A seis años del inicio del caso SQM, en que el Ministerio Público investigó el financiamiento ilegal de campañas políticas que involucró a la minera y otras empresas, la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, decidió que no seguiría adelante con las pesquisas respecto de 34 indagados —que no llegaron a ser formalizados— y comunicó su decisión de no perseverar al 8º Juzgado de Garantía de Santiago hace algunas semanas.
Entre quienes resultaron beneficiados con lo resuelto por la persecutora se encuentra Rodrigo Peñailillo, ex ministro del Interior bajo la administración de Michelle Bachelet, así como otros ex integrantes de la G-90.
Fue el caso también de Harold Correa (PPD), ex jefe de gabinete del ministro Nicolás Eyzaguirre cuando era titular de Educación y cercano a Peñailillo, así como de su socio en el estudio de abogados Harold's & Johns Business & Law Limitada, Alex Matute Johns, hermano del fallecido Jorge Matute.
La fiscalía investigó a Peñailillo y Correa porque aparecieron en la contabilidad de la empresa Asesorías y Negocios SpA (AyN), de
Giorgio Martelli, quien fue condenado a 800 días de presidio remitido por delitos tributarios en un procedimiento abreviado, en 2017. Pena que ya está cumplida.
Uno de los hechos que el Ministerio Público le imputó fue la facilitación y emisión de 23 facturas a SQM Salar, mediante su empresa AyN en 2012 y 2013, que sumaban cerca de $246 millones, por servicios inexistentes y que, según los antecedentes reunidos en la investigación, fueron destinados a pagar parte de la precampaña de Bachelet.
En sus declaraciones ante la fiscalía, el geógrafo sostuvo que el origen de AyN fue el financiamiento de varios profesionales que requerían tiempo para preparar información y análisis, con miras a "una nueva opción de gobierno", y que fue Peñailillo quien fijó su propio ingreso y el nombre de a quienes contratar.
Sin embargo, esa versión fue negada por Peñailillo en su oportunidad. Y, cuando declaró en 2015, el ex ministro dijo desconocer que a partir de sus informes se hubieran obtenido pagos de SQM Salar.
Hijos de Pizarro, el diputado León y la hermana de Rossi
También están en el listado respecto de quienes la fiscalía no perseverará en la investigación están los hijos del senador de la DC Jorge Pizarro, quien ya se encuentra sobreseído en el caso. Se trata de Jorge y Benjamín Pizarro Cristi, a quienes se les indagó por "declaración falsa de impuestos de Ventus Consulting S.A. (...), cuya representación tenían, y por la facilitación de 11 facturas emitidas por Ventus Consulting S.A. a SQM S.A.", se lee en el documento del Ministerio Público.
Sebastián Pizarro, quien también fue indagado en esta causa, fue condenado a una pena remitida —consistente en firma mensual de un año— en marzo de 2020.
La misma decisión se adoptó en relación con el ex diputado DC Roberto León por la facilitación de 46 boletas emitidas por Roberto León Araya —su hijo— a SQM S.A.; 4 boletas emitidas por Miguel Salazar Beltrán (ex jefe de gabinete de Eduardo Frei Ruiz-Tagle) a SQM. S.A.; 7 facturas exentas emitidas por el Centro de Estudios Legislativos, Asesorías y Consultorías S.A. (Celac) a SQM S.A., según el escrito de la fiscalía.
El Ministerio Público, asimismo, no perseverará respecto de Irina Rossi, hermana del senador (ex PS) Fulvio Rossi. Ella fue investigada por "por la facilitación de boletas emitidas por María Zaror, René Madariaga y Mariela Molina y la factura de la empresa Imaginarium, emitida por Marco Quintanilla, a SQM S.A.", de acuerdo al documento ingresado al tribunal.
Cercanos a RN y la UDI
Junto con ellos, la fiscalía igualmente optó por no seguir adelante con la investigación respecto de Joaquín Eguiluz, hijo de Claudio Eguiluz condenado a 800 días de presidio remitido en este caso por delitos tributarios y quien ganó recientemente la presidencia de RN en el Bíobío.
A su hijo se le atribuía "la facilitación de 9 facturas de la Sociedad Consultora KTZ Ltda. a SQM S.A.", según el escrito de la fiscalía.
La misma decisión se tomó en relación con
Roberto Guerrero del Río, a quien el Ministerio Público indagó por "13 facturas de Guerrero y Compañía a SQM S.A.". Cuando declaró ante la fiscalía, poco después de iniciado el caso, descartó cualquier irregularidad, afirmando que prestó servicios directos al ex gerente de SQM. Dijo además, en esa ocasión, que, si bien fue socio del fallecido político UDI, Jovino Novoa, fue en un estudio de abogados distinto al indagado.
El 1 de abril pasado la fiscalía había dispuesto el cierre de esta línea investigativa del caso SQM y, posteriormente, ingresó el escrito al tribunal con el listado de 34 personas —una de ellas fallecida, por lo que fue sobreseída— para que se programara una audiencia, la que ya se realizó.
La preparación del juicio
La causa principal está hoy en preparación de juicio oral. Además del ex gerente de SQM, Patricio Contesse, entre los ocho acusados se encuentra el ex senador Pablo Longueira y el ex presidenciable del PRO, Marco Enríquez-Ominami, aunque fueron más de un centenar los imputados.
Los restantes ya están condenados en procedimientos abreviados, accedieron a una salida alternativa, se resolvió no perseverar respecto de ellos, o bien fueron sobreseídos, como el senador Pizarro y el ex congresista Fulvio Rossi.
