar con los manifestantes y se informe de un posible ingreso.
También se deberá considerar personal policial femenino, distribuir "racional y tácticamente los medios para el ingreso", y fijar los perímetros de seguridad.
En cuanto a alteraciones del orden público en el exterior, se debe contener a los manifestantes en un punto o linea determinada; utilizar medios audibles para disuadir a la multitud; y uso diferenciado y gradual de los medios humanos y logísticos.
"El factor sorpresa y agilidad de los dispositivos que intervienen disminuye la capacidad de resistencia y agresión"
Protocolo de uso de fuerza.
Ya para el ingreso como tal, se exige disponer de "medios logísticos necesarios para resguardar la integridad física y facilitar la entrada de los efectivos". Así también, hacer uso de elementos que faciliten el procedimiento, como escaleras, alicate, cuerdas; e instalar dispositivos y vehículos de traslado de imputados en los ingresos principales.
Se pide además tener presente "que el factor sorpresa y agilidad de los dispositivos que intervienen disminuye la capacidad de resistencia y agresión"; y que "en todo momento se deberá hacer uso de equipos de filmación", cuyo registro será entregado a la oficina de audiovisuales de la repartición.
Ya terminado el operativo, se tendrá que informar en el menor tiempo posible el desglose de aprehendidos, separados por edad y género. Quienes estén privados de libertad serán trasladados, cuando corresponda, a un centro asistencial, salvo algunas excepciones. En el caso de menores, la constatación será obligatoria y, "en la medida de lo posible", prioritaria.
Ingreso por comisión de delitos flagrantes
El protocolo también establece el procedimiento que se debe tomar ante infractores de la ley al interior de establecimientos educacionales.
Al igual que el procedimiento anterior, se exige comunicar a Cenco de las características del lugar en cuyo interior se está cometiendo un hecho que reviste carácter de delito, "como lanzamiento de objetos contundentes y bombas incendiarias"; además de identificar características físicas de los infractores y las vulnerabilidades, accesos y estructuras del edificio.
El documento recuerda además que los policías están facultados para entrar a un lugar cerrado "cuando se encontrare en actual persecución del individuo a quien debiere detener, para ponerlo a disposición del tribunal respectivo, no requiriendo para ello de autorización judicial, ni del propietario o responsable del recinto".
La etapa de coordinación es casi idéntica a la de los desalojos, mientras que respecto a las alteraciones del orden público se agrega el "uso diferenciado y gradual de los medios", mientras que el uso de elementos "disuasivos inocuos" tales como granadas de humo, no lacrimógeno o irritante, será evaluado por parte del jefe de servicio.
Además, indica que "los disuasivos químicos solo se utilizarán con u criterio restrictivo y cuando sea necesario y exista peligro para la integridad física de las personas o funcionarios policiales que intervengan en el lugar". Y ordena también la conducción de infractores y detenciones "selectivas".
"(...) Cuando se encontrare en actual persecución del individuo a quien debiere detener, para ponerlo a disposición del tribunal respectivo, no requiriendo para ello de autorización judicial, ni del propietario o responsable del recinto".
Protocolo de uso de fuerza.
Respecto a la entrada al recinto en búsqueda de quien cometió un ilícito flagrante, "se efectuará afectando de la menor manera posible el normal desarrollo de las actividades (...) circunstanciando el accionar policial exclusivamente a los autores de los delitos que se sorprendan".
Se instalarán dispositivos de traslado de imputado en los ingresos y deberá considerar personal femenino y, al igual que en desalojos, se exige el uso de equipos de filmación. Finalizado el procedimiento, se deberá levantar un acta de ingreso al lugar, narrando brevemente el hecho. Esta será remitida, junto el parte policial, al Ministerio Público, y se entregará una copia de esta el encargado del lugar.
El operativo finalizará con un catastro de los aprehendidos, separado por género y edad, además de constatación de lesiones.
