SANTIAGO.- Entre 1989 y 1995, el Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu) construyó las poblaciones Cerro Chuño y Los Industriales en terrenos que estaban fuera del plano regulador en Arica, en un sector que correspondía a antiguos basureros municipales. Pasaron años antes de que las 12 mil personas que vivieron en esas casas se dieran cuenta de lo que tenían por vecino: 20 mil toneladas de desechos tóxicos que comenzaron a llegar desde Suecia en 1984.
Se trató de un negocio entre la empresa minera Boliden, con domicilio en Europa, y la chilena Promel, que importó durante cinco años los desechos industriales de la primera. Fueron caratulados por el Ministerio de Salud como "barros con contenidos metálicos" y esperaban obtener de ellos oro y plata, pero resultaron ser sustancias ricas en plomo, mercurio y arsénico. Al poco tiempo, la compañía desistió de la idea de procesarlos y posteriormente se fue a quiebra.
Los desechos, entonces, quedaron abandonados a las afueras de la ciudad, a un par de cuadras del lugar donde se construyeron los conjuntos habitaciones. La casa más cercana quedó a 30 metros de distancia y en esos terrenos jugaron por años los niños que habitaban ese sector. Estudios posteriores demostraron que incluso el polvo levantado por el viento afectaba a los pobladores.
Con el tiempo, los habitantes comenzaron a experimentar problemas de salud: irritabilidad, neurosis, estrés, alergias, conjuntivitis, pérdida de memoria, cansancio, fatiga, anemia y dolores de huesos. También efectos más graves: cáncer, tos crónica. Algunos niños desarrollaron problemas cognitivos.
En 1997, pidieron la realización de un análisis al Departamento de Química de la Universidad de Tarapacá, que arrojó altas concentraciones de cadmio, plomo, arsénico y cobre. Posteriormente el Sernageomin estableció valores: 10% de arsénico, 4,4% de plomo, 2,1% de zinc. Entonces Salud realizó estudios a la población, que mostraron que más de un 50% de la población tenía un nivel de plomo elevado en la sangre: más de 10 microgramos por cada 100 ml de sangre, el doble de lo permitido por la Unión Europea en ese momento.
En 1998, las autoridades resolvieron trasladar el material tóxico hasta la Quebrada Encantada, a dos kilómetros de la comunidad. Sin los residuos en el barrio, comenzó entonces otra batalla: la legal.
Las demandas y fallos
En ese año, los afectados recurrieron a la ONG Fiscalía del Medio Ambiente (FIMA), para establecer una demanda civil por los daños que la contaminación les produjo. La acción fue presentada en el Tercer Juzgado de Letras de Arica y recién en 2006 la Corte sentenció al Servicio de Salud de la zona a indemnizar a 177 personas por no haber entregado la atención necesaria.
FIMA, especializada en derecho medioambiental, recurrió entonces al máximo tribunal, que en 2007 aumentó la cantidad de indemnizados a 354 personas, a quienes el Estado debía pagar 8 millones de pesos. "Se violó el derecho fundamental de las personas a la vida y la salud. Además se actuó con un nivel de negligencia brutal (...) el Estado falló en prestar el servicio de proteger a su población", afirmó a La Estrella de Arica el abogado José Ignacio Pinochet, entonces director ejecutivo de FIMA.
Adicionalmente, se generó un programa de intervención integrado gestionado de forma directa desde el gobierno central, que se transformó en 2012 en una ley conocida popularmente como "Ley Arica". Esta tuvo como objetivo "establecer un programa de acción en las zonas o terrenos específicos con presencia de polimetales" en la comuna, con medidas en salud, educación, vivienda y medio ambiente.
Pero el caso traspasó las fronteras nacionales y llegó a la justicia sueca en 2013, cuando un grupo de abogados presentó una demanda contra Boliden a nombre de más de 700 afectados, pidiendo una indemnización conjunta de 100 millones de coronas suecas (US$10,7 millones).
La idea de la acción era responsabilizar a la compañía por los daños, debido a que "se ocultó que se enviaron los residuos, contrariando los permisos y las reglas que regían entonces", declaró a una radio local uno de los abogados de la causa, Johan Örberg. Según la demanda, la minera era consciente de que en Chile no existían medios ni instalaciones para tratar los residuos de forma adecuada.
En marzo de 2017, la Corte del distrito de Skellefteå, al norte de Suecia, consideró que la empresa "no había tenido oportunidad de prever esa consecuencia" para la salud de los locales, por lo que la eximió de culpa. Este miércoles, la Corte de Apelaciones sueca ratificó el fallo señalando que los hechos, por haber ocurrido hace más de diez años, están prescritos.
Los demandantes ahora tendrán que pagar sus costos legales y los de Boliden, que ascienden aproximadamente a los 3.7 millones de coronas suecas (US$399 mil).
