La candidata a senadora para la Región Metropolitana por Comunes,
Karina Oliva, salió a explicar los altos sueldos que habrían recibido sus asesores durante su campaña a gobernadora regional, hecho que fue revelado este miércoles por un reportaje de Ciper Chile.
La nota indica que siete militantes de Comunes que colaboraron con Oliva presentaron boletas que suman $137 millones en la rendición ante el Servel por sus labores en la campaña. Entre ellos está el propio presidente del partido, Jorge Ramírez.
Ante esta situación, Oliva publicó un comunicado donde acusa una "utilización política de diferentes sectores" y asegura que "la cuenta de ingresos y gastos de primera vuelta de Gobernadora Regional se encuentra aprobada por el Servicio Electoral".
"Durante este proceso de fiscalización, el Servicio Electoral nos pidió detallar los servicios prestados y elaborar informes por cada una de las facturas y boletas de honorarios que se emitieron. Dicha resolución concluye que las cuentas tanto de Comunes como mías fueron aprobadas, no teniendo por rechazado ningún gasto declarado", agrega.
En ese sentido, Oliva explica la forma de financiar su campaña contempló dos dimensiones. El primero es "el pago de servicios que alcanzaban a costearse con el crédito de 125 millones de pesos que solicité al Banco Estado, muy menor al que le aprobaron a Catalina Parot (715.000.000) y Claudio Orrego (350.000.000)".
El segundo es "el endeudamiento que nos permite realizar el pago con el reembolso que podíamos recibir por parte del Servel".
Sobre la contratación de personas del mismo partido para trabajar en la campaña, Oliva afirma que "se nos obligó a recurrir a compañeros y compañeras que estuvieran disponible a esperar por el pago de los distintos servicios cerca de 8 meses, pues salvo una agencia comunicacional nadie más estuvo disponible a esperar este tiempo en recibir los pagos de servicios por los distintos trabajos que se prestaron en la campaña".
Por otro lado, descarta que los sueldos hayan sido elevados, ya que asegura que recibió asesorías durante seis meses, y que el monto era de $2.500.000 mensuales.
"Nuestra campaña jamás ha sido financiada por los empresarios de la pesca, ni de la industria minera, ni por las inmobiliarias, ni por el retail, ni por ningún empresario. Nuestra campaña ha sido financiada con endeudamiento personal, sin tener patrimonio, ni propiedades, ni ahorros en paraísos fiscales. Ni he tenido sueldos millonarios. Tengo muy claro que a las personas más poderosas de este país les incomoda que una mujer como yo haya crecido políticamente sin pedirles nada, porque siempre hemos dado la cara, en la calle y a la ciudadanía", enfatiza Oliva.
También señala que "de acuerdo a la votación que obtuvimos en primera vuelta el monto máximo de reembolso al que podíamos optar era cercanos a los 800 millones de pesos, y se solicitó un reembolso de 409 millones de pesos, correspondientes a 125 millones del crédito del Banco Estado y 284 millones aproximadamente que corresponden a los servicios detallados en la rendición de ingreso y gasto electoral, por tanto es falso señalar que hemos hecho un aprovechamiento de los recursos fiscales, al contrario hemos actuado con total transparencia para que todos y todas conozcan la manera en que hemos realizado nuestra campaña. Lamento mucho la confusión que se ha generado, también que se pretenda desinformar a la ciudadanía con prácticas tan mezquinas, y espero que ésta declaración sirva para terminar con el aprovechamiento político de algunos hacia mi persona y hacia compañeros y compañeras que se pusieron a disposición de este proyecto, que por cierto, no se detendrá".
Y concluye: "Hemos manifestado nuestra disponibilidad para seguir transparentando todo lo que sea necesario, como siempre lo hemos hecho, pues nos parece fundamental que se haga una buena política y se deje de lado cualquier aprovechamiento".
Denuncia al TS de Comunes
La denuncia generó roces al interior de la tienda del Frente Amplio, donde las diputadas Claudia Mix y Camila Rojas anunciaron que presentaran el caso ante el Tribunal Supremo de la colectividad para que tome medidas al respecto. Además pidieron la renuncia de Ramírez a la directiva del partido.
"Consideramos importante que esto se investigue a nivel interno y se conozca el detalle de las razones de esta rendición por toda la militancia", indica un comunicado de las legisladoras, que también fue firmado por Emilia Schneider y Doris González.
Puntualiza que "mientras los hechos se investigan por los canales internos del Partido, creemos que corresponde que Jorge Ramírez y Camila Ríos, integrantes de la dirección, renuncien a sus cargos".
"Los hechos descritos en la nota de Ciper constituyen un grave error y a pesar de estar dentro de la legalidad, se alejan del proyecto transformador que estamos levantando para Chile", concluye el texto.
