Desde la UDI consideraron "insuficiente" el anuncio del Gobierno de que, junto a presentar un veto aditivo al proyecto que da indulto conmutativo a algunos privados de libertad en el marco de la pandemia, se haya informado que también se pondrá urgencia al proyecto de Ley Humanitaria que permite este tipo de beneficios a condenados por violaciones a los derechos humanos.
Esto porque según explicó el ministro de Justicia, Hernán Larraín, el Ejecutivo insistirá en el Congreso para que se reponga el artículo que se cayó en su tramitación en el Parlamento -referido a las sanciones a quienes no cumplan con el arresto domiciliario que considera la iniciativa- y que retrasó su aplicación en medio de la crisis sanitaria. Y agregó que se le pondrá "la máxima urgencia" al proyecto de Ley Humanitaria que está en el Senado desde 2018 y que no hace diferencia por tipo de delitos.
La situación ocurrió debido a que
parte de los parlamentarios de Chile Vamos rechazaron y se abstuvieron en la votación ya que querían que se incluyera los condenados por
delitos de lesa humanidad y que son tercera edad, e incluso algunos senadores oficialistas recurrieron al
Tribunal Constitucional en contra del proyecto del Gobierno.
Así la presidenta de la UDI y una de las firmantes del requerimiento, senadora Jacqueline van Rysselberghe, señaló que "consideramos que los anuncios hechos por el Gobierno, a través del ministro Larraín -que milita en ese partido- son absolutamente insuficientes".
"El darle discusión inmediata a una ley que está hace dos años durmiendo en el Congreso mientras hoy tenemos una pandemia que que ataca con fuerza y aumenta la mortalidad en pacientes mayores de 70 años, resulta que en Punta Peuco hay mucha gente mayor de 70 que para la década del '70 estaban de turno, no tenían mando, no fueron autores materiales que hoy día tiene enfermedades concomitantes y que están dispuestos a dejar que se contagien fruto del hacinamiento que existe en esa cárcel", sostuvo.
La timonel greamilista aseguró que "duele que nuestro Gobierno esté cometiendo una discriminación de esta naturaleza" y anunció que "por esa razón vamos a conversar entre los senadores que firmamos este requerimiento y no tenemos ninguna intención de retirarlo, porque creemos de verdad que acá se está cometiendo una discriminación arbitraria que no corresponde".
En tanto el subjefe de bancada de los diputados de Renovación Nacional, Sebastián Torrealba, destacó que tras conocerse este anuncio han decidido tener una posición en conjunto y no dividirse como ocurrió con la votación que afectó la intención de La Moneda.
"Vamos a tomar una decisión como bancada en relación al contenido del veto. Al principio de este proyecto de ley tuvimos decisiones distintas, posiciones que no se confrontaban, sino que tenemos distintas visiones y que ha pasado en muchos proyectos de ley que no generan una división dentro de la bancada, sino que respetamos. Ahora vamos a ver el contenido del veto, ver lo que dice, tener una conversación dentro de la bancada y ver qué posición vamos a tomar", agregó.
Oposición
Tras el anuncio del titular de Justicia, senadores y diputados de oposición valoraron que el proyecto de indulto conmutativo se vaya a tramitar con el veto en los términos ya discutidos, donde se excluye además a autores de violaciones y homicidios, pero consideraron un "aprovechamiento" el anuncio paralelo.
El senador Álvaro Elizalde, quien señaló que "es francamente inaceptable que se quiera aprovechar la coyuntura del covid-19 para consagrar la impunidad en materia de violaciones a los derechos humanos en nuestro país".
Según el presidente del Partido Socialista se intenta legislar "de contrabando" en favor de quienes "han sido condenados por la justicia por crímenes de lesa humanidad y terminen sin cumplir sus penas. La democracia exige respeto irrestricto a los derechos humanos y la sanción efectiva a quienes los violan para centrar un precedente para que nunca más en Chile se vuelvan a cometer estas atrocidades".
En la misma línea el presidente de la comisión de Constitución del Senado, Alfonso de Urresti (PS), cuestionó la acción de los senadores oficialistas de recurrir al TC y que con esto se haya paralizado una ley que busca beneficiar a 1.400 reos que podrían contraer coronavirus.
"Se ha hecho una norma altamente debatida para que cumplan sus penas en sus casas con arresto domiciliario y acá tenemos un tema ideológico de una derecha dura que lo que quiere es extender el beneficio a los violadores de derechos humanos de Punta Peuco", sostuvo.
Y añadió que "es realmente inadmisible porque acá la salud de la población penal está siendo impedida de llevar a cabo por una visión ideológica de los nostálgicos de la dictadura".
"Es impresentable que en nuestro país aun quieran dar beneficios a los criminales de lesa humanidad. Los genocidas son un peligro para la humanidad y deben estar en la cárcel. Les pido a los parlamentarios de Chile Vamos que no ocupen está pandemia para sacar provecho. No olvidemos que esos criminales no son solo genocidas, también son torturadores, violadores, asesinos. Son criminales muy peligrosos", dijo la diputada de Comunes, Claudia Mix.
El timonel del PPD, Heraldo Muñoz, destacó que el proyecto al que el Gobierno le pondrá el veto para insistir con su tramitación tras el traspié vivido en la Cámara beneficiará a mujeres embarazadas, mujeres que viven con sus hijos menores de dos años en las cárceles, adultos mayores de 60 años y mientras ninguno haya cometido delitos graves.
"Se ha excluido de esta iniciativa humanitaria a aquellos crímenes particularmente graves, como homicidios, violaciones y crímenes de lesa humanidad, y los parlamentarios que se han opuesto a esta iniciativa lo único que hacen es fijarse en los reos que han cometido crímenes de contra los derechos humanos, algunos de ellos yendo incluso al Tribunal Constitucional. Yo espero que el Gobierno insista por la vía de un veto para un proyecto que lo único que hace es proteger a la población vulnerable", dijo.
