El pleno de la Convención Constitucional dedicó este martes más de una hora y media al debate de "asuntos emergentes", oportunidad en la que los convencionales pudieron dedicar espacio para abordar asuntos que hasta ahora no habían sido tratados en profundidad y que a su juicio debieran ser incluidos en próximas discusiones.
En ese contexto, llamó la atención la solicitud realizada por constituyentes de la Lista del Pueblo y el PC para emitir una declaración a nombre de todo el órgano en contra de la tramitación del TPP11, junto con llamar al Poder Ejecutivo y Legislativo que no se trate ningún otro tratado internacional mientras la Convención esté en funciones.
La primera en plantear la idea fue
Ingrid Villena (LDP), quien sostuvo que "estoy un poco preocupada por cuanto se pudieran aprobar ciertos tratados internacionales que podrían ser vinculantes con Chile, así también con la aprobación de termoeléctricas, forestales o situaciones que pudieran agravar la conservación de la naturaleza".
"Son temáticas que se van a tratar acá en la Convención", añadió, por lo cual consultó "si era posible, como lo hicimos con la comunicación de los presos políticos, que se pudiera emitir por parte de la Convención un emplazamiento para detener esta situación y sea considerado que no puedan suscribirse tratados internacionales que puedan vincular a Chile en el futuro mientras se sostiene el proceso constituyente".
En la misma línea, María Rivera (LDP), advirtió que "estamos ante una situación de emergencia con la posible firma del tratado Transpacífico. Es una necesidad urgente frenar este nuevo tratado de libre comercio que achica y debilita nuestra soberanía. Es por ello que convoco a la Convención que se declare contraria al tratado Transpacífico”.
Mientras, la convencional Valentina Miranda (PC) planteó que "el TPP11 atenta contra la soberanía de nuestro país y la soberanía de la Convención, por eso exigimos al Senado que rechace el TPP11 y solicitamos que no se curse ningún tratado internacional de libre comercio mientras la Convención esté funcionando".
Debate por presupuesto
Otro tema que marcó la sesión fueron los cuestionamientos hacia el presupuesto de la Convención, cuya ejecución fue objeto de una advertencia por parte del Gobierno, el cual acusó una "falta de planificación". En ese contexto, hubo varios convencionales de izquierda que lamentaron la postura del Ejecutivo y exigieron mayores recursos.
Al respecto, César Uribe (Lista del Pueblo) sostuvo que esos cuestionamientos buscan deslegitimar el trabajo de la instancia. "Hace tres semanas que comenzó el trabajo e inmediatamente también comenzó la instalación de desprestigiar a la Convención, de deslegitimarla, de instalar que nada nuevo y bueno puede salir de acá".
"Ese desprestigio a través de redes sociales y prensa poco objetiva viene coincidentemente del sector que no quiere cambios, que representa un 20% de la población que defiende este modelo
que les ha permitido históricamente vivir en privilegios o libertades si así quieren llamarlo", lamentó.
En ese contexto, mencionó que "el escándalo de esta semana es el gasto de la Convención (…) ¿Algún convencional del Rechazo publicará en su Twitter que fue el Gobierno el que contrató los servicios previos a la instalación de la Convención y que por lo tanto es su principal responsable?".
"Esta es la oportunidad de salir de nuestra burbuja y convertirnos en una convención austera. Es una oportunidad de salir de nuestra zona de confort. ¿Estamos dispuestos a vivir con nuestro propio sueldo? ¿Vivir en un campamento?¿Tener a nuestros hijos colegios públicos? ¿Sesionar en Petorca?", complementó.
Su visión fue respaldada por la convencional María José Oyarzún (Apruebo Dignidad), quien criticó el "exiguo presupuesto de la Convención", acusando que el subsecretario de la Segpres, Max Pavéz, detalló que en el item de bienes y servicios de consumo había asignados más de 1.050 millones de pesos y ahora quedan solo 34 millones.
"Hay que señalar que con cargo a este subtitulo se financió el equipamiento inicial de la Convención, micrófonos, pantalla, seguridad y habilitación de las salas y como es de publico conocimiento todo esto fallo para la primera sesión, por lo que sorprende el enorme gasto de la Segpres debido a la improvisación y mala planificación", criticó.
En esa línea, Oyarzún recalcó que "el presupuesto es una burla. No quiero pensar que la escasa asignación de recursos es el primer paso para la campaña de boicot que se ha empezado a desarrollar".
Ante esas visiones, pronto vinieron las réplicas desde Vamos Chile. Paulina Veloso (RN), respondió a Uribe, señalando: "¿Vamos a seguir hablando de privilegiados? Estimado César, te comento que yo me atiendo en el hospital de Lota, no en una clínica, soy Fonasa al igual que la mayoría de los chilenos".
"Soy parte de Chile Vamos, pero dentro de mi sector yo y otros constituyentes hemos reivindicado los avances de la Convención. Sin duda que darnos una organización interna es avanzar. Nunca he vivido en una burbuja, por lo tanto, no me ha tocado salir de ninguna parte", agregó.
Con una posición más crítica, Katherine Montealegre (UDI) señaló que "he visto con poca sorpresa discursos que nos acusan de privilegiados, de levantar una campaña de desprestigio y que el presupuesto de miles de millones ya asignados es una burla y miserable suma".
"¿Saben cuál es una burla para las familias de esfuerzo? Que esa miserable suma se la quitan a los trabajadores de Chile a través de sus impuestos. Esa miserable suma que entregan para que ustedes tengan lujitos de elite que quieren seguir manteniendo y pidiendo más recursos. Parece que era mentira eso de la vocación, de hacer las cosas por al arte", concluyó.
