A propósito del ingreso ilegal que ha estado en el centro del debate las últimas semanas y del reporte que entregó el
Ministerio de Interior, que reveló que las personas que se incorporan de manera irregular al país en la Macrozona Norte de Chile, lo hacen principalmente por la comuna de
Colchane, Región de Tarapacá, distintas autoridades locales se refirieron al tema.
"Este fenómeno de ingreso con un promedio estimado de 150 a 200 personas (diarias) se viene dando desde el mes de marzo del 2020 a la fecha, sin que haya habido disminución y sin perjuicio de un colapso mayor que se vivió en el mes de febrero donde hubo más de 2 mil migrantes varados en Colchane", aseguró el jefe comunal a Emol, Javier García.
A diferencia de lo que menciona el estudio de Interior (en agosto un ingreso de 510 personas ilegalmente), García reporta una cantidad mayor. Según explicó el alcalde, incluso en las últimas semanas se ha visto incrementado el flujo migratorio y eso lo pudieron evidenciar por las atenciones en el consultorio comunal. "Solamente el día de ayer atendimos a 76 inmigrantes que solo correspondían a menores de edad acompañados de los adultos, no así los adultos que no pasan por el control de constatación de lesiones, por lo tanto, creemos que el flujo es mucho mayor", sostuvo.
Además, señaló que todos los días se atiende una gran cantidad de inmigrantes en el consultorio, aunque aclaró que son aquellos que realizan su autodenuncia en Carabineros y luego son derivados. Asimismo, señaló que muchos de ellos llegan con enfermedades por la altura, por el clima y también trasladan a Iquique a migrantes cuando tienen una enfermedad mucho más grave. "Todo esos gastos son asumidos por el municipio sin ningún recurso adicional del gobierno central", enfatizó.
Y es que para García existe un problema por parte del Gobierno de "
no reconocer que la crisis migratoria está descontrolada" y también que el conocido como plan Colchane, "no ha dado el resultado publicitado por el Gobierno, por lo tanto, tampoco
vemos una autocrítica por respecto a aquello". "Mientras ello suceda creo que esto va a continuar, ya que no se ha visto un acción por parte del Gobierno, al menos en torno fijar o trabajar de manera coordinada con los gobiernos locales a nivel central y, por supuesto, incluyendo a los países que sirven de tránsito como lo es Bolivia y Perú".
Para el gobernador regional de Tarapacá, José Miguel Carvajal, la situación es "compleja", porque "la cantidad de ingresos que ha surgido en la región en el caso de los ciudadanos venezolanos irregular, ha crecido exponencialmente durante las últimas semanas y nos tiene preocupados, porque creemos que el Gobierno no realiza algún tipo de definición y tampoco vemos una actitud de querer enfrentar esta situación con la urgencia que nosotros en Tarapacá creemos que existe".
Según explicó, han intentado transmitir muchas veces "que esperamos una intervención real desde el Ministro de Interior y que es algo que nos parece sumamente urgente resolver en estos días". Incluso, dijo a este medio que en el marco de la reunión de todos los gobernadores del país con el Presidente Sebastián Piñera le entregaron una carpeta informativa de lo que está sucediendo, junto con antecedentes fotográficos de espacios públicos que están siendo utilizados por carpas con ciudadanos venezolanos que están de carácter irregular.
"Esperamos que haya cobrado el interés del Presidente", dijo señalando que es una preocupación tanto para la región como para el país: "El 18% queda en la región de Tarapacá que ya es harto para nosotros, pero la gran mayoría se desplaza hacia Santiago y otras regiones del país", sostuvo.
Cabe destacar que en el informe el gobernador señala: "(...) Es relevante que se socialice, transparente y evalúe el plan Colchane, ya que desde su lanzamiento no han mejorado las condiciones de migrantes, muy por el contrario, estas se han agudizado". De hecho, en esa línea, Carvajal dijo a Emol que han visto y "lo dijimos de manera muy categórica, a nuestra opinión el plan Colchane es un fracaso, primero no es conocido por nadie. Se habla de un plan que no se conoce y que yo me atrevería a decir que no existe, porque solamente queda en los titulares. A la fecha además, tampoco tiene resultados, no hay indicadores que muestren que el plan ha sido exitoso".
"Lamentablemente hoy día Colchane está militarizada, incluso, hay dos tanquetas en la frontera, pero no existe ninguna acción o gesto del personal militar en torno a impedir el ingreso".
Javier García, alcalde de Colchane
Por su parte, el delegado presidencial provincial del Tamarugal (donde se encuentra la comuna de Colchane),
Natan Olivos, reconoció que han tenido "un aumento en el mes de agosto, que obviamente nos pone en alerta" (alrededor de 1.210 ingresos irregulares), pero que "desde marzo hasta el mes de julio, bajamos drásticamente las cifras que tuvimos en el mes de enero-febrero donde teníamos alrededor de 4 mil ingresos mensuales".
Y, en cuanto al plan Colchane, dijo a este medio que "todo lo que está contemplado se ha cumplido. Hoy lo que nosotros vamos a hacer como Gobierno es reforzar lo que tenemos, hacer algunas acciones para poder responder a ciertas condiciones que se están dando, pero en la práctica lo que hay que recordar es que es un problema de Estado y no del Gobierno. Son tres poderes".
En esa línea, aseveró que el plan consta de tres ejes: "Primero el humanitario y sanitario, que es la respuesta inmediata de gente que viene en malas condiciones, donde hacemos traslados y donde se activa el protocolo sanitario; el segundo es el control de fronteras que ha permitido aumentar la dotación de Carabineros, poner como apoyo logístico a las Fuerzas Armadas, y apoyo tecnológico como drones, por ejemplo; y el eje internacional que a través de cancillería estamos viendo este tema de informar hacia el exterior, por ejemplo a organizaciones o venezolanos que quieren ingresar de manera irregular, de todos los riesgos que esto implica".
Seguridad en la zona
En relación a la situación de seguridad en la zona, el alcalde sostuvo que "lamentablemente hoy día Colchane está militarizada, incluso, hay dos tanquetas en la frontera, pero no existe ninguna acción o gesto del personal militar en torno a impedir el ingreso". Explicó a este medio que lo que hace el ejército es prestar asistencia y colaboración para el traslado a residencias sanitarias, pero de ninguna manera "se ve un acto de impedimento respecto a su ingreso sin control".
Por su parte, Olivos dijo a este medio que funcionan varios aspectos. Uno es el control de fronteras, donde producto de la ampliación del Decreto 265, "tenemos el apoyo logístico por parte de las fuerzas armadas lo que permite tener mayor logística en cuanto a lo que está ocurriendo en frontera". Aseguró incluso que "tenemos alrededor de más de 3 mil avistamientos mensuales, de los cuales el ingreso durante marzo a julio ha sido alrededor del 10%". En ese sentido, explicó que al ver el movimiento de las personas el ejército impide los ingresos, porque sino la condición sería mayor a lo que se tiene hoy.
No obstante, destacó que como es una zona muy extensa, cuando una persona de todas maneras logra ingresar y que son detectados por Carabineros o voluntariamente van a hacer una autodenuncia se activan dos situaciones, una judicial donde ingresan al proceso jurídico que puede terminar en la expulsión y una sanitaria donde son conducidos a residencias sanitarias que están dispuestas en Iquique "para que cumplan con la cuarentena que está presupuestada para este fenómeno de pandemia".
"Lo dijimos de manera muy categórica, a nuestra opinión el plan Colchane es un fracaso, primero no es conocido por nadie. Se habla de un plan que no se conoce y que yo me atrevería a decir que no existe, porque solamente queda en los titulares".
Gobernador regional de Tarapacá, José Miguel Carvajal
Además, explicó que "una vez ingresados obviamente tienes todos los tratados internacionales,
ya no puedes expulsar a la persona, lo que tienes que hacer es utilizar las herramientas legales que se disponen, porque igual es una ilegalidad". Aunque, destacó que el tener más militares no es la solución definitiva, sino un factor más que puede apoyar y desincentivar los temas migratorios irregulares".
"Estas son acciones múltiples, no basta solo una. Va desde lo internacional, las redes y lo interno", dijo.
¿Qué ocurre con el control sanitario por covid-19?
De las 76 personas que acusó el alcalde, ingresaron ayer, una resultó positivo de covid-19 luego de hacerse un test de antígeno. "Se determinó que habían 15 personas como contacto estrecho, por tanto, se le informó al Ministerio de Salud para su derivación a residencias sanitarias", dijo.
Agregó que "este grupo de personas había dormido en la comisaría en una carpa, entonces lamentablemente se está poniendo en riesgo la salud no solamente de nuestro personal médico que es muy reducido, sino de la población porque muchos de los migrantes están días esperando ser derivados a Iquique y, en esos días obviamente, mantienen contacto con pobladores".
En ese sentido, el alcalde aseguró que solamente hacen test de antígenos "a las personas que tienen síntomas y que van a constatar sus lesiones, que creemos que corresponde al 10% del total de ingresos que hay en el día. El resto no pasa por el consultorio, por lo tanto ingresan en la frontera y caminan por las calles. Están deambulando por las calles de Colchane y otros poblados con dirección a la ciudad de Iquique. El 90% no tiene ningún tipo de control sanitario, ni de identidad".
A esas palabras se sumó Carvajal, quien sostuvo que "aquí al Gobierno se les perdió el control. La gente que ingresa por pasos no habilitados y que no se autodenuncia, camina directamente a Iquique, por lo tanto, una cosa es que exista un punto de atención y que se hagan este tipo de exámenes, pero el paso es irregular y por pasos no habilitados".
Añadió que "la frontera no tiene posibilidad de ser controlada por la falta de funcionarios, falta de resguardo. Por lo tanto, si hoy día no hay resguardos, no hay funcionarios, no hay condiciones para poder estar diciendo que todos los ciudadanos que están ingresando, están pasando por esos puntos de control".
En tanto, el delegado dijo a este medio que "una vez que son fiscalizados y se detecta que las personas no han cumplido con el protocolo sanitario, ni tampoco con la autodenuncia, estas personas son conducidas hasta la comisaría para iniciar los procesos respectivos y son trasladadas a las residencias sanitarias donde han sido detectadas".
Agregó que "siempre tienen que cumplir igual con el protocolo sanitario al ser detectados y también con el protocolo administrativo. Son dos condiciones que van de la mano hoy día producto de la condición en la que nos encontramos. Por ejemplo, si una persona es detectada en Huara, será conducido a la comisaría de Huara y será realizado el proceso de ingreso irregular y a Iquique a la residencia sanitaria. Siempre va a ser así".
