El fiscal nacional, Jorge Abbott, entró a la polémica que surgió esta semana a raíz de la formalización de 44 personas detenidas la tarde del martes en los alrededores de Plaza Baquedano.
La máxima autoridad del ente persecutor recalcó, que a diferencia de los intervinientes -como lo es el Ministerio del Interior-, los fiscales "tienen la obligación" de actuar bajo el principio de objetividad, y que será la Corte de Apelaciones de Santiago la que definirá "si teníamos o no la razón".
El grupo fue formalizado por el delito de desórdenes públicos y lo discutido y resuelto en el Centro de Justicia de Santiago en torno a la situación de los 28 mayores de edad reveló roces por las posturas manifestadas.
Desde el Ministerio de Interior se argumentó que los sujetos, a quienes tildaron como miembros de la "primera línea", debían quedar en prisión preventiva debido a "una alta pena probable" y que los imputados se coordinaron para cometer ilícitos. En tanto, fiscalía y defensoría descartaron la reclusión bajo el mismo argumento, aunque desde otro enfoque: que la posible sanción no amerita dicha medida cautelar. Añadieron que la mayoría no cuenta con antecedentes penales.
El tribunal se inclinó por lo segundo y decretó, para 27 casos, firma cada dos meses. Desde la cartera manifestaron su rechazo, anunciando la apelación.
"Las personas que fueron detenidas son personas que están cometiendo delitos y son delitos muy graves (...) y por lo tanto en eso nosotros vamos a ser muy inflexibles. Vamos a exigir las máximas sanciones y las medidas cautelares más gravosas que contempla la ley para aquellas personas que cometen delitos que afectan en forma tan dura la vida de tantas personas", señaló hoy el ministro Gonzalo Blumel, indicando además que se debió formalizar por otro delito.
La defensa de Abbott
Abordando el tema, y coincidiendo con los dichos que dio ayer el presidente de la Corte Suprema, Guillermo Silva, Abbott partió señalando que "la existencia de la primera línea en sí misma, y eso tiene que comprenderlo la ciudadanía, no constituye un delito".
"Son los hechos que comenten las personas, que eventualmente integran la denominada primera línea, lo que puede ser eventualmente constitutivo de delito. Y nosotros actuamos respecto de esos hechos en particular", acotó.
En esa línea, manifestó que como Ministerio Público "tenemos una obligación que no tienen los demás intervinientes, que es el principio de objetividad, nosotros no podemos olvidar ese principio".
"Es paradojal, porque por una parte se nos critica que tenemos en prisión preventiva a miles de personas producto de manifestaciones sociales, por otro lado se nos critica porque no pedimos prisiones preventivas respecto más personas".
Fiscal nacional, Jorge Abbott.
El fiscal nacional explicó que los hechos que se llevan a tribunales se califican jurídicamente "desde un punto de vista absolutamente objetivo", debiendo actuar "con mucha prudencia".
Así también, aseguró respetar la función que desempeña quienes están a cargo del orden publico, al igual que sus expectativas y las de la ciudadanía en torno a estos casos, pero que "el problema es que mucha de estas acciones tienen una penalidad que no justifican la prisión preventiva".
"Es paradojal, porque por una parte se nos critica que tenemos en prisión preventiva a miles de personas producto de manifestaciones sociales, por otro lado se nos critica porque no pedimos prisiones preventivas respecto más personas", acotó.
Reconoció que como institución "podemos cometer errores" y que ante ello los intervinientes podrán llegar hasta tribunales superiores de justicia para discutir la situación.
"La forma de resolver estos conflictos, la mirada distinta entre el Ministerio Público y quienes actúan como querellantes, está precisamente están en los instrumentos que el proceso le entrega a los intervinientes. ¿Cuáles son? Los recursos que se pueden interponer. Veamos el resultado de los recursos para ver si efectivamente teníamos o no razón en en los planteamientos que hemos hecho", zanjó.
