"Graves violaciones a los derechos humanos", son las que ha cometido Carabineros desde el estallido social del pasado 18 de octubre, según el informe presentado esta mañana por
Human Rights Watch (HRW), el cual dio cuenta de las conclusiones de la organización respecto al actuar de la institución policial tras recopilar información durante dos semanas en el territorio nacional, haciendo un llamado "urgente" a reformar la institución policial.
Documento que llega cinco días después de que la ONG Amnistía Internacional presentara el propio, desde donde calificaron la situación en Chile como una "gravísima crisis de derechos humanos", asegurando que la intención de las fuerzas de seguridad chilenas es "lesionar a quienes se manifiestan para desincentivar la protesta".
Informes que fueron tomados por el Gobierno de forma totalmente distinta. Mientras el trabajo de Amnistía Internacional fue rechazado "categóricamente" por Ejecutivo, afirmando que contiene "aseveraciones irresponsables", las conclusiones de HRW fueron valoradas, pese a tomarlas con "preocupación y dolor".
Pero ¿qué diferencias -y similitudes- tienen principalmente ambos documentos, más allá de establecer que Carabineros ha cometido efectivamente abusos a los derechos humanos tras el estallido social?
Sobre violaciones sistemáticas
En primer lugar, el análisis de Amnistía Internacional es enfático en señalar que el actuar abusivo de la policía es concertado y no se tratan de "hechos aislados o esporádico, sino que responden a un patrón consistente en el tipo de violaciones", apuntando de esta forma a un "grado de coordinación" sostenido para mantener la "represión violenta" de las protestas.
Si bien HRW recalca el uso excesivo de la fuerza por parte de Carabineros -que ha afectado tanto a manifestantes como a transeúntes, además de abusos en detenciones- dice no contar aún con los antecedentes para advertir un actuar coordinado y sistemático de parte de la fuerza policial para aquello.
Es más. Para establecer eso, el director para las Américas de la organización, José Miguel Vivanco, sostuvo que "responsablemente no podemos hacer ese tipo de inferencias" y que para establecer una violación sistemática de los derechos humanos se requeriría de "una instrucción que esté originada en las autoridades máximas", de lo cual no tiene antecedentes, según relató.
Y ahí, otra diferencia: según Amnistía la responsabilidad de las violaciones a los derechos humanos que apuntan a Carabineros es del "más alto nivel", ya que esto se trataría de una "política de castigo" de parte del Gobierno.
HRW, por su parte, afirmó que "los abusos durante el período de detención y las graves lesiones sufridas por cientos de manifestantes ocurrieron en gran medida debido a las falencias estructurales" de parte de la institución policial, desde donde no han podido "asegurar una adecuada supervisión y rendición de cuentas por las actuaciones de carabineros".
Estado de emergencia, testimonios y recomendaciones
Human Rights Watch en su informe no da impresiones respecto a si la decisión del Gobierno de decretar estado de emergencia y sacar a los militares a las calles fue adecuada o no, mientras que Amnistía aseguró que aquello tuvo consecuencias "catastróficas".
Ambos documentos presentan relatos de lesionados graves producto del actuar policial. El informe de HRW incluye testimonios de personas heridas acompañada de imágenes de éstas, y en cuanto a fallecidos se da cuenta de posibles responsabilidad de Fuerzas Armadas o policiales, recalcando que aquello debe ser investigado por la justicia del país.
Por su parte, Amnistía Internacional acompaña sus conclusiones con relatos de fallecimientos que apuntan directamente a la culpabilidad de las fuerzas de orden en base a relato de testigos, aunque también expone que estos hechos deben ser debidamente indagados por tribunales independientes.
En cuanto a los funcionarios de Carabineros que han resultado heridos en medio de manifestaciones, Amnistía Internacional da cuenta de algunas cifras sin ahondar en mayores detalles, mientras que HRW da mayor énfasis a ese punto, exponiendo que los efectivos están trabajando de manera "extenuante", detallando algunas de las lesiones que han sufrido y exponiendo que han sido atacados con "piedras y bombas molotov".
Otra diferencia tiene que ver con las recomendaciones que hace cada organización. Las sugerencias de HRW se enfocan en establecer una reforma profunda a Carabineros, y Amnistía, además de lo mismo, llama investigar las responsabilidades de mando en las violaciones a los derechos humanos y a que las autoridades aseguren que las "legítimas demandas de la población sean atendidas".
Similitudes
En cuanto a la similitudes de ambos informes, tanto HRW como Amnistía Internacional apuntan a tratos crueles, torturas y violencia sexual de parte de funcionarios uniformados en contra de personas detenidas, como las denuncias que dicen relación con que personas, incluido niños, eran obligados desvestirse y hacer sentadillas desnudos en comisarías, pese a que los protocolos de la institución prohíben esa práctica.
Incluso los dos informes señalan que estas actuaciones de carabineros habrían existido desde antes del estallido social, el pasado 18 de octubre.
Asimismo, las organizaciones coinciden en la conclusión respecto a que la institución uniformada no cuenta con las herramientas de prevención necesaria para evitar abusos y ambos hablan de armas antidisturbios -y potencialmente letales- que han sido utilizadas de forma inadecuada e indiscriminada en contexto de protestas, por lo que claman por un mayor control de éstas.
Por últimos, Amnistía Internacional y Human Rights Watch recalcan la necesidad de que Carabineros restrinja el uso de la fuerza y la ejerza de manera proporcional.
