"Lo primero que hay que hacer es reconocer lo que ha sido un cambio paradigmático del sistema de justicia penal chileno", partió diciendo el director ejecutivo del Centro de Justicia de las Américas (CEJA), Jaime Arellano, al analizar los 20 años que han pasado desde la implementación de la Reforma Procesal Penal.
El abogado, que en su cargo como subsecretario de Justicia durante el Gobierno de Ricardo Lagos (2000-2006) debió impulsar el proceso en todo el país, reconoció en conversación con Emol "resultados impresionantes" y falencias, aunque sosteniendo que "20 años, dentro del sistema de justicia, es un tiempo corto. Es un tiempo de internación".
Como parte de los primeros señaló el manejo de causas y tiempos de respuesta. Si bien hay procesos que se han prolongado por años tras el inicio de la investigación, aseguró que este "es un tiempo relativamente razonable para un caso complejo de delitos graves", pero que el promedio es mucho más bajo.
"En el antiguo sistema todo iba a dar a juicio, no había selección, filtro, y el promedio era de seis años. Habían juicios de 30 años", detalló.
En tanto, uno de los temas pendientes refiere a los llamados delitos "de cuello y corbata", los que han implicado en el último tiempo la apertura de una serie de investigaciones, como los casos SQM, Corpesca, Farmacias y Penta.
Delitos económicos
"Nos falta seguir avanzando en persecución de delitos económicos, como colusiones, aprovechamiento de información privilegiada en mercados de valores, de fraudes al Fisco, de corrupción público y privada", manifestó Arellano para abordar la situación en Chile.
A su juicio, el problema está en algo más estructural: que el Código Penal, que data del siglo XX, no tiene todas las figuras delictuales dentro de sí, quedando fuera, por ejemplo, este tipo de ilícitos.
"Es bastante evidente que la crítica que hace la gente al sistema de justicia por clasista, por estar orientado hacia cierto tipo de personas, no es en realidad el sistema de justicia, sino que nuestro Código Penal. Nuestras leyes penales son las que determinan sanciones terriblemente graves para delitos físicos, que comete alguien que ejerce fuerza, y otras poco graves para los que cometen los delitos intelectuales", manifestó.
20Años han pasado desde el inicio de la Reforma Procesal Penal.
Y agregó: "Hay una señal que te dice que vamos con cárcel para el delito que comete el más pobre, pero para el que comete la persona más adinerada, con mejor formación, se va más suave".
Esto tendría que ver con "una cuestión casi inconsciente": "¿Quiénes somos los que estamos discutiendo de justicia, quiénes están legislando? Un grupo socioeconómico. Entonces los mismos que legislan tienden a ser duros con aquellos que no son parte de su grupo".
"Estos delitos de carácter económico hoy en día causan mucho más daños que los físicos. La estructuración del crimen organizado y delitos económicos son de miles de millones de dólares, en Chile y otras partes del mundo, así que tenemos que tomarnos en serio el perseguir esto", acotó.
Para ello, planteó la necesidad de legislar respecto estos ilícitos y aplicarles "sanciones que efectivamente desincentiven el delito".
"Las penas tendrían que ver con sacar a esas personas de ese ambiente. Si un gerente de una empresa dirige acciones destinadas a coludirse para fijar precios, esa persona debiera quedar impedida de tener cargos gerenciales, de formar parte de directorios y formar empresas (...) somos muy duros para unos delitos y para otros no".
El director ejecutivo del CEJA también consideró necesario avanzar en cibercriminalidad y delitos de género, odio, migración y contra minorías sexuales, abogando para que ello se considere en la nueva Constitución y nuevo Código Penal.
"Necesitamos que la justicia penal chilena adquiera legitimidad cada vez más fuerte dentro de la ciudadanía", cerró.
Crítica a instituciones
Para el abogado otro tema a analizar es el uso de salidas tempranas. Considera "razonable" que cerca del 5% de los casos que ingresen al sistema terminen en juicio, pero no el uso que se está dando al archivo de causas por parte del Ministerio Público.
Apostó por una mejor comunicación con ciudadanía, a la que se debería explicar por qué se archivó su caso, que los antecedentes aportados podrían aportar en otras indagatorias y luego comunicar los resultados del caso.
"Es importante que los archivos provisionales no se usen solo para bajar la estadística (de causas pendientes); que no signifiquen que van a ir a parar a un cajón, sino que a una base de datos que se tratan de manera inteligente que forma parte del análisis criminal de la fiscalía", manifestó.
Así también, destacó la importancia de "mirar con lupa" la carga de trabajo que por años vienen acusando los persecutores, ya que no todas las causas asignadas demandan el mismo trabajo.
En cuanto a las policías, propuso fomentar el rol investigador de la PDI con una mayor cobertura territorial, y que Carabineros se mantenga solo como una institución preventiva.
"Hay una señal que te dice que vamos con cárcel para el delito que comete el más pobre, pero para el que comete la persona más adinerada, con mejor formación, se va más suave".
Jaime Arellano.
"La PDI está mejor preparada, entrena a su personal exclusivamente para la investigación criminal. Además hay una estructura de carácter civil que hace que las personas no sientan tanto el rango y se atrevan a discrepar. La investigación criminal requiere a personas que piensen fuera de la caja", detalló.
"Tenemos que invertir más recursos en la PDI y revisar los que hemos invertido en Carabineros para la investigación criminal (...) eso tiene un impacto en todo el sistema de justicia penal, porque así la fiscalía no tiene que hacer materialmente la investigación, sino dirigir", acotó.
En esa línea criticó que tanto policías como fiscalía den por cerrados los casos antes que estos sean conocidos en tribunales, lo que terminaría generando en la población una sensación de impunidad -y con ello críticas al Poder Judicial- cuando los resultados no son los que se comunicaron por los investigadores.
"Tenemos un problema cuando la policía declara los casos resueltos policialmente, y otro cuando a veces el Ministerio Público señala que el caso estaba para condena (...) El motivo por el que fracasan las persecuciones penales es por la mala labor de la policía; que quieren que sus estándares sean aceptados en tribunales, pero muchas veces no están cumpliendo con los estándares de prueba necesarios".
A su parecer, los jueces de Garantía, en general, "hacen un buen trabajo" y los problemas del Poder Judicial estarían en las Cortes de Apelaciones por no contar con salas especializadas.
Protección a víctimas
Por último, el ex subsecretario planteó la necesidad de dar mayor protección y participación a las víctimas en los procesos penales sin la necesidad de recurrir a un abogado privado.
"Necesitamos trabajar en posibilidad de que las víctimas puedan incidir más en juicios sin necesidad de querellarse", aseveró, agregando que "las querellas particulares no siempre ayudan a la persecución".
"No digo que haya que eliminar la querella, sino que ser razonables en su uso. Parte de ello tiene que ver con que no exijamos que se querellen para ejercer un rol en el juicio", explicó.
Ello se podría abordar a través de una institución especial que no implique mayores gastos para el afectado.
