Tras un intenso debate en Sala, finalmente la Cámara de Diputados aprobó esta tarde por 74 votos a favor, 71 en contra y una abstención, la acusación constitucional contra el intendente de la Región Metropolitana,
Felipe Guevara, quien desde hoy queda suspendido de sus funciones.
De este modo, el libelo impulsado por la oposición pasa ahora a la Cámara Alta, donde serán los senadores quienes deberán evaluar si tiene méritos suficientes para ser respaldado, implicando con ello la destitución de la actual autoridad regional y su imposibilidad de ejercer cargos públicos por 5 años.
Cabe recordar que es la primera vez que esta acción contra un intendente escala al Senado, siendo en este caso Guevara cuestionado por la forma en que ha enfrentado las manifestaciones durante la crisis social y particularmente por impulsar la estrategia de "copamiento" en la Plaza Italia.
Rechazo a la cuestión previa
Pero la jornada en Valparaíso partió a eso de las 10:00 horas, con la revisión de la cuestión previa de la acusación constitucional, a la cual la defensa del intendente apeló, esperando que la acusación no prosperada.
Durante ese tiempo, el intendente hizo uso de la palabra, ocasión en que defendió su actuar en materia de defensa del orden público, al mismo tiempo que llamó a terminar "la aberración de usar un instrumento jurídico para castigar a las autoridades en un instrumento político, ¿qué es eso? ¿Vamos a usar esto porque una mayoría circunstancias de la Cámara no está de acuerdo con un intendente, con un ministro? (...). Creo que no corresponde y pudo respeto por esta herramienta".
Mientras que su abogado, Cristián Muga, quien apeló a la falta de argumentos del libelo, afirmando que el intendente "no dispuso la actividad o la decisión operativa de Carabineros de copamiento proventivo" y que "aún habiéndola dispuesto, este copamiento no infringió el derecho a reunión ni a la libertad de expresión".
Mientras que desde la comisión revisa, el diputado Diego Ibáñez (CS), replicó: "Creemos que tiene fundamentación, es atingente y por cierto cuando los mínimos civilizatorios están en cuestión (...) actualizar nuestro criterio es lo que requiere una democracia saludable. Si no hay protesta social, si no hay derecho a la resistencia, si no hay derechos fundamentales, no hay otro Chile posible".
Así, la primera parte de la sesión terminó con el rechazo de la cuestión previa con 70 votos a favor, 78 en contra y una abstención, la del diputado Pablo Lorenzini (DC).
Revisión del fondo
Pasas las 15:00 horas, se retomó la sesión con la revisión del fondo del libelo. Al respecto, la diputada Alejandra Sepúlveda, presidenta de la comisión que revisó la acusación, manifestó que "la vulneración a los Derechos Humanos es innegable ¿Tiene el intendente responsabilidad política e institucional? Para nosotros hay solo una respuesta: sí".
Luego, fue el turno del abogado del intendente, Rodrigo Ávila, quien expresó que "lo que esta defensa sostiene es que acá no ha existido de parte del intendente acto formal administrativo alguno en orden a instruir, ordenar, impartir ni ningún otro sinónimo a Carabineros de Chile tendiente a impedir un derecho de reunirse y consecuencialmente la libertad de manifestación y expresión".
Pese a los argumentos de la defensa, los diputados aprobaron la acusación constitucional contra el intendente metropolitano, significando de paso un duro golpe para el Ejecutivo.
Los temores del Gobierno
Pese a que aseguraban haber hecho todos los esfuerzos para revertir este escenario, incluso intensificando las negociaciones hasta último minutos, desde el Gobierno siempre reconocieron que la situación de Guevara era difícil y que su paso al Senado complejizaría más su futuro.
Además, en La Moneda creen que la destitución de Guevara podría establecer un mal precedente para que los intendentes pudieran ejercer sus funciones del control del orden público con normalidad.
Asimismo, preocupa al oficialismo la posibilidad de que la oposición replique la ofensiva contra otras autoridades regionales. Por ejemplo, en zonas donde el control del orden público también es un tema, como puede ser en Antofagasta, Valparaíso, El Maule, Concepción y Valdivia.
Y si bien expresan que la intención es seguir defendiendo al intendente hasta el final, consideran que él mismo deberá decidir si quiere seguir adelante o dar un paso al costado para evitar –en caso de que se apruebe la acusación-, quedar inhabilitado de ocupar cargos públicos por 5 años.
