Cómo hacer industria bajo el escenario actual de crisis medioambiental es uno de los desafíos para la redacción de la próxima Constitución. Más aún en un país como Chile, primer productor mundial de cobre y poseedor de más del 30% de las reservas mundiales de este mineral.
El tema estuvo fuertemente presente en las campañas de los convencionales y lo que resulte de dicha discusión en el pleno marcará el modelo de desarrollo del país en los próximos años. Entre los integrantes de la Convención hay quienes plantean terminar con las actividades extractivistas, mientras otros apuntan a la necesidad de avanzar a un proceso productivo que no genere daños medioambientales.
La mirada desde la Convención
Carolina Videla (PC) aboga por el fin del extractivismo en Chile. "Tenemos alerta roja por el calentamiento global y eso tiene que ver con la explotación de los recursos naturales", dice.
Coincide Juan José Martin (INN), quien ha liderado al interior de la Convención una controvertida cruzada para incorporar en la Constitución el que denomina delito de ecocidio: "Una manera de entender esta actividad es la generación de capital en base a la explotación y destrucción de territorios, ecosistemas y comunidades. Es absolutamente necesario cambiar lo que tenemos y avanzar hacia una economía circular y entender que todo en la naturaleza tiene un rol: todo se reincorpora y cumple una función", señala.
Otros convencionales tienen una mirada más neutral en este debate. El abogado Mauricio Daza (ind.) afirma que el reto es que el sistema económico se haga cargo de forma concreta de su impacto. "Nuestra economía, basada principalmente en la extracción de recursos naturales sin agregación de valor, no ha asumido de manera real los pasivos sociales y ambientales derivados de esa actividad", dice. Esto, aclara Daza, no implica paralizar la aprobación de proyectos, sino que se ejecuten bajo estándares distintos, los que son viables, como ocurre en otros países.
Mientras, Felipe Harboe (PPD) cree que la extracción de recursos naturales y la sustentabilidad ambiental son plenamente compatibles, "aunque probablemente requieran de mayor inversión, normas claras y un Estado moderno capaz de evaluar proyectos sin dilaciones y exigir ex ante las medidas de mitigación necesarias para la preservación del ecosistema y así los inversionistas puedan evaluar tempranamente la viabilidad de sus proyectos".
¿Qué dice la industria?
Respecto de la propuesta que busca poner fin a las actividades de extracción, Diego Hernández, presidente de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), comenta que hay falta de conocimiento y realismo. "En Chile existe la minería desde antes de la colonización y es una actividad económica importante para todo el norte de Chile. Esas regiones viven de la minería. Terminar con las actividades extractivistas o mineras significa terminar con las actividades económicas de la mitad del territorio chileno", explica.
Según Hernández, "sin minería esas regiones no tendrían ninguna actividad económica. No solamente los involucrados no lo van a aceptar: tampoco la gente del mismo territorio. La minería es para el norte, lo que la agricultura es para el sur".
Por eso, el presidente de Sonami propone que los recursos mineros y del subsuelo sigan siendo propiedad del Estado y que se concesionen a través de una ley de propiedad minera, como ha sido tradicional en Chile.
En esa misma línea, Carlos Urenda, gerente general del Consejo Minero, sostiene que la nueva Constitución debiese consagrar el dominio del Estado o el carácter de bien nacional de uso público de las minas, el agua y otros recursos naturales.
También entró al debate Libertad y Desarrollo. En el documento titulado "Minería en la Constitución: principios orientadores" señalan que es esencial mantener la regulación constitucional que hoy existe para la minería, por ser una actividad crucial para el desarrollo del país no solo en términos de inversión y empleo, sino también en cuanto a su aporte fiscal.
"Una alteración que pueda poner en duda las características de las concesiones sería un craso error para una actividad que es crucial no solo para la inversión y empleo, sino en cuanto a lo que aporta al fisco", dice el escrito.
Desde Sonapesca, su presidente, Osciel Velásquez, comenta que terminar con la actividad pesquera no tiene sentido, pues el énfasis de la pesca está en el consumo humano sobre la base de la pesca disponible. "El gran desafío que tenemos después de la pandemia es, tal como dice la FAO y lo acaba de confirmar el IFOP, es seguir alimentando a todos los chilenos", señala.
En tanto, Arturo Clément, presidente de SalmonChile, concuerda en que, en un contexto de mayor demanda de alimentos y cambio climático, el salmón y la acuicultura han sido señalados por la FAO como una alternativa para la alimentación de la población, "ya que es una proteína animal sustentable, con una baja huella de carbono, limitado uso de agua y que se produce en espacios marinos acotados".
Algunas propuestas
¿Cómo darles continuidad a esta y otras actividades extractivas? Dominique Hervé, directora del Programa de Derecho y Política Ambiental de la Universidad Diego Portales, afirma que los desafíos más relevantes para el sistema económico tendrán que ver con lograr el equilibrio entre actividades económicas, impacto ambiental y justicia social.
"Son los conocidos tres pilares de la sustentabilidad de un modelo de desarrollo. En todo caso, también el sistema económico del siglo XXI debe considerar una nueva relación del ser humano con la naturaleza", dice la académica.
El constituyente Felipe Harboe plantea que una parte de los impuestos de las empresas queden en la comuna donde se desarrollan sus actividades, a fin de mejorar su calidad de vida e iniciar un ciclo virtuoso hacia las personas, inversión y desarrollo. Adelanta, además, que buscará impulsar en la nueva Constitución que se contemple un Estado con las capacidades profesionales, tecnología y recursos logísticos adecuados para evaluar en menor tiempo y supervigilar el desarrollo de proyectos.
Se suma a esta propuesta Hervé, quien propone apuntar a lograr mayor capacidad nacional en el desarrollo de tecnologías, antes que en solamente extraer materia prima. "Probablemente, la industria debiera invertir en sistemas que permitan un modelo de desarrollo distinto para el país, considerando nuestras vulnerabilidades frente al cambio climático", precisa.
Daza, por su parte, afirma que la industria debe entender que el respeto a parámetros ambientales y sociales mínimos incidirá en su capacidad para hacer negocios. "No solo lo será en el precio y producción, sino que también en la forma en que se extraen esos recursos. Esto implica ir más allá de generar un 'código de buenas prácticas' o crear departamentos a cargo de esta materia en su interior, para cumplir con un checklist formal", comenta y cuenta que propondrá la creación de un órgano autónomo con rango constitucional a cargo de la evaluación y fiscalización ambiental de proyectos, que reemplace al Servicio de Evaluación Ambiental y a la Superintendencia del Medio Ambiente.
Para el profesor de Derecho Ambiental de la Universidad de Chile y director ejecutivo de la ONG FIMA, Ezio Costa, el primer desafío es buscar alternativas al extractivismo. "No es ninguna novedad, pues hace más de un siglo que discutimos la necesidad de dejar de depender de la industria extractiva, pero ello se hace particularmente urgente en este momento por el estado del medio ambiente, tanto a nivel local como global", opina.
Asimismo, comenta que estas actividades deben mantenerse respetuosas con los límites de la naturaleza y de los derechos de las personas, "cuestión que significa también que estén alineadas con las preferencias territoriales".
