El edificio del grupo empresarial.
El Mercurio/Archivo
SANTIAGO.- Mediante una declaración pública el
Grupo Quiñenco reconoció que puso en contacto con "autoridades del Estado" a la empresa española que realizó el controvertido
informe Big Data, que el Gobierno entregó al Ministerio Público.
A través de una declaración pública, señaló que contrataron a la empresa
Alto Analitycs tras "el envío de una bomba a las oficinas de Quiñenco" ocurrida en julio del año pasado y que habría estado dirigida a Rodrigo Hinzpeter, gerente legal del grupo y ex ministro del Interior del primer gobierno de Sebastián Piñera.
"A partir del envío de una bomba a las oficinas de Quiñenco, se contrataron los servicios de diversos proveedores, entre ellos Alto Analytics para el monitoreo de información pública, así como otras empresas europeas y norteamericanas especializadas en seguridad corporativa, a fin de velar por la protección de todos nuestros trabajadores", dice el comunicado en el primero de sus cuatro puntos.
Y añade: "Meses después, en el contexto de crisis social y dada la alta capacidad de análisis que nos demostró Alto Analytics, decidimos poner en contacto a ese proveedor con autoridades del Estado, para su propia consideración y evaluación. A eso se limitó nuestra participación".
"Ignoramos si el Estado contrató los servicios de Alto Analytics y tampoco conocemos el informe que el Gobierno le habría entregado al Ministerio Público", añade el documento que fue difundido por el controlador del grupo, Andrónico Luksic en sus redes sociales.
Mientras que en su último punto, Quiñenco sostiene que "siempre será prioritario y de máximo interés para nosotros velar por la seguridad de nuestros trabajadores, y cuando creamos que podemos contribuir al bien de Chile, no dejaremos de hacerlo".
Luego de los diversos cuestionamientos al informe Big Data -que, por ejemplo, involucraba a agrupaciones del K-pop con el estallido social del 18 de octubre- el Ministerio del Interior indicó que no fue encargado ni realizado por el Gobierno de Chile, tampoco financiado con recursos públicos.
Además, recalcaron que el análisis fue puesto a disposición de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), tras lo cual se hizo llegar a la fiscalía.
