SANTIAGO.- El paso del juez Daniel Urrutia por el Poder Judicial no ha pasado desapercibido.
El magistrado, que actualmente se desempeña en el 7° Juzgado de Garantía de Santiago, ha estado vinculado a casos mediáticos, varios de ellos contra autoridades, e incluso ha llevado a la Corte Suprema ante instancias internacionales.
Así, por ejemplo, encabezó la formalización de dos mujeres por la agresión que a fines de 2018 sufrió el entonces presidente del Tribunal Constitucional (TC), Iván Aróstica, decretando medidas cautelares que más tarde serían revocadas en Apelaciones.
Mediático también fue el caso en el que, en juicio abreviado, condenó al joven que en abril de 2007 atacó con piedras el auto de la actual ministra -y también vocera- del máximo tribunal Gloria Ana Chevesich, por atentado contra vehículo en movimiento, en vez de atentado contra autoridades.
En tanto, en 2013 una de sus resoluciones causó molestia en el Ejecutivo, luego que considerara como una falta de respeto a una autoridad pública, y no como un delito de atentado, el escupo lanzado contra el Presidente Sebastián Piñera durante el velorio del sacerdote Alfonso Baeza, dejando sin medidas cautelares a la única imputada. Aquello, ocurrido en el primer mandato del Presidente, fue revertido a los días en el tribunal de alzada de Santiago, donde se consideró el hecho como un ilícito.
En 2016, en tanto, se inició una causa penal en su contra por el delito de prevaricación, al sobreseer a 76 personas de Andha Chile que se tomaron una sucursal bancaria en septiembre de ese año. En 2018 terminó por ser sobreseído.
Al interior del mundo en el que ejerce también ha causado ciertas molestias. En su tesis de posgrado indicó que la Suprema debía pedir perdón por su rol en la dictadura, provocando que dicha Corte le aplicara una amonestación privada, la que más tarde (2018) fue retirada.
Urrutia llevó el caso hasta a Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la que a fines del año pasado remitió el proceso a Corte Interamericana de Derechos Humanos. En su informe, la CIDH concluyó que Chile violó las garantías judiciales, el principio de legalidad, el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la protección judicial, porque Urrutia no fue notificado.
Desde el Poder Judicial confirmaron a Emol que el magistrado, desde su ingreso al mismo en el año 2.000, ha sido objeto de aproximadamente nueve sumarios, tres de los cuales están pendientes desde el año 2015 en la Corte de Santiago, mientras que hay dos en los que fue sancionado.
Entre estos últimos se encuentra el caso por el que la Suprema revirtió la sanción, y que se mantiene en la Corte internacional porque no hubo acuerdo reparatorio. La audiencia para tratar aquello está fijada para el 30 de enero en San José de Costa Rica.
Entre las indagatorias se encuentran aquellas por maltrato laboral, y también por ordenar al Servel y Gendarmería instalar urnas para que aquellos en prisión preventiva pudieran votar.
Por ese entonces, el Observatorio para la Protección de los Defensores de DD.HH. acusó "hostigamiento" en contra de Urrutia.
Los casos durante la crisis social
Ya desde el estallido de la crisis social, ocurrido el pasado 18 de octubre, el nombre del magistrado volvió a los medios. Primero fue por la denuncia por presuntas torturas en la comisaría ubicada al interior de la estación de Metro Baquedano, recinto policial al que concurrió con el juez Darwin Bratti tras la presentación de un amparo preventivo.
El denunciante acusaba que en el lugar habían personas amarradas, colgadas desde el techo, asegurando haber escuchado a uno pidiendo ayuda. La acción terminó por ser desestimada al no encontrarse ninguna persona en el lugar.
Urrutia, en tanto, dijo a La Tercera que habían encontrado dos amarras cortadas y que en el piso de un sector, no cubierto por cámaras, había agua, mientras que Bratti precisó que horas antes la comisaría había sido foco de un incendio.
Ya en entrevista con CNN y Tele13, Urrutia añadió que "en el punto ciego de la estación se encontraron siete cartuchos percutados de escopeta". La fiscalía Oriente por su parte, diría después que, por el momento, se descarta la comisión de algún delito en el lugar.
Por otros casos ocurridos durante la crisis, Urrutia también acusó en prensa violación a los DD.HH., y "terrorismo de Estado".
Posteriormente, el juez resolvió declarar inadmisible la querella por Ley de Seguridad del Interior del Estado presentada por la Intendencia Metropolitana en contra del ex candidato a diputado Dauno Tótoro, al considerar que los dichos de este último no serían constitutivos de delito.
Desde el Ejecutivo, en tanto, alegaban que se trataba de un caso de incitación a subversión. Ya a las semanas, la Corte de Santiago declaró admisible la querella.
A su vez, Urrutia denunció un supuesto espionaje telefónico luego de constatar anomalías en sus comunicaciones. Aquello lo investiga la Fiscalía Centro Norte.
El último hecho que lo llevó a los medios ocurrió hace unos días, cuando citó al intendente metropolitano Felipe Guevara al tribunal que integra para entregar un informe que aborde la detención de un joven que declaró ilegal. Guevara no llegó al recinto penal, alegando no haber sido notificado formalmente, mientras que Urrutia aprovechó de criticar el hecho que desde el Ejecutivo se exigiera pedir autorización para manifestaciones, lo que a su juicio sería inconstitucional.
Tras lo ocurrido en los últimos meses, el nombre de Urrutia sigue causando ruido en tribunales. Y es que más de alguno critica la disposición del juez de aparecer ante los medios de comunicación, en instancias que se hubiese valorado su desempeño en la sede judicial.
Fue así como algunos comentan que asumió la visita por la denuncia de torturas en Baquedano cuando no habría estado de turno, prefiriendo aquello antes de apoyar al resto de los magistrados que debieron hacer jornadas especiales por esos días.
