La decisión del Presidente Sebastián Piñera de recurrir al Tribunal Constitucional (TC) para que se pronuncie sobre la reforma constitucional que permitiría un segundo retiro del 10% de los fondos previsionales, motivó a distintos partidos de la oposición a comenzar a prepararse para defender la iniciativa ante ese organismo.
La tesis del Gobierno es que el órgano impugne no el fondo de la iniciativa, sino el mecanismo escogido por los parlamentarios de oposición para que ésta fuera aprobada en la Cámara de Diputados, a través de artículos transitorios, el cual a juicio del Ejecutivo "es una verdadera trampa constitucional".
Detrás de la elaboración de esa postura estuvo el abogado constitucionalista
Gastón Gómez, quien será el encargado de argumentar la postura de La Moneda, en caso de que el requerimiento sea aceptado por la entidad, mientras en la centroizquierda algunos partidos ya se han contactado con algunos juristas para abordar el caso.
El primero en dar a conocer un nombre fue la DC, luego de que el presidente de la comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, Matías Walker, junto a la senadora de esa colectividad, Ximena Rincón, informaran que contarán con el apoyo del abogado Tomás Jordán para asumir esa tarea.
En el PPD, en tanto, apenas se supo de la decisión de Piñera, el propio presidente del partido, Heraldo Muñoz, anunció que defenderían la iniciativa que fue aprobada por amplia mayoría en la Cámara de Diputados. Para ello, ya conversó con el abogado José Antonio Ramírez, histórico asesor legal del partido.
Una postura más analítica adoptó el PS, donde durante toda la jornada estuvieron revisando la mejor forma de enfrentar el proceso. Sin embargo, la bancada de diputados del partido ya decidió acudir al TC con los abogados que colaboran con los parlamentarios socialistas, Sebastián García y Enrique Aldunate.
En tanto, en el Frente Amplio, recién durante esta jornada comenzó el diálogo entre sus partidos para definir qué camino tomar al respecto. Hoy sostuvieron una reunión en la que abordaron el tema y quedaron de acuerdo en proponer nombres de juristas para definir si defenderán el proyecto juntos o por separado.
Los plazos del TC
Sin embargo, la decisión de los partidos de comenzar a planear la defensa de la iniciativa es solo una expresión de voluntad, ya que antes de ir a alegar, el TC debe resolver primero la admisibilidad del escrito del Ejecutivo y luego determinar si el procedimiento será con audiencias públicas o no.
El primer paso es que la presidenta del tribunal, Maria Luisa Brahm, ponga en tabla el requerimiento, lo cual podría ocurrir en la sesión de este martes. Si el organismo decide revisar el asunto, lo que sigue es ver si podrán intervenir solo los órganos constitucionales para hacerlo o también otras organizaciones de la sociedad civil.
En el primer caso, intervendrían solo el Gobierno y una o las dos ramas del Conreso Nacional. De hecho, la Cámara de Diputados ya resolvió que, en caso de que se admita el requerimiento, el secretario de la corporación,
Miguel Landeros, prepare un escrito para defender la medida, que fue visada por una amplia mayoría de 130 votos a favor.
En ese contexto, la admisibilidad sería revisada no antes de la próxima semana. Luego, si es aceptada, el TC cuenta con 10 días para revisar el requerimiento, los cuales pueden ser prolongables a otros 10. Con todo, se espera que antes de que finalice el año haya una respuesta sobre la materia.
En cuanto a las posibilidades de que sea aprobado, varios apuntan a un equilibrio de fuerzas, las cuales podrían ser desniveladas por los votos clave de los ministros Juan José Romero y José Ignacio Vásquez.
A favor del recurso del Gobierno, estarían la propia titular del organismo, Miguel Ángel Fernández, Cristián Letelier e Iván Aróstica. En tanto, Gonzalo García, Pía Silva, Nelson Pozo y Rodrigo Pica optarían por rechazarlo.
