SANTIAGO.- Tras casi cinco años de investigación, hoy se concretó ante el 8° Juzgado de Garantía de Santiago la suspensión del procedimiento llevado contra el ex alcalde Pablo Zalaquett y el de su ex asesora, Carmen de Castro Blanco, en el marco del caso Penta.
El ingeniero era uno de los pocos políticos cuya situación estaba en suspenso en la indagatoria por el financiamiento irregular de la política que lleva adelante la fiscalía Oriente.
Zalaquett fue formalizado en junio de 2015 por delitos tributarios, referidos a la facilitación de boletas y facturas ideológicamente falsas emitidas a Penta y SQM, en su mayoría, además de Corpbanca, Alsacia, Comercial Eccsa, La Manada, entre otros, por montos que bordean los $71 millones. Los dineros habrían sido destinados para financiar su fallida campaña senatorial de 2013.
Ya en su primera y segunda acusación, el ente persecutor había pedido una pena de cuatro años más el pago de casi $23 millones. Sin embargo, desde el año pasado se empezó a barajar un acuerdo, el cual terminó por acordarse con la defensa de Zalaquett a mediados de junio de este año.
Aquello quedó zanjado hoy, luego que se fijara la suspensión del procedimiento por el plazo de un año. "Se solicitó el pago de la suma de $40 millones y también la condición de fijar domicilio e informar al Ministerio Público cualquier cambio de este", indicó tras la audiencia el fiscal Oriente Carlos Ramírez.
El persecutor señaló que, en cuanto a de Castro, se fijó el pago de $550.000.
$40millones tendrá que pagar Pablo Zalaquett.
La salida alternativa implica que la indagatoria se mantiene detenida por dicho periodo de tiempo y que, de cumplirse las condiciones fijadas, la causa termina definitivamente sin que quede registro en el certificado de antecedentes de los imputados.
Zalaquett y Castro se suman así a otros indagados que accedieron a la suspensión, como Verónica Méndez y María de la Luz Chadwick, cónyuges de los dueños de Penta, con la condición de fijar domicilio por el plazo de un año y pagar $22 millones y fracción cada una.
El año pasado, en tanto, Carlos Délano y Carlos Lavín, sus esposos, fueron condenados -mediante un procedimiento abreviado- a cuatro años de libertad vigilada intensiva, más una multa equivalente al 50% de los tributos eludidos ($857 millones cada uno) y la asistencia a un programa formativo sobre ética en la dirección de empresas, el cual se extenderá hasta diciembre.
