SANTIAGO.- En más de 200 páginas, el suspendido fiscal regional de O’Higgins, Emiliano Arias, presentó ante la Corte Suprema sus descargos por el proceso de remoción que ya solicitó el persecutor nacional, Jorge Abbott.
Los argumentos los dejó en la oficina del Pleno de máximo tribunal, lugar al que llegó en compañía de su abogado Cristóbal Osorio. Allí, el persecutor aseguró que desde este momento "comienza el camino para demostrar la falta absoluta de la solicitud de remoción presentada en mi contra".
Arias informó que en los descargos se encuentran antecedentes de su carrera judicial y "reconocimiento expresos de los que fueron mis anteriores jefes directos", nombrando al ex fiscal nacional Sabas Chahuán, y la ex regional Occidente, Solange Huerta, como algunos que realizaron una declaración jurada.
Por su parte, Osorio acusó ocultamiento de evidencia por parte del Ministerio Público, adelantó que se presentarán cuatro testigos y comentó que se cuenta con un informe jurídico del ex supremo Urbano Marín, "quien señala que es absolutamente improcedente el procedimiento disciplinario en contra de Emiliano Arias".
Fue a fines de septiembre cuando Abbott resolvió, en el marco de un proceso administrativo llevado en contra del regional y sobre la base de lo que tildó como un "mal comportamiento y negligencia manifiesta en el ejercicio de sus funciones", imponer a Arias la máxima sanción contemplada para un miembro del ente persecutor, consistente en la suspensión del ejercicio del cargo por un plazo de dos meses con un goce de media remuneración.
Así también, se solicitó a la Corte Suprema iniciar el proceso de remoción.
Ya faltando un par de semanas para que se cumpla la sanción, Arias abordó su futuro laboral: "Los primeros días de diciembre vence la sanción de suspensión que se me aplicó y en eso yo estoy obligado a volver como funcionario público, sigo siendo fiscal, y ahí volveré. Y luego una decisión final en lo que dice relación con mi futuro será una decisión que tomaré cuando termine este proceso ante la Corte Suprema".
Los descargos
En sus descargos, según se informó mediante un comunicado desde la defensa del persecutor, se indicó que los fiscales regionales "tienen responsabilidad civil, penal y disciplinaria, pero no tienen en ningún caso responsabilidad política", recalcando así que la remoción es la mayor sanción que puede imponer la fiscalía.
"El fiscal nacional yerra al señalar que el procedimiento de remoción es un 'juicio político'", dicen los descargos, utilizando para ello dos argumentos: "Por un lado, porque la doctrina, jurisprudencia e historia de la ley señalan que los fiscales del Ministerio Público carecen de responsabilidad política".
"Los primeros días de diciembre vence la sanción de suspensión que se me aplicó y en eso yo estoy obligado a volver como funcionario público, sigo siendo fiscal, y ahí volveré. Y luego una decisión final en lo que dice relación con mi futuro será una decisión que tomaré cuando termine este proceso ante la Corte Suprema".
Suspendido regional Emiliano Arias
Y agregó: "Por otro lado, porque el mismo fiscal nacional en su defensa en el caso de solicitud de remoción en su contra señaló expresamente que el requerimiento de remoción surge del régimen de responsabilidad jurídico disciplinario; y finalmente, porque el Pleno de la Excelentísima Corte Suprema ejerce controles jurídicos y no políticos".
Arias dice además que "es improcedente solicitar la remoción del fiscal regional sobre hechos u omisiones que no han dado origen a investigaciones administrativas disciplinarias y que han impedido su adecuada defensa".
Como ejemplo, señala que uno de los hechos por los que se pide su salida refiere a haber infringido normas sobre "uso de vehículos fiscales", lo que fue indagado en sumario pero "no fue probada infracción administrativa alguna".
Mientras que también se le acusa de "haber asistido entre 2017 y 2019 solo a 4 de 9 reuniones del Consejo General de Fiscales, hecho que jamás ha sido imputado e investigado en procedimiento administrativo que se tenga conocimiento hasta la fecha".
Por otro lado, recalcó que nadie puede ser sancionado o investigado dos o más veces por los mismos hechos, y que en su caso ya se le aplicó una suspensión por diversas situaciones.
Señaló también que la responsabilidad disciplinaria se encuentra prescrita en varios hechos cuestionados, como declaraciones a la prensa. En cuanto a haber compartido una ficha del sistema interno de la fiscalía a un tercero ajeno a la institución, defendió que estas "no son reservadas, en tanto que contienen datos generales de libre acceso público".
