Los canales de televisión transmitieron en vivo a las 21:00 horas de ayer el operativo.
Pantallazo CHV
La
Asociación de Fiscales salió a rechazar la forma en que se desarrolló el allanamiento a la sede de Comunes en el marco de la investigación que se realiza en contra de la candidata al Senado
Karina Oliva por el presunto delito de fraude de subvenciones en su declaración de gastos de campaña a gobernadora por la Región Metropolitana.
Su presidente
Francisco Bravo, cuestionó especialmente el "uso desproporcionado de la fuerza" utilizada por personal del GOPE de Carabineros, quienes ingresaron hasta el recinto ubicado en Santiago Centro armados, además de que se haya "filtrado" su realización debido a la transmisión en vivo que realizaron varios canales de televisión advertidos de la diligencia.
"La función de los fiscales debe estar orientada exclusivamente por el principio de legalidad, con pleno respeto a los derechos de los intervinientes y con absoluta presidencia de cualquier consideración política. En el caso ampliamente difundido, sin entrar al fondo del mismo,
la diligencia fue autorizada por un juez de garantía, sin embargo la forma en que fue ejecutada la misma impresiona como desproporcionada en atención al uso de la fuerza, en particular con porte de arma con alto poder de fuego", dijo el dirigente a través de un video.
Desde la Asociación, mediante un comunicado, enfatizaron que la operación tenía como fin "encontrar y preservar medios de prueba en una investigación en curso de alta relevancia para el país". Y se sumaron a las críticas que han hecho distintos dirigentes políticos incluyendo el presidente del Consejo Directivo del Servel, Andrés Tagle quien esta mañana dijo tener "mis reservas de ese procedimiento con esa violencia y televisado, que haya sido un procedimiento necesario para este tema y ad portas de una elección, con un partido que participa y que no es solo un candidato. Tengo mis reservas sobre la sensibilidad de esos hechos en la forma que se hizo".
"Los fiscales no contamos con policía propia, debiendo por tanto instruir a alguna de las policías para que ejecute dicha orden judicial. En este caso, se encomendó la diligencia a carabineros de Chile, impresionando
las imágenes poco criteriosas en cuanto al uso desproporcionado de la fuerza, al porte de armas de fuego de alto poder, y
la difusión coetánea de esta diligencia, afectando el principio legal de reserva o secreto y la dignidad de las personas involucradas", agrega el gremio.
Asimismo señalaron que
"desconocemos quién, vulnerando la obligación legal de reserva de la investigación, filtró la realización de esta diligencia, cuestión que es completamente improcedente, no solo por poner en riesgo la eficacia de esta diligencia intrusiva, sino que además implica una afectación innecesaria a los derechos de quienes están siendo investigados, cuestión absolutamente inaceptable en un estado democrático de derecho".
Por lo anterior subrayaron que "como gremio repudiamos absolutamente lo sucedido, y además, hacemos presente que la Asociación Nacional de Fiscales en diversas oportunidades ha planteado la necesidad de realizar las modificaciones legales necesarias para aumentar y fortalecer los controles funcionales del Ministerio Público hacia las policías, con la finalidad precisamente de evitar actuaciones como la ocurrida, y así poder garantizar el pleno respeto de los derechos humanos y garantías constitucionales de todos nuestros ciudadanos, y de esta forma contribuir a sentar las bases de la nueva convivencia social que entre todos estamos construyendo".
