El reloj todavía no marcaba las 10.10 horas de este jueves, y el Presidente de la Cámara de Diputado, Iván Flores, tocó la campana para dar inicio a la cita en la Sala de la corporación y así comenzar a revisar la cuestión previa de la acusación constitucional en contra del intendente de la Región Metropolitna
Ayer la comisión revisora de la acusación, integrada por cinco diputados -cuatro opositores y uno oficialista- había declarado admisible el libelo, el cual cuestiona la forma en que la autoridad ha enfrentado las manifestaciones desde que asumió y particularmente por supuestamente impulsar una estrategia de "copamiento" policial en Plaza Italia.
Tras cerca de cuatro horas de discusión y exposición de cuatro de los cinco integrantes de la mencionada comisión, sumado a la alocución de Guevara y el encargado de su defensa, Cristián Muga, la Sala de la Cámara determinó por rechazar la cuestión previa, por lo que esta tarde analizará el fondo de la acción.
La estrategia de la defensa contó con 70 votos a favor, 78 en contra y una abstención, la del diputado Pablo Lorenzini (DC). Todos los sectores de la oposición -a excepción de Pedro Velásquez (Indepediente)- rechazaron.
Con ello, la oposición logró sortear otra valla para destituir a Guevera. A eso de las 15.00 horas se procederá a revisar el fondo de la acusación constitucional, la cual podría ser la primera en contra de un intendente que escala al Senado.
La defensa del intendente
El primero en tomar la palabra durante la sesión fue Guevara: "No tengo nada que ocultar, he actuado conforme a la ley y conforme a la Constitución. Asumí hace pocas semanas y mi primera prioridad fue devolverle la ciudad a lo vecinos", dijo, agregando que asumió "en el contexto de un fenómeno que no colaboré ni ayudé a provocar".
Seguido de ello, enfatizó en que "creo que el derecho de expresión", dando cuenta de las movilizaciones que autorizó, como algunas frente a al Palacio de La Moneda y otras de la CUT, taxistas y otras organizaciones. Además insistió en que "no es la autoridad la que les señalas cómo actuar a las policías".
"Se ha hablado del concepto de 'copamiento', un concepto policial que aprendí hace poco, que consiste en disponer de recursos adicionales en un procedimiento policial. Se usa en todo el mundo y en Chile. Es eso, disponer de recursos materiales y humos para proteger a las personas que se manifiestan. Es lo que ocurre en un partido de fútbol, en la Plaza de la Constitución", añadió.
Y respecto a la acusación constitucional, llamó a corta "con la aberración de usar un instrumento jurídico para castigar a las autoridades en un instrumento político, ¿qué es eso? ¿Vamos a usar esto porque una mayoría circunstancias de la Cámara no está de acuerdo con un intendente, con un ministro? (...). Creo que no corresponde y pudo respeto por esta herramienta".
Luego vino el turno de su abogado, quien expuso que "esta acusación es un desprestigio y no posee argumentos para siquiera sortear la cuestión previa", argumentando que el intendente "no dispuso la actividad o la decisión operativa de Carabineros de copamiento proventivo" y que "aun habiéndola dispuesto, este copamiento no infringió el derecho a reunión ni a la libertad de expresión".
Asimismo, subrayó que durante las movilizaciones de los días 20 y 27 de diciembre en plaza Italia ningún manifestante presentó alguna acción judicial reclamando afectación de sus derechos. "Existe un solo recurso de protección interpuesto por autoridades políticas (...), pero de un manifestante, que es lo que nos preocupa hoy día porque son sus derechos los que supuestamente afectó el intendente Guevara, ninguno".
Comisión revisora expone sus argumentos
Tras la defensa de Guevara, el diputado Diego Ibáñez (CS), quien defendió la procedencia del libelo, habló. "El copamiento no funcionó, la gente igual fue a manifestarse a la plaza y eso no es una constatación de que se permitió el derecho a la libertad de reunión, no seamos ingenuos. Para que pudiese ocupar la plaza, ya los enfrentamientos comenzaban alrededor de ella", aseguró.
Dicho eso, llamó a rechazar la cuestión previa: "Creemos que tiene fundamentación, es atingente y por cierto cuando los mínimos civilizatorios están en cuestión (...) actualizar nuestro criterio es lo que requiere una democracia saludable. Si no hay protesta social, si no hay derecho a la resistencia, si no hay derechos fundamentales, no hay otro Chile posible".
En tanto, José Miguel Ortíz (DC), durante su exposición, indicó que ayer, cuando se discutió la admisibilidad de la acusación, "yo voté a favor, claro que voté políticamente, porque soy político y el jefe de mi bancada firmó la acusación (...) Yo voté a favor de la acusación porque es un tema político", y añadió que "sigo votando a favor de la acusación".
Así, llegó el momento de la intervención del único oficialista de la comisión revisora: José Miguel Casto (RN). Llamó a "votar en conciencia, sabiendo que el voto siginifica no solo para el intendente acusado, sino para todos los intendentes que intentan resguardar el orden público en el país".
"Quisiera manifestar mi total rechazo a esta arbitraria acusación constitucional (...). Si hoy estamos juzgando sin fundamentos jurídicos a un intendente, se debe a una falta de prolijidad legislativa", agregó, enfatizando en su llamado a aprobar la cuestión previa y no permitir que la acusación siga avanzando, lo que finalmente no prosperó.
Para la diputada Alejandra Sapúlveda (FRVS), presidenta de la comisión revisora, dijo que haber acogido la cuestión previa habría significado caer "en una falta de control lamentable, elevando a un órgano del Estado a una irresponsabilidad constitucional", asegurando que la acusación "es la forma en que se hace valor la responsabilidad constitucional" y "la vía por la cual se controla el ejercicio del poder".
"La acusación no esta emitida en un parecer o una discrepancia entre una actuación u otra del intendente, sino en una infracción a la carta fundamental, particularmente al derecho a reunión por decisiones adoptadas en ejercicio de sus funciones. No se trata de una cuestión de orden discrecional, sino que se trata de una condición imputada al intendente que contraviene la Constitución Política de la República", aseveró.
Mientras que Pablo Lorenzini (DC), quien se abstuvo ayer de votar la admisibilidad del libelo y también fue la única abstención dura esta votación por la cuestión previa, decidió no hacer uso de la palabra.
