El ministro del Interior, Gonzalo Blumel.
Agencia UNO/ Archivo.
SANTIAGO.- El ministro del Interior, Gonzalo Blumel, se refirió este domingo a la acusación constitucional contra el suspendido intendente de la Región Metropolitana, Felipe Guevara, coincidiendo en la idea de que si la votación hubiese sido secreta el libelo no se hubiese aprobado en la Cámara.
Esto ante el hecho de que algunos parlamentarios se abstuvieron o presentaron argumentos contrarios al proceso, pero dijeron votar a favor para cuadrarse con sus partidos.
Consultado al respecto, Blumel comentó en el programa "Estado Nacional" de TVN que el recurso "no se hubiera aprobado (con un voto secreto), porque de lo que uno conversa, lo que uno escucha, y de los argumentos que se reciben se nota que hay poca convicción, pero creo yo que lamentablemente en la oposición, a veces, prima un sentido de unidad equivocado sobre la base de causarle daño al Gobierno. Eso es justamente lo que los chilenos no quieren (…) e incumple el Acuerdo por la Paz".
El ministro insistió en que lo ocurrido "es injusto", pues "acusarlo sobre la base de algo que ha sido la práctica recurrente, me parece que el único objetivo es causar un daño político al Gobierno. No se dan cuenta -o quizás se dan cuente pero no les importa-, es que el daño político más que al Gobierno, se causa es a los ciudadanos y vecinos".
"Además, yo creo que es un grave error y un grave precedente (…) si prospera se le causa un daño grande no solo a la intendencia de la Región Metropolitana, sino que de todo el país, porque todos los intendentes tienen que tomar decisiones en materia de orden público", explicó.
No obstante, aseguró tajante: "Que nadie tenga una duda en ese sentido, el Gobierno va a seguir ejerciendo sus facultades, va a seguir actuando en materia de orden público, pero con esto se causa un debilitamiento".
Ante la pregunta de si la posibilidad de que lo acusen constitucionalmente lo puede inhibir en algunas decisiones, el titular del Interior recalcó que "todas las decisiones que tomamos son por convicciones, en base a las atribuciones que nos entrega la ley y el mandato que nos da el Presidente. La amenaza o no amenaza de un acusación constitucional no constituyente un factor, ni en mi caso, ni en el caso de los intendentes o el resto de las autoridades del país".
"Esto no es una opción, el resguardo del orden público es una obligación", enfatizó, añadiendo que lo que pase en el Senado con el libelo, "es difícil, porque el Gobierno no tiene mayoría, y la oposición es mayor, la oposición es quien va a tomar una decisión respecto a cómo proceder (…) Yo confío que en el Senado vamos a ser capaces de ponderar argumentos y poder además aquilatar los efectos y consecuencias que puede producir una decisión no solo injusta sino tan equivocada".
