Una mayor fiscalización a las empresas que hagan mal uso de los permisos colectivos anunciaron este martes la ministra del Trabajo María José Zaldívar, y la Subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell.
El anuncio ocurre a un día que se realizaran una serie de fiscalizaciones en la capital, producto de las cuales se constató el caso de una empresa que de manera repentina cambió de rubro, pasando de la confección de cortinas a la venta de medicamentos. Sin embargo, en el lugar solo se acreditaron labores relacionadas con las telas, además de la atención de público.
En tanto, el Ministerio Público anunció la apertura de investigaciones respecto al menos siete empresas a lo largo del país.
"Es por eso que es tan importante que las empresas sean en primer lugar responsables en esta materia. No puede ser que mañosamente yo modifique mi giro para estar haciendo algo que no corresponde. Y ese es un primer llamado a la responsabilidad de las empresas. No puede ser que se estén dando casos como el que conocimos ayer", indicó la ministra Zaldívar.
Así también, aseguró que al momento de definir las funciones esenciales para garantizar el bienestar de la población, como salud, servicios básicos, alimentos y medicamentos, "en ningún caso se estaba buscando que empresas que no tenían un giro esencial para poder garantizar esta subsistencia que es mínima que nosotros necesitamos, empezaran a hacer un mal uso de ella".
"No puede ser que mañosamente yo modifique mi giro para estar haciendo algo que no corresponde"
Ministra del Trabajo, María José Zaldívar
La cartera que dirige comprometió el apoyo de personal de fiscalización de la Dirección del Trabajo para dedicación exclusiva a las labores de seguimiento y supervisión de las denuncias en torno al mal uso de salvoconductos, que hayan derivado en incumplimientos de normas laborales y de seguridad y salud para los trabajadores afectados.
Por su parte, Martorell explicó que con los permisos únicos colectivos se constata si los trabajadores realizan labores esenciales no estén contagias ni en aislamiento preventivo: "También verificamos que el giro de la empresa sea esencial y cuando existe un movimiento de cambio o ampliación de giro en este proceso, se levanta una alerta por SII y se genera la fiscalización".
Detalló que por los hechos se adoptan sumarios sanitarios, como también investigaciones penales, por las cuales se arriesgan penas de privación de libertad. Así también, lamentó que las empresas "no entendieran" cuáles son los servicios esenciales.
Fono denuncia
Así también, y siguiendo la estrategia implementada tras el estallido social, la Policía de Investigaciones (PDI) anunció la habilitación de los números +56 938622222 y +56 965878300 para denunciar, ya sea a través de llamados o mensajes de Whatsapp, delitos en contra de la salud pública, incluido el mal uso de permisos por parte de empresas.
"(Los números son) para que la gente nos haga llegar información en forma anónima de todos aquellos que están incumpliendo las medidas sanitarias, que están burlando a la autoridad y que además están vendiendo productos falsificados", aseguró el director general de la PDI, Héctor Espinosa.
