Hace una semana, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que busca modernizar la gestión institucional y fortalecer la probidad y transparencia en las fuerzas de orden y seguridad. La iniciativa pasó a su tercer trámite en el Senado al mismo tiempo en que la institución enfrenta un nuevo momento de tensión luego de la salida de un funcionario imputado por su eventual responsabilidad en el arrojo de un adolescente al río Mapocho.
Como una manera de analizar los factores que han llevado a una "baja sistemática de los niveles de confianza y aprobación ciudadana" de la institución de Carabineros, los académicos que integran el Grupo de Investigación en Seguridad Ciudadana y Justicia del Instituto de Asuntos Públicos (INAP) de la U. de Chile entregaron sus recomendaciones para realizar una reforma "efectiva" al organismo.
Las propuestas, contenidas en un documento, hacen mención a prácticas de corrupción relativas al procesamiento de más de cien funcionarios por el delito de lavado de activos, asociación ilícita y malversación de caudales públicos, y también a la violación de Derechos Humanos efectuada en el marco del estallido social de octubre de 2019 y observada por organismos internacionales.
Ambos hechos serían "expresiones de la crisis". "Se pueden explicar a partir de la autonomía de la institución respecto del poder civil, sumado a la ausencia de mecanismos de control externos e internos", explica el autor del informe e investigador del grupo, Adolfo González. "La violación sistemática de Derechos Humanos se puede entender por una concepción a la base institucional que muestra a una institución que no se ha adecuado a las exigencias de una sociedad democrática".
El trabajo del grupo, donde también lideran los académicos Olga Espinoza, Hugo Früling, Diego Piñol y Rodrigo Salas, se materializa en un documento de 12 páginas que contiene ocho propuestas dividas en tres grandes áreas, con las que, aseguran, se podría desarrollar una "reforma efectiva" a la institución.
Sistema de seguridad e institucionalidad
La primera propuesta es la de redefinir el rol y la función policial desde la Constitución. Con esto, aseguran, "se plantea la necesidad de que la nueva Constitución establezca con claridad los diferentes roles que corresponde a las Fuerzas Armadas y las policías". "Solo en situaciones excepcionales se podría justificar que las FF.AA. tengan funciones de resguardo del orden público", señalan.
También sugieren restaurar el "sentido de propuesta de especialización policial" a través, primero, de la realización de un diagnóstico acabado sobre las "funciones prioritarias" de Carabineros y la PDI, junto a una propuesta técnica de especialización policial, con reorganización de las funciones actualmente desempeñadas en ambas instituciones.
La creación de un Ministerio de Seguridad Pública es otra idea planteada. "Para que la reforma sea efectiva y técnicamente coherente, debe implicar que el nuevo ministerio asuma todas las responsabilidades para supervigilar y direccionar a las policías, incluyendo las funciones de orden público, que históricamente han estado radicadas en la figura del ministro del Interior y sus representaciones regionales y provinciales", dice el informe.
Por último se pide vincular la reforma al proceso de descentralización del Estado, recomendándose que sean las gobernaciones regionales que se instalarán las que tengan "autoridad respecto a las policías". De lo contrario, considera, "dificultaría que estas rindan cuentas a la población que protegen. El gobernador regional debe conocer y tener incidencia respecto de la distribución territorial de la policía y en temas de orden público", dicen.
Lo específico a Carabineros
Revisar la normativa y reglamentación de Carabineros aparece como la primera tarea, considerado como "necesario" para que la ley y doctrina institucional, así como la reglamentación pertinente, "redefinan las características de Carabineros como una institución al servicio de los ciudadanos". Además se propone realizar modificaciones de los currículums de formación y de perfiles de egreso, los que deberían privilegiar la disposición al servicio a la ciudadanía y la protección de los Derechos Humanos.
Se sugiere, también, regular por ley los procedimientos de orden público para avanzar hacia un marco jurídico que sea concordante con la protección de las garantías personales. Así, la meta sería adecuar los protocolos de actuación policial a las normas internacionales, con participación activa del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y otras instituciones del Estado.
Finalmente se plantea avanzar hacia el escalafón único de Carabineros, mostrándose como necesario estudiar un "avance progresivo" para promover "el talento y la capacidad". A juicio del grupo de académicos, es deber del Estado garantizar mecanismos de evaluación y estímulos que permitan a cualquier funcionario perfeccionarse y ascender en la carrera institucional.
Lo procedimental
La última propuesta es fijar cronogramas y procedimientos. El documento señala que, si bien el Ejecutivo ha recibido una batería importante de propuestas técnicas, falta saber cuáles serán patrocinadas y traducidas en proyectos de ley o actos administrativos concretos. "En ausencia de una hoja de ruta definida y conocida, el Gobierno avanzará con iniciativas parciales, de menor relevancia, para un cambio que debería entenderse como sistémico", dicen.
"Se hace prioritario y urgente debatir sobre la institución", explica González. "¿Qué policía necesitamos? ¿Cómo deben ser estas policías? Y la forma en como está concebida la institución y sus funciones, ¿nos sirven a la sociedad chilena? Ante esto, lo que uno descubre es que, en realidad, esa dimensión de la discusión fue postergada por las comisiones y no ha sido suficientemente revelada", concluye.
