SANTIAGO.- "La ley es clara: las medidas intrusivas, como las intercepciones telefónicas, solamente se permiten cuando hay terrorismo, narcotráfico o alguna amenaza externa para nuestra soberanía y seguridad nacional, y no para procesos claramente internos que tienen que ver con casos de corrupción e irregularidades. Yo creo que, al parecer, hay quienes están abusando de la confianza que le hemos otorgado".
Son las palabras que emite a Emol el diputado Jorge Brito (RD), presidente de la Comisión Especial Investigadora respecto de irregularidades en contra del Ejército de la Cámara, luego de que reportajes de prensa destaparan un posible espionaje dentro de la institución.
Se trata de la existencia de la "Operación Topógrafo", que habría seguido por seis meses en 2017 las actividades de dos funcionarios activos en la institución y dos en retiro, quienes habrían sido espiados y sus conversaciones interceptadas por la Dirección de Inteligencia del Ejército.
La institución respondió a las publicaciones con un comunicado, donde asegura que "las actividades de inteligencia y contrainteligencia, necesarias para detectar, neutralizar y contrarrestar, dentro y fuera del país, las actividades que puedan afectar la defensa nacional, se han ajustado plenamente a las disposiciones de la ley N°19.974".
Dicha legislación autoriza estas actividades en caso de "que tengan por objetivo resguardar la seguridad nacional y proteger a Chile y su pueblo de las amenazas del terrorismo, el crimen organizado y el narcotráfico".
Nuevos antecedentes por aclarar
Lo que se reveló en las publicaciones de prensa es que los cuatro implicados en el eventual espionaje —el capitán Rafael Harvey, el ex teniente Carlos Farías, el ex sargento Juan Pablo Díaz y el cabo primero Sergio Tudesca— habían levantado la voz ante las irregularidades que conocían dentro de la institución, lo que genera desconfianza en el parlamentario.
"Los cuatro interceptados sólo tienen en común tener la calidad de denunciantes de hechos de corrupción y si se interceptan llamadas a simples denunciantes de hechos de corrupción, a mí me cae la duda si es que en otros intereses que tiene el Ejército en otros poderes del Estado también han utilizado este tipo de acciones", señala Brito.
"Acá en ningún caso estuvo expuesta la seguridad nacional para aplicar la ley que hoy día se utiliza y creemos que hay abuso e incluso una situación de persecución a los denunciantes de hechos graves al interior de las fuerzas armadas"
Gabriel Silber
Para el diputado es relevante aclarar si "existía la autorización de un juez ministro de la Corte (de Apelaciones)", como lo señala la ley, "porque si es así, deberían haber fundamentado que esto amenazaba la seguridad nacional o bien la soberanía del país", afirma.
"Para nosotros es importante establecer serias sanciones a quienes abusan de la responsabilidad de poder proponer y llevar a cabo medidas intrusivas como las intercepciones telefónicas", añade el diputado, quien señala que espera que "el Gobierno colabore en encontrar claridad y soluciones".
En ese sentido, la comisión ya había citado al comandante en jefe del Ejército, Ricardo Martínez, y al ministro de Defensa, Alberto Espina, para este martes en el Congreso, instancia en la que se les preguntará por los nuevos antecedentes.
La otra comisión
El Ejército estableció en su comunicado que "el control de las actividades de inteligencia está entregado a los tribunales de justicia y a la Comisión Especial de la Cámara de Diputados que establece el Art. 37 de la Ley N°19.974, ante la cual comparece y comparecerá, siempre que sea requerido, el Director de Inteligencia del Ejército de Chile"
Para el también integrante de la comisión sobre irregularidades del Ejército, el diputado Osvaldo Urrutia (UDI), se trata de una materia que le corresponde conocer a otra comisión: la que investiga el control de Sistemas de Inteligencia, que él preside. Es ella la que debería citar al director de Inteligencia del Ejército "para informar a los diputados integrantes de esta comisión sobre esta materia", asegura a Emol.
"La comisión no tiene ningún antecedente de esta operación, ni ha recibido testimonios relacionados a ese tema. Si los tuviéramos, no podrían ser objeto de comentarios y sólo se podrían entregar a un ministro de la Corte de Apelaciones", añade.
En tanto, el diputado Gabriel Silber (DC) confirma que el comandante en jefe y el ministro de Defensa también serán citados a la comisión de inteligencia. "Acá en ningún caso estuvo expuesta la seguridad nacional para aplicar la ley que hoy día se utiliza y creemos que hay abuso e incluso una situación de persecución a los denunciantes de hechos graves al interior de las fuerzas armadas", añade.
El diputado se refiere también a la situación del periodista Mauricio Weibel, autor del libro Traición a la patria (Random House, 2016), a quien —según el reportaje publicado por La Tercera— también se espió en un plan denominado "Operación W". Weibel anunció por sus redes sociales que recurrirá a la Justicia y manifestó que le parece "grave" que "sigan los seguimientos a civiles".
