La tensión entre la Corte Suprema y La Moneda por las expulsiones de inmigrantes ilegales no es reciente, sin embargo esta semana se ha ido acrecentado tras las declaraciones cruzadas entre el ministro del Interior, Rodrigo Delgado y la vocera del máximo tribunal, Gloria Ana Chevesich.
Esto, porque desde el Ejecutivo apuntan a las "señales" hacia el exterior que estaría dando el Poder Judicial al "bajar" las expulsiones de los migrantes que cuentan con el decreto correspondiente, mientras que la contraparte ha dicho que las resoluciones se hacen "caso a caso".
A ello, se suman las críticas al "Plan Colchane", lanzado en febrero por el ministro Delgado, precisamente en atención a la gran cantidad de personas que estaban cruzando a Chile por pasos no habilitados. Algunas autoridades de la Macrozona Norte critican que este no ha tenido el efecto esperado, mientras que la propia ministra Chevesich dijo hoy a
radio Universo no entender bien en qué consiste, aunque a su parecer "se traduce simplemente en una expulsión masiva".
Esto, en respuesta a los dichos del secretario de Estado, quien ayer sostuvo que "el 'Plan Colchane' no ha cambiado, como muchos creen; lo que ha cambiado, lamentablemente, son los criterios de las cortes". Dicho "cambio de criterio", sostiene, traería otra repercusión que preocupa en La Moneda: un "efecto llamado" al ingreso ilegal al país, aunque no el único.
La crisis sanitaria provocada por el covid-19 y la decisión de las autoridades de Salud de trasladar a los migrantes a una residencia sanitaria para cumplir cuarentena, además del presente político y social de países del continente, serían factores que han llevado al alza del ingreso de migrantes por pasos ilegales entre enero y febrero de este año.
La crítica a las expulsiones masivas
El Plan Colchane lanzado en febrero -y sustentado en el decreto 265- permitió al Ejecutivo contar con más herramientas para enfrentar el ingreso ilegal en la zona. El titular del Interior explicó entonces que esto permitiría que las policías trabajaran en conjunto, pudieran ocupar más medios tecnológicos, como aviones tripulados o drones "que detectan en la distancia personas que vienen aproximándose a la frontera, el Ejército da aviso a Carabineros para que se adopte el proceso para poder tener un control disuasivo en la frontera, eso ya está ocurriendo ha tenido buenos resultados".
Además, el plan cuenta con un proceso de trabajo previo a la propia migración ilegal, en conjunto con Cancillerías en el exterior que puedan dar a conocer la información en sus respectivos países. En definitiva, un intento de Interior por abordar los distintos frentes del problema y darle una impronta macro a la estrategia, la que no parece ser compartida por la Corte Suprema, cuando la ministra Chevesich apunta a que el plan parece traducirse más bien "
en una simple expulsión masiva".
El punto no es compartido en La Moneda, puesto que las expulsiones que hoy catalogan como "masivas" responderían más bien a un tema logístico: la licitación de vuelos que permiten hacer un proceso más eficiente que trasladar una por una a las personas expulsadas.
A ello, se sumaría el cambio del perfil del migrante que ha obligado a implementar más viajes a diferencia de lo que ocurría antes, donde la migración provenía, mayoritariamente, desde países fronterizos. En el último tiempo, la migración es liderada por personas que buscan salir de Venezuela, pero también de Colombia y República Dominicana. Muchos de ellos, a diferencia de lo que ocurría en 2015, en una situación más precarizada.
Esto último se ha traducido en que muchos de ellos se han visto obligados a pernoctar en los centros urbanos que encuentran, o gastar los pocos recursos que traen disponibles en el pago a transportistas que cobran cuantiosas sumas de dinero por trasladarlos a Antofagasta o Santiago, problemática que pareciera quedar en una suerte de limbo, por cuanto debe acreditarse la asociación ilícita para concretar una sanción efectiva.
La tensión por "los criterios" de la Corte Suprema
La Corte Suprema ha insistido en que no ha cambiado los criterios a la hora de resolver los fallos de inmigrantes ilegales, tras revisar caso a caro los recursos de amparo presentados por inmigrantes ilegales. Pero el Gobierno sostiene lo contrario.
En junio, el máximo tribunal del país dejó sin efecto la expulsión de un ciudadano venezolano que habría ingresado ilegalmente, dictada por la Intendencia de Valparaíso. En fallo unánime, la Segunda Sala del máximo tribunal estableció el actuar "arbitrario e ilegal de la autoridad recurrida" al decretar la salida forzosa del territorio nacional, "tras un procedimiento contencioso administrativo insuficiente". Esto, entre otros aspectos, debido a que tras presentar la correspondiente denuncia al Ministerio Público, la entidad desistió de la acción, "evidenciando con ello que no tuvo intención de que fuera indagado el supuesto delito cometido".
Pero el fallo también planteó que la versión del ciudadano venezolano no fue escuchada en la causa, y añadió como parte de la argumentación el escenario epidemiológico que se vive en el país a raíz del covid-19.
En otras oportunidades, se ha fallado de manera unánime en casos de inmigrantes con antecedentes penales, en la que los magistrados han considerado que se haya cumplido la condena, decretado la prescripción o el sobreseimiento. Esto último complica al Ejecutivo, puesto que la ley exige que la persona no tenga antecedentes penales para poder regularizar su situación, pero no se puede expulsar a raíz de lo que establece el fallo.
Otro de los criterios que ha planteado el máximo tribunal es el de reunificación familiar. En mayo, la Corte acogió de forma unánime el recurso de amparo de una ciudadana haitiana quien entró de forma ilegal desde Brasil pero con familia en Valparaíso. La corte se basó en el principio de reunificación familiar.
Pero en La Moneda consideran que se debe establecer cuáles serán los límites de esa reunificación. En el entendido de, en efecto, permitirla si existe algún grado de dependencia entre los integrantes de la familia, y por otro lado, revisar los casos en que los familiares que tengan autonomía e independencia entre si.
Con todo, el Gobierno en reiteradas ocasiones ha señalado que esas bajas en las expulsiones deben considerar otra problemática: la precarización en la que quedan esas personas. Ayer, el ministro Delgado reiteró el punto: "basta con recorrer algunos barrios, algunas poblaciones, algunos sectores de distintas ciudades, sobre todo zonas céntricas, para ver cómo esos mismos migrantes que ingresan de manera irregular a Chile son abusados por bandas para poder obtener una casa, para poder obtener un trabajo, para poder tener otras prestaciones, incluso de salud o de educación. No queremos eso para las personas", sentenció.
