A exactamente un mes para las elecciones, la recta final de la carrera presidencial está en plena marcha. En plena campaña electoral, los candidatos presidenciales han tenido la posibilidad de participar en debates y dar a conocer sus ejes programáticos.
Esta vez, la seguridad se ha tomado el debate público, tras el segundo aniversario del 18-O. La semana ha sido tensa entre el Gobierno y los candidatos, luego de las responsabilidades cruzadas que se atribuyeron por los hechos de violencia registrados en distintos puntos del país.
El subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli los acusó de "instalar en nuestro país una sensación de impunidad", apuntando al proyecto de indulto que se impulsa desde parte de la oposición y del que la senadora y candidata de Nuevo Pacto Social, Yasna Provoste, es coautora. Por su parte, el ministro vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, les pidió "coherencia" entre los tuits que condenan la violencia y la labor legislativa para condenarla. Esto, sin dar nombres, pero en alusión al candidato de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric. Desde la oposición, la respuesta fue un llamado al Gobierno a terminar con el "aprovechamiento político".
Pero más allá de las condenas a través de redes sociales y las críticas cruzadas, los candidatos han tomado el tema de seguridad social como uno de los grandes frentes que abordar, pues la reciente pulsión de un aniversario del 18-O no deja atrás en el debate público el problema de la violencia en la Araucanía, el narcotráfico o la delincuencia. ¿Qué dicen los cuatro candidatos que lideran las encuestas en este aspecto?
Yasna Provoste
"Seguridad ciudadana: el derecho a vivir en paz". Ese es el nombre del apartado de su programa donde Yasna Provoste sienta las bases en seguridad, poniendo a la persona en el centro y "considerando la evidencia y medidas que han funcionado en otros escenarios similares".
Entre las medidas, destaca "un plan de desarme e intervención en zonas críticas, donde también debemos prohibir toda arma en manos de civiles"; la urgencia en realizar una "intervención civil a Carabineros y someter esta institución a profundas reformas, para crear una nueva policía, con comisarías abiertas al público, al servicio de la comunidad y de la protección de derechos esenciales"; crear una estrategia nacional contra el crimen organizado; y un
Nuevo Ministerio de Seguridad Pública.
Eduardo Vergara, coordinador de Seguridad del comando de Yasna Provoste, detalló a Emol que "más allá de las propuestas contenidas en el programa hemos puesto el énfasis sobre las acciones inmediatas necesarias para recuperar la paz en los barrios. Por eso contamos con un plan de acción ejecutiva para los primeros 100 días".
Aclara que el plan no depende ni del ingreso de nuevas leyes en el Congreso ni de creación de nuevas instituciones o reformas, sino que son más bien acciones que pueden ser dirigidas por el Gobierno. Entre estas medidas está un plan de desarme, con plazos y operativos concretos; acciones concretas sobre 50 barrios donde hoy el Estado está ausente y el narcotráfico crece, todo bajo el nombramiento de un Jefe de recuperación de barrios; entre otras medidas.
"No hay margen para planes que pueden tardar 4 o más años, si no más bien la necesidad es poner la experiencia en seguridad a disposición de acciones inmediatas. Estamos convencidos que hay que abordar el crimen organizado desde arriba hacia abajo y no al revés como se hace hoy y se termina con encarcelar pobreza mientras el crimen crece. Con todo y en paralelo, se mantendrá un enfoque para abordar los problemas desde su raíz", sostuvo.
Gabriel Boric
"Cuando la próxima generación relate la historia reciente de nuestro país, habrá algunos hitos difíciles de pasar por alto". Así comienza el "Manifiesto Programático" de Gabriel Boric, en el que da a conocer sus propuestas con acento en la participación cuidada, pues las manifestaciones y movilizaciones son citadas como la base de su manifiesto político.
En materia de seguridad ciudadana, el candidato apunta "reforzar la normativa y contexto institucional del sistema de seguridad ciudadana, a través de la ampliación de las facultades de los municipios junto a las comunidades". A su vez, propone "transferir competencias en materia de seguridad a los Gobernadores Regionales y generar una “nueva policía para un nuevo Chile, que defienda valores democráticos, comprometida con los DD.HH., que recupere la legitimidad ante la ciudadanía".
En cuanto a las propuestas sobre Defensa Nacional y Fuerzas Armadas, destacan que el "uso del instrumento militar sea para la integración regional" y "detener la creciente militarización del orden público". Por ello, el diputado establece que es "necesario revisar la autonomía política y operacional de las FF.AA. amparadas en la Constitución y cuyas bases legales se encuentran en la Ley Orgánica Constitucional de las FF.AA.".
En cuanto a situación en en La Araucanía, el abanderado de Apruebo Dignidad define así su postura: "frente a los delitos, persecución eficaz, pero frente a las legítimas reivindicaciones del pueblo nación Mapuche diálogo y más diálogo". Por ello, asegura que es necesario un "control civil" de las FF.AA. en la zona, el cual permitirá "una autorregulación en la doctrina operacional, mando y control, y financiamiento y adquisiciones militares".
José Antonio Kast
"Atrévete a vivir en paz". Ese es el nombre del apartado del programa de gobierno del candidato republicano José Antonio Kast, donde critica que las políticas antidelincuencia "han fracasado rotundamente". La propuesta central de cambio de sistema que propone, "implica que la víctima vuelva a ser sujeto preferente de atención del Estado", destinando esfuerzos para una prioritaria defensa "aún por sobre los intereses de otros intervinientes del proceso penal, como otros imputados".
El candidato apunta a que la lucha contra la delincuencia no puede circunscribirse a la disuasión y sanción penal, por lo que propone medidas de prevención, entre ellas "el aislamiento de grupos vulnerable a la contaminación criminológica" y procurar medidas de rehabilitación para quienes delinquen.
Kast también destaca la necesidad de recuperar el Estado de Derecho, con "un respaldo incondicional a Carabineros e Investigaciones en la lucha contra la delincuencia". En cuanto a La Araucanía, sostiene que "necesitamos la colaboración de los militares, apoyando las fuerzas policiales para terminar con estas pandillas terroristas".
Entre otras medidas, propone "quitar las rejas de las casas de los chilenos y construir más cárceles"; condenar y juzgar a quienes "agredan físicamente a un carabinero, policía, bombero, gendarme o personal de la salud"; que los presos trabajen para pagar su gasto en prisión; aumentar penas por violencia urbana; "combatir las drogas y la mafia de la política y limpiar las instituciones"; someter a un test de drogas a todos los candidatos a elección popular; y reemplazar el Comité Político semanal de La Moneda por un Comité de Seguridad Nacional, entre otras.
Sebastián Sichel
"Que el Estado haga mejor la pega", es la frase protagonista a lo largo de la propuesta del programa de gobierno de Sebastián Sichel (Chile Podemos Más), quien asegura que la base de su proyecto es la integración y reconocimiento de la ciudadanía. Ante esto, el candidato establece una propuesta de "Seguridad para todos", sobre la que promete crear "una sola escuela de Carabineros, una nueva policía vial y de prevención de drogas".
Acorde con su diagnóstico en materia de seguridad, "la confianza en las instituciones de orden público es fundamental para el desarrollo de las democracias modernas". Por consiguiente, en este ámbito, Sichel propone, principalmente, la "modificación a la institución de Carabineros de Chile", la "creación de un Defensor Ciudadano" y sobre este, "el establecimiento de un Sistema Nacional de Defensoría Ciudadana", con el fin de "generar respuesta rápida a las solicitudes ciudadanas".
Para lograr lo anterior, Sichel establece la "reestructuración de la agencia de inteligencia, mediante una nueva estructura de policías nacionales y nuevas instituciones". En paralelo, el ex presidente de BancoEstado propone "dividir el Ministerio del Interior y crear un Ministerio de Seguridad y Orden Público con el fin de poder contar con servicios más eficientes a la hora de realizar las funciones encomendadas por ley".
En base a lo anterior, sugiere asignar funciones a las subsecretarías, a las cuales se les solicitará la "coordinación del uso de recursos logísticos para específicos tipos de violencia, narcotráfico y crimen organizado". Esto último, tiene directa relación con su postura frente al conflicto de la Macrozona Sur, pues Sichel ha señalado que "hay que poder distinguir la violencia del problema del pueblo mapuche que tiene que ser tratado con políticas públicas de Estado, con reconocimiento constitucional, con cuotas en el Congreso".
