Una de las imágenes que se ha repetido durante la última semana viene producto de los cabildos autoconvocados que se han llevado a cabo a lo largo de todo el país. Esto, luego del estallido social ocurrido el pasado 18 de octubre, gatillando ininterrumpidas manifestaciones en todo Chile.
Las instancias de conversación comenzaron a concretarse el pasado viernes 26 de octubre, cuando aún se mantenía el estado de emergencia en algunas regiones del país. La idea de estos cabildos -sistematizados por el movimiento Unidad Social, integrado por Luis Mesina, Bárbara Figueroa y Mario Aguilar, entre otros- es analizar las medidas que debiesen llevarse a cabo para poner solución a las problemáticas que empujaron a las manifestaciones.
"Aquí no hay ningún sesgo político, todo lo que se quiera decir se puede decir".
Paula Muñoz, miembro de Unidad Social
Y en ese contexto, juntas de vecinos, familias y hasta clubes deportivos se han congregado en distintas plazas, parques y espacios abiertos para llevar este diálogo.
Según Unidad Social, movimiento en el que confluyen cerca de 200 organizaciones, como la Coordinadora No+AFP, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y el Colegio de Profesores, hasta el viernes eran más de 10 mil las personas que habían sido parte de estos cabildos en solo 6 días, donde se suscribieron actas con firmas y rut de los participantes.
Se espera que esta etapa de conversación, que se ha realizado, según Unidad Social, en más de 70 comunas de todas las regiones del país y que ha sido calificada desde el movimiento como un "éxito", finalice el próximo jueves 7 de noviembre para luego realizar el análisis de las principales conclusiones a las que se llegaron en los cabildos.
Según expuso a Cooperativa Claudia Dides, vocera de la organización Marca AC, la información recopilada será respaldada por la Universidad de Chile -luego de que se firme un acuerdo en los próximos días- y se sistematizarán los datos en un informe que estará puesto a disposición de la ciudadanía.
"Se hará un resumen, que va a ser parte de los petitorios, y que se convierte en documento ciudadano para que los voceros de las organizaciones puedan usarlo tanto a nivel comunal, regional y nacional, y eso se hará en el marco del proceso político", señaló.
En tanto, Paula Muñoz, miembro del equipo de sistematización de Unidad Social, enfatizó durante un punto de prensa ofrecido por el movimiento el pasado viernes que "aquí no hay ningún sesgo político, todo lo que se quiera decir se puede decir".
¿Cómo funcionan?
Respecto al funcionamiento de estos cabildos autoconvocados, en la página web de Mesa Social se sugiere una metodología para permitir una básica sistematización de éstos con miras a generar "un relato nacional".
Así, la organización invita a realizar estas reuniones, en las que puede participar cualquier persona que lo desee, en consultorios, escuelas, universidades, centros culturales, juntas de vecinos, lugares de trabajo "y en todo lugar que permita reflexionar colectivamente sobre el momento actual en Chile", proponiendo que quienes quieran concretar una asamblea informen al movimiento el lugar en el que se llevará a cabo y hagan una inscripción de sus participantes.
El movimiento sugiere que cada asamblea se divida en grupos de mínimo 6 o máximo 10 personas en donde se respondan las siguientes preguntas: ¿Cuál es el origen del conflicto actual? ¿Qué ha generado el malestar ciudadano? ¿Qué oportunidades ofrece esta movilización nacional? ¿Cómo es posible avanzar en mayor justicia social? ¿Existen demandas prioritarias? ¿Se necesita una asamblea constituyente? ¿Qué tipo de acciones pueden realizar la ciudadanía y las organizaciones sociales para conseguir sus objetivos?
Cada pregunta tiene un tiempo determinado para ser debatida y cada grupo cuenta con un moderador "quien da la palabra y toma el tiempo, buscando que todos tengan tiempos similares para exponer", señala Unidad Social.
Los temas que más se han repetido dentro de las discusiones, según la organización, han sido asamblea constituyente y nueva constitución, pensiones y No+AFP, junto a protección del medio ambiente, nacionalización de suministros básicos, educación y salud, además de justicia por presuntas violaciones a los Derechos Humanos.
