SANTIAGO.- "Nadie está obligado a lo imposible. Vamos a privilegiar mucho la vía administrativa, porque hay muchas cosas que se pueden hacer no a través de proyectos de ley", dijo hace exactamente una semana la ministra Secretaria General de Gobierno, Cecilia Pérez, ratificando la intención del Ejecutivo de avanzar mediante reglamentos y decretos.
La idea, que ya había sido aplicada al inicio del segundo mandato del Presidente Sebastián Piñera con el objetivo de corregir una serie de medidas de la administración de Michelle Bachelet, fue reflotada ante el difícil escenario que La Moneda enfrentará este 2019 en el Congreso.
Pero, ¿en qué áreas se ha aplicado esta vía administrativa? Según explicó a
Emol el
ministro Secretario General de la Presidencia, Gonzalo Blumel, "tenemos una agenda legislativa que impulsamos con mucha convicción, pero también tenemos una agenda de gestión y administrativa que nos permite avanzar con fuerza en nuestro programa de gobierno".
"De los 700 compromisos del programa poco más de 250 son proyectos de ley, y el resto son medidas administrativas, decretos o normativas, que también apuntan a avanzar hacia el desarrollo de integral de Chile", enfatizó.
En ese sentido, Blumel destacó que existen iniciativas claves del programa, "como la agenda de infancia, pro inversión y migración que avanzan en paralelo tanto en el Congreso como por la vía administrativa. Tenemos que abordar con la máxima celeridad todas estas urgencias, con todas las facultades que nos otorga la Constitución y la ley".
Otra ha sido el Plan Araucanía, a través del cual el Mandatario anunció una serie de iniciativas y proyectos para mejorar el crecimiento económico y la inclusión de los pueblos indígenas que, a juicio de Blumel, "ha avanzado bastante de forma administrativa".
"De los 700 compromisos del programa poco más de 250 son proyectos de ley y el resto son medidas administrativas, decretos o normativas"
Gonzalo Blumel, ministro Segpres
También figuran algunas modificaciones a la
Ley de Fortalecimiento de la Regionalización. Según el subsecretario de Desarrollo Regional, Felipe Salaberry, las eventuales superposiciones entre las funciones del gobernador regional y el delegado presidencial han sido revisadas para corregirlas por este mecanismo.
En ese sentido, hace un mes, la autoridad comentó a La Tercera que "desde el punto de vista administrativo, hemos ido resolviendo. Si en el mediano tiempo el Presidente estima que para mejorar la robustez del proceso de descentralización se requieren modificaciones, se evaluará en su mérito".
El tema migratorio ha sido uno de los principales focos del Gobierno en su primer año, periodo en el cual envió una reforma legal al Congreso y en el que también adoptó medidas administrativas, como la expulsión por decreto de 19 colombianos que tenían condenas judiciales y la implementación de visas consulares para ciudadanos de Haití y Venezuela.
Otros proyectos e intentos
Por la misma vía, y considerando el largo debate que se está desarrollando en el Parlamento por su agenda de infancia, Piñera decidió avanzar con medidas que no necesitan pasar por el Legislativo, como la idea que surgió a fines de noviembre de sumar 40 supervisores más al Servicio Nacional de Menores (Sename) a los cerca de 230 que existen actualmente.
A ello se suma el avance de la modernización del Sename, que incluye la decisión del Gobierno de cerrar el Centro de Reparación Especializada de Administración Directa
(Cread) de Playa Ancha, el cual fue anunciado el jueves por el propio jefe de Estado.
En Salud, la decisión de La Moneda de modificar el
reglamento de la Ley de Aborto en tres causales en lo relativo a la objeción de conciencia, fue uno de los motivos que tuvo la oposición para acusarlos de "decretismo". Además, 15 mil casos del
plan de reducción de listas de espera han sido solucionados por vía administrativa.
La ejecución del plan Hospital Digital, cuyo presupuesto asciende a $31 mil millones, también se realizará a través de potestad reglamentaria. Asimismo figuran iniciativas como la Agenda Pro Inversión que incluye el decreto que establece la Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables (GPS), el plan de infraestructura pública por US$14.600 millones y la transformación digital del Estado con el proyecto "Cero Fila y Cero Papel".
En cuanto a los intentos de aplicar este camino, se planteó hacer cambios a la ley de reforma de la Educación Superior y a la reforma laboral. Asimismo, durante su cuenta pública, Piñera anunció que se realizarían modificaciones al sistema de capacitación e intermediación laboral con reglamentos y decretos.
