SANTIAGO.- Nuevos detalles entregó este lunes la subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren, sobre la idea de la cartera de Justicia de presentar durante el primer semestre un proyecto de ley que regule el derecho a reunión.
Fue el ministro Hernán Larraín el que hace unos días anunció la iniciativa, en medio del debate abierto por el uso extensivo que se ha realizado del sector de Plaza Italia por parte de miles de manifestantes desde que se inició la crisis social.
Sin embargo, la subsecretaria aseguró que la intención de una nueva normativa surge principalmente a raíz de las demandas realizadas por distintas autoridades e instituciones, entre ellas el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y parlamentarios de Partido Comunista (PC).
"Es una demanda que ha venido por largo tiempo presentándose tanto respecto organismos internacionales de DD.HH., como de organismos nacionales de DD.HH. En este sentido es importante señalar que incluso que desde el Poder Legislativo distintas mociones parlamentarias presentadas con bastantes años de antelación han dado cuenta de la necesidad de regular por ley el ejercicio del derecho de reunión", señaló Recabarren.
Y agregó: "Hay mociones parlamentarias presentadas por la diputada Camila Vallejo, (por) Hugo Gutierrez, donde se señala esta importancia de avanzar en la regulación legal de este derecho".
"Estamos muy conscientes y comprometidos con la idea que se reúnan los esfuerzos y el poder generar esta discusión previa, prelegislativa, con distintos actores de la sociedad civil, de la academia, de todos los sectores políticos para poder recoger las distintas observaciones".
Subsecretaria de DD.HH. Lorena Recabarren.
Aseguró además que tanto de organismos nacionales e internacionales en materia de DD.HH. han manifestado dicho llamado. Recabarren sostuvo así que desde sus inicios, el INDH "ha señalado la necesidad de generar esta discusión a nivel legislativo".
El proyecto figura así dentro de la agenda legislativa de la cartera para este 2020, y no está ni siquiera redactado. Ello, explicó la subsecretaria, ya que contará con una etapa prelegislativa enfocada en recabar opiniones y observaciones de distintos sectores.
"Estamos muy conscientes y comprometidos con la idea que se reúnan los esfuerzos y el poder generar esta discusión previa, prelegislativa, con distintos actores de la sociedad civil, de la academia, de todos los sectores políticos para poder recoger las distintas observaciones", detalló.
Y concluyó: "Para nosotros como Gobierno, desde el ministerio de Justicia y DD.HH., representa un desafío muy relevante, importante para poder relevar en sede democrática esta discusión (...) Queremos que sea una discusión seria, democrática, que nos involucre a todos".
El proyecto, que estaría enfocado en la necesidad de hacer reformas en esa línea para hacer compatible este derecho con otros, como la libertad de circulación, generó rechazo entre los presidentes de los partidos de la oposición, quienes fueron de emplazar al Ejecutivo a dirigir su agenda más hacia lo social que al orden público.
