La primera ronda de abogados se realizó hoy en la
comisión de Constitución del Senado en donde se debate el proyecto que permite un indulto a las personas que permanecen en prisión preventiva por supuestos delitos cometidos en el marco del estallido social.
Los expositores de esta jornada fueron
Jorge Bofill, del estudio jurídico Beslegal;
Fidel Castro representante de la Agrupación de Madres de la Plaza Colon de Antofagasta y
Yuri Vásquez, representante de la Comisión Chilena de Derechos Humanos. Todos ellos hablaron frente a los senadores
Pedro Araya (ind./PPD), Alfonso de Urresti (PS), Rodrigo Galilea (RN), Luz Ebensperger (UDI) y Francisco Huenchumilla (DC).El primero habló entregando argumentos en contra del texto impulsado por los senadores
Juan Ignacio Latorre (RD), Yasna Provoste (DC), Alejandro Navarro (PRO) y Adriana Muñoz (PPD), quien cuestionó que en la redacción del proyecto "se asume un contexto que tuviera relación de causalidad entre las manifestaciones, el actuar de las fuerzas policiales y los delitos cometidos".
"El proyecto dice algo así como, hubo manifestaciones, fueron reprimidas y eso habría dado lugar a los hechos delictuales, como que hubiera un vínculo ineludible", sostuvo asegurando además que se debería tratar de una amnistía y no de un indulto en caso de legislar al respecto.
Bofill indicó que en la moción "no se entiende bien cómo se pretende vincular los hechos en cuestión, con el contexto social", y por ende "no es fácil de entender, ni mucho menos de aplicar para la actuación de un juez". Además indicó que "proponer una amnistía o indulto para un delito de incendio es complejo, mucho más complejo que para un delito de desorden público".
Luego fue el turno del abogado representante de la agrupación de madres cuyos hijos son "presos de la revuelta" en Antofagasta.
Castro planteó una hipótesis contraria a la de su antecesor, asegurando que sí existe un vínculo político con los delitos aquí estudiados, por lo que pidió que el proyecto sea aprobado por el Senado.
"Son delitos comunes, pero que ocurren con ocasión de un delito político", enfatizó el abogado haciendo además un cuestionamiento al actuar policial durante la crisis social, indicando que algunos partes policiales señalan que las personas fueron detenidas por "insultar" a un funcionario de Carabineros y aún permanece detenido.
Postura similar fue la que expuso el abogado Vásquez, cuya presentación se basó en cuestionar que en la discusión parlamentaria se haya señalado que al aprobar este proyecto se "renuncie a la potestad punitiva del Estado y que eso constituiría una apología a la violencia". A su juicio, "el sistema penal chileno en sí mismo sería un sistema que justifica la violencia".
El abogado puso de ejemplo el caso del senador Iván Moreira (UDI) en el marco del Caso Penta, quien fue sobreseído al acordar el pago de una multa de $35 millones al Fisco.
"Si la renuncia a la potestad de castigar es una apología a la violencia, entonces lo que pasó en el Caso Penta es una apología a la violencia", recalcó Vásquez señalando que "el Estado renuncia a la capacidad de sancionar penalmente todos los días (...) porque el sistema procesal penal contiene decisiones de no perseverar".
El senador Araya, que preside la comisión, explicó que con esta ronda se inició una "discusión más técnica" sobre el proyecto que les permitirá analizar si se trata de un indulto o una amnistía lo que aquí se debe resolver y
"cuál debiera ser el catálogo de delitos en caso de aprobarse el proyecto (...) y cuál sería el mecanismo para conceder el beneficio"."Como comisión nos queda escuchar a otros profesores de Derecho Penal y otros abogados representantes de presos de la revuelta,
los vamos a escuchar a todos porque no queremos que después se acuse a la comisión de estar censurando el debate". Cuando ese proceso concluya, señaló el parlamentario, se realizará la votación en general de la moción.
