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Maltrato animal, sabotaje informático y tráfico de migrantes: Los delitos que cobran mayor notoriedad

Desde la PDI explican que aquello se debe a diversos factores, como el avance de las tecnologías, cambios en la legislación y mayor conocimiento de los delitos, y aumento en los flujos migratorios.

04 de Julio de 2019 | 06:00 | Por T. Cerna, Emol
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SANTIAGO.- La primera formalización en el marco de la ley "Cholito" ocurrió a menos de dos meses promulgada la normativa.

En septiembre de 2017, un hombre de entonces 51 años fue llevado ante tribunales luego que la PDI encontrara a su perro, de raza galgo, en estado de desnutrición y deshidratación extrema, además de contar con múltiples lesiones en su piel.

Al caso en cuestión se llegó producto de una denuncia: una de las 850 registradas por la policía civil ese año, según cifras entregadas a Emol. Y es que los ilícitos asociados a la tenencia responsable de mascotas han sido algunos de los más emergentes en el último tiempo para la PDI. Aquel también es el caso de los delitos informáticos, especialmente sabotaje informático, y la trata y tráfico de personas.

Según explican desde la institución, aquello se debe múltiples factores: el avance de las tecnologías, cambios en la legislación, mayor conocimiento ciudadano de lo que es o no un delito, y aumento en los flujos migratorios. Acá, el detalle de cada caso.

Maltrato animal


Si en 2017 la Brigada de Delitos Medio Ambientales y Contra el Patrimonio Cultural (Bidema) de la PDI recibió 850 denuncias por delitos asociados a la tenencia de mascotas, principalmente maltrato animal (803), en 2018 la cifra creció en un 40% con 1.125 casos.

En tanto, en los cinco primeros meses de este año el número de denuncias fue de 797, de las que 419 fueron por maltrato.

Según explicó el comisario de la Bidema, Marco Orellana, la brigada a cargo de estos casos -y también aquellos por incendios forestales, contaminaciones y contra el patrimonio- se creó como sección en 2002, tras una conferencia mundial de las Naciones Unidas, donde se abordó la necesidad de realizar investigaciones más específicas para abordar delitos medioambientales.

Ya al año, la sección se convirtió en brigada y, para 2019, esta cuenta con ocho unidades ubicadas en distintas partes del país.

Un punto clave para la creación de la brigada, agregó Orellana, fue que estos casos solían estar asociados a sanciones administrativas y no penales: "Habían algunos cuerpos normativos que permitían sancionar hechos relacionados con aves, tráfico de fauna, contaminación de aguas, maltrato animal, pero no estaba la policía".

Para Orellana, el aumento de denuncias está asociado principalmente un mayor conocimiento de la existencia de una instancia que puede llegar a establecer una sanción penal.

"En un principio, generalmente se denunciaba estos hechos en las instituciones competentes: temas de animales se denunciaba en al SAG y aquellos de salud a las Seremis, y ellos hacían sus procedimientos. Pero cuando nace la Bidema comienzan a generarse denuncias hacia el área penal. A medida que vamos avanzando, la policía también se ha dedicado a realizar difusión o educación hacia diferentes organismos públicos", explicó.

"Hay mucho por realizar. Yo creo que el camino que vamos desarrolalndo dentro de todas sus fortalezas y debilidades nos va a permitir ir avanzando.

Comisario Marco Orellana.
Un tema que genera una dualidad el interior de la institución es el cambio de normativa. Por un lado, se reconoce que el avance en ese ámbito ha permitido tipificar como delitos un mayor número de conductas, pero que, en general cuesta establecer la buscada sanción penal.

"Esa es siempre la dificultad mayor, pero hemos ido creciendo y tenemos mayor experiencia (...) Hay mucho por realizar, pero creo que el camino que vamos desarrollando, dentro de todas sus fortalezas y debilidades, nos va a permitir ir avanzando", concluyó.

Trata y tráfico de personas


Otros delitos emergentes que van de la mano con los cambios migratorios son el tráfico y trata de personas. El primero implica que un extranjero pague a un facilitador cierta cantidad de dinero para ingresar de manera irregular al país; mientras que el segundo se relaciona con la llegada de un foráneo bajo apremios o engaños, generalmente con fines laborales y sexuales.

"Si vemos la cantidad de migrantes que han llegado, son muchos en comparación a años anteriores. Y también muchos de ellos se encuentran en situación vulnerable. Hemos analizado y vemos que con aumento de extranjeros en el país aumenta el volumen de investigaciones por trata", indicó el comisario jefe de la Britrap Metropolitana, Giordano Lanzarini.

"En tanto, el tráfico va aumentando conforme los requisitos que se piden para ingresar. Chile es un país muy atractivo para el migrante, muy seguro. Es cosa de ver lo que está pasando en el norte", agregó el comisario en base a la presencia de decenas de ciudadanos venezolanos en el paso de Chacalluta que buscan ingresar a Chile.

En menos de un año se han conocido dos importantes casos por tráfico que involucran a funcionarios públicos. En diciembre de 2018, mediatizó la indagatoria por el presunto ingreso irregular de 228 indios y nepaleses que tocaba a dos cónsules; mientras que en mayo de este año aquella por tráfico de 381 ciudadanos chinos que involucraba a un ex gobernador, un ex alcalde y un funcionario de Cancillería.

Según cifras de la PDI, el aumento más drástico lo tuvo la trata, mientras que en el caso del tráfico fue más paulatino (ver tabla).

348Denuncias por tráfico y trata de personas recibió la PDI entre 2013 y 2018.
Las investigaciones, en tanto, son de largo aliento. Ello, acota Lanzarini, considerando que se basan en en el modelo de crimen organizado: "En muchos casos somos nosotros los que hacemos la denuncia en base a un antecedentes. Después tenemos que estudiar el caso, levantar información, tanto de fuentes cerradas como abiertas".

Ejemplo de esto, añadió, son el Registro Civil, Departamento de Extranjería y Migración (DEM), movimientos migratorios, consultas internacionales, antecedentes comerciales,y redes sociales. Posteriormente, viene la revisión de información y la realización de diligencias de campo, como seguimientos y entrevistas.

Actualmente, la PDI mantiene dos Britrap en el país: una en Santiago y otra en Iquique.

Denuncias por trata y tráfico de personas
Fuente: PDI

Sabotaje informático


El último ilícito que cada vez toma notoriedad en la PDI es el sabotaje informático, investigado desde la Brigada del Cibercrimen.

En 2017, se recibieron 676 denuncias por el delito que, según explicó el comisario Danic Maldonado, "hace referencia aquellas acciones que buscan destruir, inutilizar, modificar entre otros, un sistema de tratamiento automatizado de información. Por ejemplo, ingresar un sistema informático y borrar parcial o totalmente los datos contenidos".

Ya en 2018, los casos subieron a 758; mientras que entre enero y abril de este año se recibieron 281 denuncias.

En cuanto al aumento, Maldonado indicó que este "puede deberse a varias razones, primero por el crecimiento explosivo del uso de la tecnología y el acceso a Internet, lo cual ha sido aprovechado por los cibercriminales para acciones ilícitas".

Y en esa línea, agregó: "Por otra parte, por una de las características que presenta la cibecriminalidad, que no reconoce fronteras, por lo tanto, podemos ser potenciales víctimas desde cualquier punto del planeta, y también por las personas están tomando conocimientos de este tipo de delitos y están comenzando a denunciar de manera más frecuente".

A 19 años de su creación, la brigada cuenta hoy con tres unidades a nivel nacional. Según Maldonado, la participación en entrenamientos y seminarios a nivel nacional e internacional, es fundamental para "mantearse actualizado frente a las nuevas tendencias en materia de delincuencia informática", la cual solo necesita un medio computacional para concretarse.
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