Rabindranath Quinteros (PS) y Guido Girardi (PPD)
La Segunda / El Mercurio
Este lunes, los senadores Rabindranath Quinteros (PS) y Guido Girardi (PPD) presentaron una acción judicial que pretende que se persiga y sancione a quienes resulten responsables de la contaminación del agua potable en la comuna de Osorno y que ha provocado el corte del suministro por cuatro días.
Cabe recordar que la crisis que mantiene desde el jueves pasado a cerca de 140 mil personas sin abastecimiento de agua potable se produjo tras la contaminación con petróleo de los estanques de la sanitaria ESSAL. Donde 1.100 litros de combustible fueron derramados en la planta potabilizadora de agua. Días más tarde se conoció que parte del combustible también cayó en el río Rahue.
Sobre esa base, los senadores presentaron una denuncia para que se investigue, persiga y sancione a quienes resulten responsables de estos hechos.
Por su parte, el senador Quinteros precisó que, de acuerdo a los antecedentes recopilados, en este caso se configuran al menos dos delitos establecidos en el Código Penal.
"Uno de ellos tiene que ver con el vertimiento de petróleo en el sistema de agua potable, consignado en el artículo 315 del Código, y otro con la contaminación del rio Rahue, establecido en el artículo 291 del mismo texto legal", explicó el parlamentario por La Región de Los Lagos.
"Apuntamos al vertimiento negligente de petróleo en el sistema de agua potable de la ciudad de Osorno, que afecta de manera directa de la vida y salud de los consumidores a quienes se les suministra el agua potable por parte de Essal y a la propagación indebida de sustancias que ponen en peligro la salud animal o vegetal como ocurrió con el vertimiento de petróleo en el río Rahue, sin autorización, información que además fue ocultada a la autoridad", añadió Quinteros.
Por otro lado, el senador PS además cuestionó el rol jugado por los organismos públicos.
"El subsecretario de Obras Públicas ha manifestado que a 'Essal le quedó grande el poncho'. Y tiene razón, pero en materia de fiscalización y control el Gobierno tampoco ha dado el ancho. La Superintendencia de Servicios Sanitarios, que es el organismo normativo y fiscalizador de las empresas concesionarias que prestan los servicios de agua potable y alcantarillado, depende del Ministerio de Obras Públicas. Aquí no solo la Sanitaria dejó de hacer su trabajo”, recalcó Quinteros.
"Osorno tiene más de 140 mil habitantes, por tanto hay que acudir ahí con toda la fuerza y con todos los elementos para poder paliar, al menos en parte, todo el daño que se ha hecho a esa ciudad", sentenció.
