SANTIAGO.- Intensas han sido las últimas 48 horas de la Fiscalía de O'Higgins y la PDI en Rancagua, debido al caso Jueces. Entre el miércoles y hoy se realizaron una serie de allanamientos en el marco de la investigación por presuntas irregularidades en la Corte de Apelaciones de la ciudad.
Durante la tarde de ayer, la policía civil realizó una acción de registro e incautación en la oficina del ministro Marcelo Vásquez en el tribunal de alzada rancagüino. Éste, señalaron desde el Poder Judicial, "entregó todas las facilidades y cooperación para esta acción de fiscalía y de la policía civil".
Mientras que esta jornada, el Ministerio Público allanó las oficinas de cuatro abogados particulares investigados por su presunta participación en las irregularidades, que además tienen bajo la lupa del Ministerio Público a los jueces Emilio Elgueta y Marcelo Albornoz.
Una es la de Gabriel Henríquez Arzola, quien habría sostenido más de 50 contactos telefónicos con el ministro Emilio Elgueta en 2018. El juez votó a favor de sus peticiones en unas siete ocasiones en casos como homicidio, tráfico, desacato y perjurio, entre otras.
Asimismo, la Fiscalía de Alta Complejidad llegó hasta la oficina del abogado Pablo Latorre Ascui, quien, en 2017, inició una causa civil personal por una herencia que ganó en el tribunal de alzada rancagüino. En ese fallo estuvieron los ministros Vásquez y Elgueta.
Otras dos oficinas allanadas son las de Víctor Beltrán, nombrado notario en San Vicente; y Rodrigo Guerrero Román, abogado que litigó en la sala que integraba Elgueta y Vásquez y que tuvo "alegatos de pasillo" con ambos antes de conseguir fallos favorables.
Los magistrados Emilio Elgueta, Marcelo Albornoz y Marcelo Vásquez se encuentran suspendidos de sus funciones mientras dura el sumario que lleva adelante la jueza de la Corte Suprema Rosa María Maggi.
Las diligencias se conocen un día después de que el pleno de la Corte de Apelaciones de Rancagua resolvió anular la vista de siete causas en que integraron el acuerdo alguno de los tres jueces investigados por supuesto tráfico de influencias.
De acuerdo al acta del pleno, fueron cinco causas, en las cuales dos o tres de los ministros mencionados participaron en el acuerdo; una en que participó uno de los jueces, pero que no hubo acuerdo del resto de los integrantes; y, finalmente, una que quedó en estudio sin haber llegado a acuerdo.
Por otro lado, la Corte decidió no anular otras cinco vistas de causas en que participó uno de los suspendidos, ya que el acuerdo se logró con el voto de la mayoría de los restantes participantes.
