El diputado de la DC, Matías Walker, ha jugado un papel importante en la discusión del tercer retiro del 10% de los fondos de pensiones, pasando de tener una postura reticente al inicio, a apoyarlo luego, y finalmente presentar una polémica indicación que complica su tramitación.
Apenas se presentó el proyecto del tercer retiro -el mismo día en que terminaba el período legislativo pasado- el grupo de diputados de oposición que lo impulsó declaró que su idea era que apenas se retomara el trabajo en marzo se discutiera y para ello debería comenzar su trámite en la comisión de Constitución.
El presidente de la instancia era Walker, quien inicialmente manifestó sus dudas sobre la posibilidad de poner en tabla la iniciativa, argumentando que
no quería generar falsas expectativas en la ciudadanía. Asimismo, en esa oportunidad advirtió que, si se votaba, el Gobierno lo llevaría al Tribunal Constitucional (TC)
Otra razón que entregó para no dar curso al debate en ese momento fue que él estaba de salida del cargo, ya que por acuerdo debía elegirse un nuevo líder de la instancia y a su juicio era su sucesor quién debía decidir si se discutía.
"Yo lo único que he querido, es llamar la atención, porque estuve muy involucrado, al igual que todos ustedes, en el proyecto del primer y segundo retiro. A mí me preocupa mucho las expectativas que uno pueda generar por el solo hecho de poner los proyectos en tabla", dijo en esa ocasión.
Sin embargo, las presiones para que impulsara el proyecto comenzaron a surgir desde su propio partido. Por ejemplo, cuando la candidata presidencial de la colectividad, Ximena Rincón, dijo estar a favor. Luego, sus colegas de bancada lo presionaron a ponerlo en tabla, pero aún así no lo hizo.
Apertura e indicación
Luego, el 16 de marzo pasado, Walker dejó la presidencia y asumió en su reemplazo el diputado Marcos Ilabaca (PS), quien señaló que su primera acción como titular de la instancia sería poner el tercer retiro al debate y así lo hizo en la sesión siguiente. Tras ello, el legislador DC se abrió a evaluar la viabilidad del proyecto.
Un día antes de que se votara en particular en la comisión, los diputados de oposición, liderados por el propio Walker e Ilabaca anunciaron la presentación de una indicación, con la que aseguraron, se evitaría que el Gobierno pudiera obtener un nuevo triunfo en el Tribunal Constitucional (TC).
La propuesta, que apuntaba a las reformas agrupadas para hacer una modificación permanente a la Carta Magna, fue explicada en los medios de comunicación por el falangista, señalando que iniciativa al Congreso
para permitir un retiro cuando haya estado de catástrofe.
Además, especificó que "la moción no podrá generar gasto fiscal directo" y que los parlamentarios podrán referirse a materias de seguridad social -hoy prohibidas- ante "necesidades impostergables derivadas de calamidades públicas, en casos de grave afectación a los medios de subsistencia de las personas".
La indicación generó un arduo debate el cual se extendió por casi dos horas. Walker fue el encargado de entregar los detalles ante sus pares y se aprobó con los siete votos de oposición y seis en contra. Ahí los legisladores de RN advirtieron que ellos estaban a favor del tercer retiro, pero no con la propuesta del diputado DC.
Los legisladores oficialistas anticiparon que ellos respaldarían el grupo de proyectos agrupados en la reforma transitoria a la Constitución, el que tiene el mismo fin y está escrito de la misma forma que el primer y segundo giro de los fondos de las AFPs, por lo que la situación comenzó a enredarse.
Ilabaca y Walker explicaron que aprobándose en particular la reforma permanente, no debería pasar a votarse lo transitorio. Pero los de Chile Vamos, incluso los que han estado abiertamente en contra a un nuevo retiro, como
Paulina Núñez y Eduardo Durán, coincidían en que debía tramitarse, pues se trataba de dos proyectos diferentes y de hecho ellos habían presentado indicaciones para esa moción.
En ese momento, la diputada Pamela Jiles (PH) advirtió que, si no se aprobaba también lo impulsado por el oficialismo, no se contaría con el apoyo de ellos en la Sala, por lo que era de vital importancia que se discutiera. Además, coincidió con la coalición de Gobierno de que se trataban de proyectos diferentes.
El respaldo se vuelve más que necesario para que el proyecto avance al Senado, ya que requiere un quórum de 3/5, es decir 92 votos. La parlamentaria que ha impulsado el tercer retiro insistió hasta que finalmente se puso en votación. Se rechazó en particular, pero igual será tramitado hoy en la Sala al haberse aprobado en general.
En ese contexto, en la Cámara algunos han esbozado fuera de micrófono que Walker se equivocó, que no debió insistir con la indicación. Otros han señalado que su propuesta no abarca todo lo ya analizado por el TC, por lo que el Ejecutivo podría incluso volver a triunfar en esa instancia si cumple su advertencia de volver a acudir.
Otros, más escépticos, incluso recordando que no lo puso en tabla cuando aún era presidente de la instancia,
han señalado que busca dilatarlo y que en el fondo, no quiere que se apruebe. Con todo, Walker ha defendido su idea, señalando que "no habría ninguna razón para que el Tribunal Constitucional pudiera frenarlo".
En esa línea, indicó que ello "no puede significar que los parlamentarios podamos aumentar el gasto fiscal directo; o sea, esta propuesta de Pamela Jiles de restituirle los 35 mil millones de dólares a las personas que han retirado sus fondos, incluyendo a los más ricos, tampoco sería viable".
Ante las dudas de RN de aprobar el proyecto, Walker dijo a Radio Cooperativa que ellos "quieren quedar bien con el Gobierno y saben que en el TC una disposición transitoria puede volver a ser rechazada, y por eso están reflotando esta propuesta de Joaquín Lavín, que plantea beneficiar a los chilenos retirando fondos de cesantía”.
En esa línea, sostuvo que aquella "es una arremetida más política que nada. Creo que los diputados de la UDI le pidieron un gesto a La Moneda hacia Joaquín Lavín, que también recurre a los ahorros de los propios trabajadores, en vez de que sea el Estado el que pueda financiar una renta universal de emergencia mientras dure la declaración del estado de catástrofe".