"Creo que hemos sido muy permisivos y muy tolerantes con la corrupción", dijo el ministro Gonzalo Blumel.
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SANTIAGO.- Tras haber anunciado una agenda social como primera respuesta a la crisis social que se desarrolla en Chile, y luego una agenda de seguridad para enfrentar los actos de violencia que se han producido en torno a las manifestaciones pacíficas, ahora el Gobierno prepara un tercer plan de medidas y proyectos apuntando a las "injusticias" que se producen tanto en el mundo privado como el público.
"Creo que hemos sido muy permisivos y muy tolerantes con la corrupción", dijo el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, al explicar de qué se tratará la "agenda antiabusos" o "antiprivilegios" que están desarrollando en el Ejecutivo.
En ese sentido, explicó en la edición del domingo de Mesa Central de Canal 13 que "tenemos evidencias de
prácticas anticompetitivas, de
colusiones, de
oligopolio con regulaciones débiles que hay que corregir", dijo respecto a las empresas.
Y añadió que "el sector público también tiene que mirar sus instituciones y hacer un esfuerzo por corregir muchos de los problemas que al final se traducen en algo muy complejo: que la gente siente una desigualdad en el trato, que no tenemos igual dignidad".
En tanto, fuentes de La Moneda, confirmaron a Emol que se está trabajando en esta materia, pero aún se están definiendo los plazos para su presentación. Especialmente, decidiendo lineamientos legislativos al respecto.
Es así que se están analizando los proyectos que ya están en trámite en el Parlamento y que tienen relación a estas materias para establecerles urgencias, y así agilizar su trámite, o presentarle indicaciones para mejorarlos. Al mismo tiempo, se revisa la necesidad de ingresar otros que apunten al mismo tema.
Según adelantó el ministro Blumel, por ejemplo, se está trabajando en fortalecer las penas y sanciones "para los delitos de cuello y corbata".
Asimismo resaltó que previo a la crisis social ya se habían producido algunos avances, como que la colusión ahora cuenta con penas de cárcel, pero al mismo tiempo "uno puede avanzar hacia otros frentes, como aumentar las penas cuando son bienes básicos o evaluar la responsabilidad de las empresas jurídicas".
"En el fondo, lo que nosotros queremos es que las sanciones por incumplir la Ley sean estrictas para todo tipo de delito, especialmente aquellas que afectan la fe pública (...)", resaltando que hay otros asuntos más "simbólicos" que también tienen que ser modificados en ese sentido, como por ejemplo, la
rebaja a la dieta parlamentaria que tras el estallido social
comenzó a discutirse en la Cámara de Diputados.
Por último planteó la necesidad de "establecer una regulación mucho más estricta, por ejemplo, para cuando se producen hechos que atenten contra la probidad en el tránsito del sector privado al sector público y del sector público al sector privado", explicó el ministro del Interior, junto con asegurar que se evaluarán "todas aquellas cosas que puedan constituir un espacio de impunidad y de abuso".
