SANTIAGO.- Prácticamente, una de cada tres personas a las que se les imputó un delito el año pasado fue contra la salud pública –particularmente, por infringir el artículo 318 del Código Penal–, marcando un inusual período en comparación con los años previos a la pandemia.
Según los datos entregados por la Defensoría Penal Pública, en 2019 los delitos sanitarios fueron solo 201 casos, mientras que en 2020 la cifra creció a 135.916 causas ingresadas. El número equivale al 37,8% de todos los imputados que fueron atendidos el año pasado (359.100 en total), transformándose en la principal categoría de delito de 2020.
Así lo informó el Defensor Nacional (s), Marco Montero Cid, quien hoy encabezó la cuenta pública de la gestión de esa entidad durante 2020, que se realizó de manera virtual.
Respecto de quienes fueron imputadas penalmente por infracciones sanitarias, Montero señaló que "aunque la Defensoría respeta los criterios de persecución penal del Ministerio Público, desde nuestro rol hemos sostenido argumentos jurídicos para lograr que los tipos penales atribuidos sean interpretados conforme a derecho"; y destacó que "cada vez son más los tribunales que acogen nuestra postura, según la cual la mayoría de las detenciones producidas corresponden a una falta que no admite detención y puesta a disposición ante el juez".
135 milde los 359 mil delitos imputados en 2020 fueron contra la salud pública
Según el abogado, lo anterior no significa impunidad, sino solo aplicar adecuadamente las reglas procesales vigentes, para "evitar la imposición de penas desmedidas en casos de mera desobediencia, cuando no hay afectación real a la salud pública como bien jurídico protegido; y, de paso, reduciendo el riesgo sanitario que implica el traslado de detenidos hacia comisarías, tribunales y cárceles".
Por lo mismo, valoró el reciente fallo de la sala penal de la Corte Suprema, que "sentó un precedente jurídico de extrema relevancia" al acoger un recurso de nulidad y absolver a un imputado de Cochrane, en la Región de Aysén, que había sido condenado por infringir el artículo 318 al ser sorprendido en la vía pública 20 minutos después de iniciado el toque de queda.
Bajaron los ingresos por responsabilidad penal adolescente
En cuanto a las cifras generales, Montero informó que durante 2020 la defensa pública registró 359.100 imputados atendidos, un 7% más que en 2019.
Detalló que, de ese total, el 16,8% correspondió a mujeres, el 4,7% a personas extranjeras, el 3,3% a menores de 18 años y una cifra similar a personas indígenas.
"(Se debe) evitar la imposición de penas desmedidas en casos de mera desobediencia, cuando no hay afectación real a la salud pública como bien jurídico protegido; y, de paso, reduciendo el riesgo sanitario que implica el traslado de detenidos hacia comisarías, tribunales y cárceles"
Marco Montero, Defensor Nacional (s)
"El comportamiento de los ingresos de 2020 fue muy diverso respecto del año anterior, período que, tras las movilizaciones sociales, también mostró características atípicas. Todavía es muy temprano para los análisis, pero sorprende, por ejemplo, que se registrara una baja de 33% en los ingresos de responsabilidad penal adolescente, con un total neto de 5.878 causas menos que en 2019", detalló.
También destacó que desarrollaron una estrategia jurídica que, tras la declaración de estado de catástrofe, permitió presentar más de 5 mil solicitudes de revisión de medida cautelar, apoyar cientos de postulaciones a la libertad condicional e interponer decenas de amparos en favor de personas privadas de libertad que pertenecían a grupos de riesgo sanitario.
"Ese esfuerzo inicial valió la pena, porque hacia fines de abril (de 2020) cerca de 4 mil personas –casi el 10% de la población penal– habían dejado las cárceles para seguir cumpliendo sus condenas o medidas cautelares en sus domicilios", indicó.
217 mil atenciones remotas a imputados y sus familias
Explicó también que la Defensoría pudo hacer frente a los desafíos surgidos con la crisis sanitaria gracias a los avances logrados previamente en la agenda estratégica institucional, que desde antes de la pandemia venía apostando por la digitalización de sus procesos de gestión.
"La principal iniciativa impulsada ha sido la 'transformación digital' de la Defensoría, cuyos ejes son la interoperabilidad de los sistemas, la adopción integral de la 'carpeta digital' para la tramitación electrónica de causas, la habilitación del 'Portal único' para la atención de usuarios y el desarrollo de la plataforma 'Power Bi', que dispone en línea información sobre la gestión de defensa, estadísticas y otros antecedentes de interés para los usuarios y sus causas", señaló.
También destacó el uso de herramientas de Inteligencia Artificial (IA), tanto para facilitar el trabajo de los abogados en audiencias como para permitir el seguimiento a distancia de las licitaciones de defensa pública y del sistema de control de calidad de la defensa.
Añadió que, en el contexto de trabajo semipresencial, se realizaron 217 mil atenciones remotas a personas imputadas y sus familias, de las cuales 189.521 fueron por teléfono, 9.451 vía Whatsapp y 8.919 mediante videoconferencias.
Finalmente, Montero planteó la necesidad de que la Defensa Pública participe en el debate constitucional en marcha, "del que esperamos, pueda surgir una renovada estructura normativa que reordene la definición de los delitos y sus penalidades asociadas o el rol del Estado como garante de ciertos derechos relevantes en el ámbito penal".
