Los comuneros detenidos al quedar en libertad, el martes.
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"Instamos a la investigación pronta, independiente y exhaustiva". Estas palabras son un extracto de los dichos del representante regional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (DD.HH.) en América del Sur, Jan Jarab, quien esta jornada abordó el escenario de violencia que aqueja a La Araucanía.
Su exposición se conoce luego de que surgieran críticas al actuar de Carabineros en los desalojos de municipios en Ercilla y Curacautín, y otros tres el fin de semana, que estaban tomados por comuneros que exigen cambiar la prisión de 11 mapuches en huelga de hambre por arresto domiciliario total, debido a la pandemia de coronavirus.
"Instamos a la investigación pronta, independiente y exhaustiva de los hechos, especialmente de las
alegaciones de uso excesivo de la fuerza policial y
las expresiones de carácter discriminatorio contra el pueblo mapuche", afirmó Jarab.
El representante regional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los DD.HH agregó: "Sin embargo, también resulta fundamental abordar la problemática desde un enfoque multidimensional, con énfasis en la interculturalidad".
"Para encontrar soluciones duraderas, se necesita abordar las causas profundas de estas tensiones, entre ellas la discriminación estructural y los asuntos pendientes en el ámbito de derechos humanos de los pueblos indígenas", enfatizó.
De acuerdo a Jarab, "una respuesta puramente centrada en la seguridad pública alimentaría lo que ya es un proceso crónico de tensión,
desconfianza y conflictividad, no exento de violaciones a los derechos humanos".
El representante señaló, además, que preocupa a la Oficina la situación de salud de varios comuneros mapuches privados de libertad que actualmente realizan huelgas de hambre, entre ellos el machi Celestino Cordova, condenado a 18 años de cárcel por el crimen del matrimonio Luchsinger Mackay. Por lo cual consideró realizar diálogos participativos.
Ayer la Fiscalía de La Araucanía informó que abrió una investigación de oficio por los ataques que particulares habrían perpetrado contra los comuneros mapuches en medio del desalojo de las tomas, los cuales fueron revelados en la audiencia de control de detención.
