A un año de iniciada la crisis social, el 18 de octubre de 2019, el Ministerio Público informaba 5.084 formalizados por delitos cometidos en ese contexto: atentados contra las estaciones del Metro de Santiago, saqueos, incendios, porte de artefactos incendiarios, desórdenes públicos y violencia institucional de agentes del Estado. Salvo este último grupo -correspondiente a 75 imputados-, la mayoría de los ilícitos están incluidos en el indulto general por razones humanitarias que propone el proyecto de ley impulsado por senadores de oposición. Por ejemplo, menciona el artículo 121 del CP, que sanciona a quienes "se alzaren a mano armada contra el Gobierno legalmente constituido con el objeto de promover la guerra civil, de cambiar la constitución del Estado o su forma de gobierno". También el art. 261, que castiga a quienes cometen "atentado contra la autoridad", así como el art. 268 sexies y septies, que hace lo mismo respecto de los que "mediante violencia o intimidación retuvieren o tomaren el control de un vehículo de transporte público de pasajeros".
