Aunque no está contemplado en la Constitución vigente, esta semana el pleno de la Convención Constitucional aprobó la posibilidad de realizar un plebiscito dirimente distinto y anterior al plebiscito de salida que sí está considerado en la Carta Magna.
Por 107 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones, los convencionales aprobaron en el reglamento de Participación Popular que la Convención "podrá resolver la realización de un plebiscito dirimente respecto de determinadas normas constitucionales, convocando a la ciudadanía a decidir mediante el sufragio universal popular la inclusión en el nuevo texto constitucional de las normas constitucionales objeto de la convocatoria".
En un artículo posterior se estableció que "se someterán al mecanismo del plebiscito dirimente, las propuestas de normas constitucionales que en segunda votación no hubieran obtenido el quorum de aprobación de normas constitucionales, pero que hayan alcanzado en dicha votación un quorum de tres quintos de las y los convencionales constituyentes en ejercicio".
La decisión fue celebrada desde sectores de izquierda y centroizquierda y calificada desde Vamos por Chile como una forma de evadir el quorum de dos tercios con el cual se deben aprobar las normas constitucionales.
Para el constitucionalista de la U. Del Desarrollo Sergio Verdugo, los plebiscitos "deterioran las instituciones representativas y sus posibilidades para aprovechar los beneficios de la deliberación y negociación (...) esta lógica puede hacer que la nueva Constitución sea menos inclusiva, con normas inaceptables para sectores relevantes de la sociedad".
Pero más allá de las distintas visiones, existe una serie de requisitos que se deberá cumplir para que el plebiscito sea factible.
Proceso podría costar $25 mil millones
Un escollo importante es el presupuesto, pues la Convención no cuenta con recursos para llevarlo a cabo. Este punto fue abordado durante las sesiones de la comisión transitoria de Participación Popular donde desde el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) advirtieron que la realización de un plebiscito podría costar $25 mil millones.
El PNUD usó como base el presupuesto del plebiscito de entrada realizado en octubre de 2020, cuando se aprobó la redacción de una nueva Carta Magna a través de la conformación de una Convención Constitucional.
El Servicio Electoral (Servel) informó en enero de ese año al Ministerio de Hacienda que para dicho plebiscito requerían de unos $30 mil millones. La cartera, finalmente, aprobó $24 mil millones.
Esos recursos equivalen a cuatro veces el presupuesto inicial contemplado para los primeros siete meses de funcionamiento de la Convención ($6.780 millones para 2021).
Otro eventual obstáculo son los acotados tiempos que tiene la Convención para realizar esta votación.
En la Carta Magna vigente se lee que "la Convención deberá redactar y aprobar una propuesta de texto de nueva Constitución en el plazo máximo de nueve meses, contado desde su instalación, el que podrá prorrogarse, por una sola vez, por tres meses".
Asimismo, en el texto aprobado esta semana en el reglamento de participación popular se fijó que el plebiscito dirimente deberá hacerse al menos 30 días antes del cese del trabajo de la Convención. Eso significa que el plebiscito tendría que realizarse a inicios de marzo, si es que se mantiene el plazo de nueve meses de funcionamiento de la Convención, o principios de junio, si se hace uso de la prórroga.
Pero además, David Altman, académico de Ciencia Política de la U. Católica, cuyo campo de estudio abarca los mecanismos de democracia directa, explica que "para que los ciudadanos podamos tomar una decisión tenemos que intercambiar opiniones, tenemos que decantar ideas, tienen que haber campañas justas. Esto se tiene que dar en un plazo que no puede entenderse en menos de tres meses ¿En dos días vas a poder decidir si quieres un régimen parlamentario o uno presidencial? No".
A su juicio, "a principios de enero ya deberíamos tener el borrador con más o menos la idea de qué se va a plebiscitar, y eso es absolutamente imposible". Para ello, en los poco más de dos meses que quedan de 2021 se deberían discutir las propuestas de normas constitucionales, someter a votación y definir aquellas que cumplirían los requisitos para someterse a plebiscito.
La mirada del Senado
Todo lo anterior, sin reparar en que como el plebiscito intermedio no está considerado en la actual Carta Magna, su realización está supeditada a la tramitación de una reforma constitucional que dé cabida a este mecanismo.
De hecho, en el texto aprobado este miércoles quedó explícito que "la Convención requerirá a las instituciones públicas, organismos y a los Poderes del Estado pertinentes para que el plebiscito se realice en conformidad a lo establecido en este reglamento". Pero conseguir esa eventual reforma constitucional en el Congreso también tendrá sus propios plazos de discusión.
Desde la comisión de Constitución de la Cámara Alta, la senadora UDI Luz Ebensperger, señala que "si llegara a presentarse una reforma de la Constitución al respecto yo estaría en contra, porque me parece que está contra el espíritu inicial del proceso". Además, estima que tomaría tres meses discutir la eventual reforma, tiempo en que se debe consultar a constitucionalistas y cientistas políticos, entre otros.
El senador
Pedro Araya (ind) también integrante de la comisión, aunque no se cierra a la posibilidad legislar sobre uno, dice que se trata de un tema muy complejo con varias aristas. Una de ellas es que estima que al Servel le tomaría al menos unos dos meses estudiar cómo se implementaría, claro, una vez que se haya aprobado por dos tercios del Congreso la reforma constitucional. Y su par en la comisión,
Rodrigo Galilea (RN) opina que "una reforma constitucional en ese sentido es posible, pero no la veo como algo de fácil despacho".
Pero podrían existir más apoyos tras las elecciones de noviembre. Uno es Guillermo Teillier (PC), candidato a senador por la Región Metropolitana. Dice que la eventual reforma constitucional sería mejor "hacerla en el próximo período parlamentario, que será más representativo de todo el proceso que estamos viviendo, muy crucial para el futuro democrático del país".
Frente a las dificultades que pueden existir sobre el financiamiento, Teillier responde que "no debiera ser un problema. Es una traba que se trató de imponer para la Convención y es de esperar que no lo sea para llevar adelante los acuerdos que esta determine".
Sin embargo para otros candidatos aspirantes al Senado como el exministro de Salud Jaime Mañalich (Ind. cupo Evópoli), el tema del presupuesto no es menor. "Con la Constitución que nos rige hoy cualquier iniciativa de gasto público puede provenir solo del Ejecutivo (...), el Parlamento no puede asignar un presupuesto o estar de acuerdo con algún presupuesto”, opina, y agrega que es importante que la Convención no supedite “sus decisiones a pedir una reforma constitucional al Congreso".
Marcela Sabat (RN) va por la reelección en la RM. Afirma que el debate legislativo al respecto puede tomar meses (si el Presidente no le pone urgencia), y opina que la Convención no debiera entregarles la responsabilidad a las personas en acuerdos a los que ellos deberían llegar.
