VALPARAÍSO.- El acuerdo nacional por una nueva Constitución, firmado la semana pasada por la mayoría de los partidos con representación parlamentaria, fue un gran hito en la historia nacional y marcó un punto relevante tras el estallido ciudadano. Pero al mismo tiempo abrió la puerta a una serie de asuntos prácticos que ahora deben resolverse y que deben traducirse en leyes.
El punto 10 del acuerdo consigna que las colectividades que lo suscribieron designarán una comisión técnica que se abocará a la "determinación de todos los aspectos indispensables" para materializar el acuerdo. Y agrega que la designación de sus miembros será paritaria entre oficialismo y oposición. Además el ministro de la Segpres, Felipe Ward, afirmó ayer que el Gobierno también quiere colaborar en esa mesa de expertos.
Esa comisión aún no se ha constituido ya que algunos partidos no han definido todavía los abogados constitucionalistas que los representarán, pero una vez que se nombren ellos tendrán la misión, en simple, de "traducir" el acuerdo en una norma. Es por eso que deberán elaborar una especie de "pre proyecto" de reforma constitucional para que luego sea debatido y definido por el Congreso.
La comisión de Constitución de la Cámara ya estaba tramitando una reforma a la Constitución para permitir la realización de un plebiscito y se estaban discutiendo indicaciones para legislar sobre el mecanismo, pero ahora sus miembros decidieron esperar el informe de la comisión técnica para votar una sola reforma que contenga todos estos aspectos considerando el acuerdo político.
En tanto, el presidente de la Cámara, diputado Iván Flores (DC), llamó a los partidos a que definan a los integrantes de la comisión a la brevedad y que idealmente comiencen a trabajar esta misma semana ya que según él "estamos ajustados" con los plazos.
El plan es que la comisión técnica evacue su propuesta el próximo 28 de noviembre para que el Congreso pueda despachar la reforma constitucional el 24 de diciembre, ya que el 2 de enero el Presidente Sebastián Piñera debe hacer el llamado al plebiscito para que el Servicio Electoral pueda cumplir con sus plazos de cara a que la consulta se haga el domingo 19 o el 26 de abril.
Lo que falta por dilucidar
Justamente la fecha del plebiscito es, por ejemplo, uno de los temas que deberá resolver la reforma; tiene que señalar si se permitirá o no la propaganda electoral, si es que los chilenos en el extranjero podrán votar por delegados a la convención constituyente (en caso de que se apruebe un cambio a la Constitución), si es que se definirá una cuota para los pueblos originarios y de género en la conformación de la convención y otros asuntos propios del sufragio que le competen al Servel.
Solo hay algunos pocos aspectos ya definidos según el acuerdo, pero que también tienen que quedar explicitados en la reforma. Es así que sí debería haber cuotas de género a la hora de presentar las candidaturas de los convencionales y la distribución de los nomimados sería distrital, ya que el punto 4 del acuerdo dice que ellos serán electos en octubre de 2020 (en la misma elección municipal y de gobernadores regionales) "bajo sufragio universal con el mismo sistema electoral que rige en las elecciones de diputados en la proporción correspondiente".
También se indica que si una autoridad en ejercicio quiere presentarse como delegado debe renunciar al cargo. Eso también correrá para los actuales parlamentarios.
La reforma, según establece la Carta Fundamental vigente, debe aprobarse con el la votación mayoritaria de los dos tercios de los legisladores en ejercicio en cada una de las Cámaras, por lo que el acuerdo político se hace nuevamente fundamental en esta etapa, ya que oposición ni oficialismo alcanzan por sí solos este quórum.
La LOC
Hay otros aspectos propios de la conformación y funcionamiento de la convención constituyente (mixta o no, según elija la ciudadanía) que podrían definirse a través de una Ley Orgánica Constitucional (LOC). Como por ejemplo, cuántos convencionales se elegirán, a cuánto ascenderá su dieta, dónde trabajarán y si los funcionarios del Parlamento deberán prestarles colaboración jurídica y administrativa.
También tiene que establecerse cuánto será su remuneración. En ese sentido, según un informe financiero redactado por la secretaría de la Cámara si es que la convención sesiona por un año (tiene un plazo de 9 meses con la posibilidad de extenderse por tres más según el acuerdo), está integrada por 155 convencionales y ellos ganan lo mismo que un consejero regional y sesionan en el ex Congreso en Santiago, el costo para el Estado será de $2.700 millones (dieta más gastos operacionales).
"Es muy probable que algunos de los partidos exijan que todo quede contenido en la reforma. Los partidos no van a permitir que queden cabos sueltos para Ley Orgánica Constitucional, esa es mi impresión"
Matías Walker
Además es en esta LOC donde podría resolverse qué pasará con uno de los elementos que han quebrado al Frente Amplio y tensionado al Partido Comunista con el resto de las colectividades: los quórums de votación. Según señala el acuerdo, la convención "deberá aprobar las normas constitucionales con el voto a favor de dos tercios de sus miembros en ejercicio y se discutirá la nueva Carta Marga en base a una "hoja en blanco". Por lo que aún no se ha resuelto qué pasará con aquellos artículos o capítulos en los que no exista acuerdo.
Si bien la reforma tiene que estar aprobada antes de Navidad, la LOC tiene un poco más de plazo para estar promulgada dado que la comisión comenzaría a operar en noviembre del próximo año. Sin embargo, el presidente de la comisión de Constitución de la Cámara, diputado Matías Walker (DC), anticipó un escenario político que adelantaría este último proceso o solo le dejaría algunos puntos por resolver.
"Es muy probable que algunos de los partidos exijan que todo quede contenido en la reforma. Los partidos no van a permitir que queden cabos sueltos (para la LOC), esa es mi impresión", dijo a Emol el falangista.
Un último aspecto es que al igual que el Congreso, la convención deberá tener un reglamento para su operación. Para eso, según confirmó este medio, se la ha encargado a la secretaría de la Cámara que comience a elaborar un escrito con el fin de agilizar los procesos cuando este órgano se constituya y además considerando que no todos sus miembros, necesariamente, van a tener experiencia legislativa anterior.
En el mismo sentido, desde el Parlamento han mostrado la disposición prestar asesoría académica a la convención a través de la Biblioteca del Congreso y con las universidades -especialmente escuelas de Derecho- con las que tiene convenio.
