SANTIAGO.- "Si no podemos hacer partidos de fútbol ni pruebas académicas, uno se puede preguntar en qué condiciones vamos a realizar el plebiscito de abril, si es que podemos realizarlo, además. Si no podemos hacer la PSU, ¿por qué podríamos hacer una elección?", cuestionó esta semana el doctor en ciencias políticas, Daniel Mansuy.
Sus temores cobraron mayor relevancia después de lo ocurrido ayer, luego de que tras una serie de tomas, el Consejo de Rectores suspendió el examen a nivel nacional, ratificando de ese modo la fragilidad evidenciada en materia de orden público desde el inicio de la crisis social y que pone una interrogante sobre el proceso constituyente.
La interrogante planteada por Mansuy ya había sido verbalizada desde el Gobierno. El primero en hacerlo fue el
ministro del Interior, Gonzalo Blumel, quien sostuvo que “no será posible concretar la agenda social y constitucional sin orden público”, algo que ayer fue refrendado por su par de la Segpres, Felipe Ward.
Según el secretario de Estado, luego de los problemas registrados en el desarrollo de la prueba, existe inquietud en las personas sobre la posibilidad de que esos hechos se repitan en las elecciones. "Hay preocupación en la ciudadanía, en el Gobierno, en la oposición, en general, porque lo que vimos ayer en la PSU es preocupante", indicó.
La misma postura han expresado desde Chile Vamos, sobre todo desde Evópoli, precisamente el mismo partido de Blumel. Por ejemplo, el senador Felipe Kast, aseveró ayer que "hay muchos que creemos que el proceso constituyente, con condiciones que le den legitimidad, es una tremenda oportunidad".
"(Pero) si vemos una oposición que en lugar de estar generando esas condiciones, se dedica sistemáticamente a generar justamente lo contrario, y además si vemos que como Estado no somos capaces de generar condiciones para que la violencia termine, claramente eso atenta contra el mismo proceso", recalcó.
Ese punto de vista ha cimentado el avance del rechazo a una nueva Constitución en la centroderecha. Ya son públicos los esfuerzos que están llevando a cabo parlamentarios de la UDI y RN para coordinar una campaña por el "No" y otros legisladores que están por el "apruebo" han expresado dudas por el tema del orden público.
"Hemos adquirido la más absoluta convicción de que la idea de una nueva Constitución debe ser rechazada.
Nos hemos visto cubiertos de un manto de violencia y faltas de respeto que han llevado a vulnerar, incluso, el Acuerdo por la Paz que se firmó el 15 de noviembre”, cuestionaron algunos diputados de esos partidos.
En tanto, el líder de Evópoli, Hernán Larraín, señaló que "muchos que están por una nueva Constitución se preguntan si están las condiciones sociales para un proceso constituyente". Lo mismo planteó Luciano Cruz Coke, quien reconoció que "partí con ganas de aprobar, pero el proceso se ha ido diluyendo por falta de compromiso de sectores firmantes en condenar la violencia".
No obstante, más allá de los dichos de Blumel y Ward, al interior de La Moneda aún hay tranquilidad, ya que creen que la seguridad en la elección del 26 de abril no debería ser un tema complejo, dado que piensan que los grupos más radicales de oposición están mayoritariamente a favor de que se realice el plebiscito.
Asimismo, creen que pese a los incidentes que empañaron la PSU, lo que pase finalmente con el plebiscito dependerá en gran medida del ambiente que se genere en marzo con dos hitos puntuales: El cierre de las vacaciones de los estudiantes y la conmemoración del Día Internacional de la Mujer.
Críticas en la oposición
Sin embargo, la postura asumida por Chile Vamos fue criticada desde la oposición. Al respecto, el presidente del PS, Álvaro Elizalde, señaló a Emol que "parece que el Gobierno está buscando excusas para hacer fracasar el proceso constituyente. Este es un tema de convicción democrática".
“La ciudadanía está convocada a pronunciarse en abril y el Gobierno debe garantizar el respeto a la voluntad del pueblo. Todos los días inventan un nuevo argumento para cuestionar el proceso, que ha sido convocado sobre la base de una reforma constitucional aprobada por una amplia mayoría en el Congreso”, recordó.
Sobre si el proceso pierde legitimidad al desarrollarse en medio de un clima de crispación y violencia, el líder socialista advirtió que "toda Constitución elaborada en democracia con amplia participación ciudadana
tiene una base de legitimidad incuestionable".
"Es lamentable que los partidos de Gobierno, en una especie de déjà vu, retrocedan en el tiempo y ocupen casi los mismos argumentos que utilizaron en el plebiscito del '88 para apoyar a la dictadura. Lejos de impulsar campañas de desinformación y de temor, el oficialismo debería comprometerse con el éxito del proceso constituyente", recalcó.
En la misma línea, el presidente del PR, Carlos Maldonado, señaló a este medio que "es responsabilidad de todos, pero especialmente del Gobierno, generar las condiciones de paz social necesarias para desarrollar un proceso constituyente en un clima adecuado. ¿Cómo se logra? Con un verdadero acuerdo social entre el Gobierno y la oposición".
"Sobre esa base se va a poder construir paz social y sobre esa base se va a construir orden público. De otra manera es muy difícil avanzar, porque siempre va a haber descontento, frustración, como dicen cuenta todas las encuestas, y ello también tiene una expresión violenta que nosotros rechazamos", indicó.
En cuanto a quienes han salido a cuestionar la legitimidad del proceso, el timonel radical advirtió que "el hecho de que sea la ciudadanía la que decida si quiere o no una nueva Constitución, su mecanismo y que esta pueda ser redactada por un universo de personas directamente elegidas para ese propósito, yo creo que garantiza la legitimidad democrática".
"Estoy de acuerdo en que es claramente deseable que cuando se desarrolle el proceso constituyente, especialmente cuando se haga la elección de los constituyentes y realicen su trabajo, se realice en un clima de paz social. Ahora, para eso, es necesario que haya un acuerdo social real entre el Gobierno y la oposición", reiteró.
Menos chantaje y más acción contra la violencia
En tanto, la cientista política y académica del Instituto de Asuntos Públicos de la U. de Chile, Claudia Heiss, cuestionó el argumento esgrimido por Chile Vamos sobre la falta de condiciones mínimas para desarrollar el proceso constituyente y recordó que estas "han estado desde por muchos años".
"El sistema político no le dio relevancia que tenía cuando lo propuso Michelle Bachelet y hoy se están pagando las consecuencias, si no fuera por el estallido del 18 de octubre, no hay ninguna duda que no estaríamos teniendo esta discusión constitucional. Entonces, es un argumento espurio", comentó.
Heiss dijo entender que "la derecha se sienta chantajeada por la movilización social, pero en la medida que tengamos elecciones limpias, justas, monitoreadas por el Servel, su deber es garantizar un proceso que tenga legitimidad para que la Constitución que resulte sea pluralista".
"En la medida que la derecha se muestre abierta a generar un proceso justo, la izquierda también tiene que ser responsable".
Claudia Heiss, cientista política
"Su trabajo, más que estar en el discurso del chantaje, es tratar de velar porque haya garantías.
Este tipo de argumentos justamente promueven lo contrario, más polarización, crispación. Creo que es importante que todas las fuerzas políticas estén con este esfuerzo democratizador", recalcó.
En ese contexto, la experta manifestó que "en la medida que la derecha se muestre abierta a generar un proceso justo, la izquierda también tiene que ser responsable y tratar de buscar vías institucionales y negociadas de solución de problemas".
"La izquierda debiera tratar de buscar una solución que no sea con medidas de fuerza como lo de la PSU, que no es la manera de promover el cambio al sistema educacional. Y creo que sí faltó en el Frente Amplio y la oposición una condena más clara a la acción de los grupos que estuvieron boicoteando la PSU", concluyó.
