SANTIAGO.- Veintiún años y un día es la pena que la fiscalía solicitó para el ex senador UDI Jaime Orpis por una defraudación al Fisco de más de $307 millones; además de la comisión de delito tributario y cohecho en el marco del caso Corpesca.
Aquella es la sanción más alta que ha solicitado el ente persecutor para personeros políticos en las causas llevadas adelante por presunto financiamiento irregular de campañas.
En la indagatoria que comenzó como tal en 2015, el Ministerio Público acusó a Orpis de haber recibido pagos por casi $260 millones entre 2009 y 2013 a fin de favorecer los intereses de la empresa en la tramitación de la Ley de Pesca; defraudando además al Estado con $48 millones.
Ya hoy, a las 9:00 y ante el Tercer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, se iniciaron los alegatos de apertura en el juicio oral, los cuales se estiman podrían extenderse por hasta cinco jornadas.
El ex congresista, por su parte, ha insistido en su inocencia durante el tiempo que lleva bajo la mira de Ministerio Público, recalcando además que la investigación ha implicado "una persecución arbitraria y discriminatoria", ya que, según ha declarado, ante situaciones similares, tanto la fiscalía como los tribunales de justicia, han absuelto a los imputados o les han ofrecido salidas alternativas.
En otros casos, en tanto, indicó que ni siquiera se han presentado querellas.
"Tengo la conciencia tranquila. No fui comprado y no me he enriquecido en ninguna de mis actuaciones como senador de la República. Mis deudas de campaña, propias y ajenas, las sigo pagando hasta hoy (...) vivo en la misma casa hace 30 años, que no tengo ahorros, que jamás he tenido autos nuevos, ni yates", aseguró en un video.
En el mismo registro, reconoció haber desviado fondos públicos para financiar sus deudas de campaña, pero que dicho dinero lo había restituido hace más de dos años al Senado.
Los últimos hechos del caso
Si bien hoy el caso entró en la recta final, a dicha instancia se esperaba llegar a mediados del año pasado. Sin embargo, esto se vio impedido debido la realización de una serie de peticiones.
A mediados de marzo de 2018, la fiscalía presentó acusación contra siete personas y a fines de julio -cuando se esperaba iniciar el juicio oral-, la justicia acogió la solicitud de los defensores del ex parlamentario a fin de analizar nuevos antecedentes.
En el mismo mes, el jefe del Ministerio Público, Jorge Abbott, resolvió designar al fiscal regional metropolitano Centro Norte, Xavier Armendáriz, para encabezar la causa que hasta ese entonces estaba en manos de su par en el Biobío, Julio Contardo.
Este último -y que en agosto cumplió su periodo en el cargo- había sido acusado por la defensa del ex parlamentario de falta de objetividad debido al parentesco que tiene con uno de los ejecutivos de la empresa Corpesca, según informó El Mercurio.
También en julio, la jueza de garantía Daniela Guerrero rechazó el sobreseimiento de Orpis por delito tributario, relativo a la emisión de 78 boletas ideológicamente falsas a la pesquera, las que habrían sido para respaldar financiamiento político ilegal.
En el requerimiento, su abogado indicó que el ex parlamentario no estaba al tanto de que al entregar las facturas se bajaría la carga tributaria de empresa, sino que se simulaban prestaciones de servicios para disimular donaciones. "Esa conducta tiene sanciones administrativas, pero en ningún caso una sanción penal", aseguró el litigante Sergio Rodriguez en audiencia.
21Años y un día es la pena que solicitó la fiscalía para Orpis.
Esto fue criticado por la fiscal de Alta Complejidades Centro Norte, Ximena Chong, quien aseguró, entre otras cosas, que resulta extraño que Orpis no estuviera al tanto del alcance de sus acciones siendo abogado de profesión.
Ya en noviembre, el caso se volvió a paralizar cuando la misma defensa reclamara al Tribunal Constitucional (TC) que no se permitiera declarar como testigos al fiscal nacional, Jorge Abbott, y la jefa de la Unidad Anticorrupción del Ministerio Público, Marta Herrera.
Dichas pretensiones llegaron a su fin el 4 de diciembre, cuando el TC declaró inadmisible el recurso, señalando que el juicio debería comenzar el 15 de febrero, lo cual tampoco ocurrió.
En la causa, donde se espera presentar a 320 testigos y peritos, también está acusada la ex diputada independiente Marta Isasi, por quien se solicitaron 7 años y un día por cohecho y delito tributario; además de la persona jurídica de la empresa.
